lunes, noviembre 01, 2010

Yahob y las contradicciones del Ejército de Nicaragua. .

Por: María José Zamora
Miembro del Comité Ejecutivo del MpN
mpnenmarcha@gmail.com

«Sí, Dios lo quiere a veces.La sangre, las matanzas, vienen como una triste
y aterradora ley; señala lo infinito momentos de venganzas, rompe la jaula
el águila, quebranta el yugo el buey».
Fragmento del poema Suprema Lex, de Rubén Darío.

Me pareció muy acertado el editorial de La Prensa titulado «La condición indispensable de la paz», publicado el 28 de julio 2010. Ya había escuchado las declaraciones del general Julio César Avilés, tildando de delincuente común al llamado comandante Yahob, y coincido con el editorial en el hecho de que hasta el momento el jefe del Ejército no ha fundamentado su acusación con ninguna prueba.
Cabe aclarar que no es mi intención defender ninguna lucha armada; pero sí considero oportuno analizar cómo algunos líderes que suponen ser guías para la sociedad nicaragüense, adolecen de un criterio firme sobre la justicia, valores y principios que deben regirla. El general Avilés seguramente recuerda los medios utilizados por el FSLN para procurarse los recursos que permitirían continuar «la lucha revolucionaria para liberar a Nicaragua de la dictadura somocista». En aquellos tiempos cualquier asalto, secuestro o «ajusticiamiento» ejecutado por el FSLN, era justificado y conceptualizado como una heróica hazaña.

Me pregunto ¿cómo actuaría este Gobierno, el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, si surgiera un grupo de insurrectos, que actuara igual que lo hizo el FSLN para propiciar el derrocamiento de la dictadura somocista? ¿Serían apresados y torturados? ¿Serían catalogados como presos políticos o presos comunes? ¿Qué haría el presidente Daniel Ortega si los diputados y diputadas fueran secuestrados mientras él no deponga su afán reeleccionista? ¿Cumpliría esta demanda, como la cumplió Anastasio Somoza en 1978 , cuando el 22 de agosto el comando Rigoberto López Pérez, protagonizó el operativo «Muerte al Somocismo», comúnmente conocido como el «Asalto al Palacio» por el cual fueron liberados varios presos políticos? ¿Cómo controlarían la situación si estos grupos armados, cansados de observar el cinismo de los altos funcionarios de este Gobierno, comenzaran a impartir justicia con sus propias manos, como antaño lo hizo el FSLN? Siendo testigo del estilo radical e inescrupuloso que tiene el FSLN de responder contra sus disidentes, no me cabe la menor duda de que ante una situación similar el presidente Daniel Ortega ordenaría una represión cruel y violenta similar a la ejecutada por la extinta Guardia Nacional somocista.

Por todo lo dicho y para que el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional continúen presumiendo de ser instituciones profesionales e independientes del partido de gobierno y obedientes a la Constitución, deben de tener cuidado al emitir juicios descalificativos sobre grupos políticos armados que puedan surgir como respuesta a la dictadura orteguista; pues sería contradecir la histórica gesta revolucionaria en contra de la dictadura somocista.

Lo que deben de comprender, los altos militares del Ejército y la Policía, es que así como durante el somocismo el problema no era el FSLN sino Somoza, ahora el problema no es el comandante Yahob y sus amenazas de organizar levantamientos armados, sino las pretensiones reeleccionistas del presidente Daniel Ortega quien, al igual que el dictador Somoza gobierna sin sometimiento a la Constitución de la República.

Respetuosamente le sugiero al general Julio César Avilés que escuche el sabio consejo expresado en el editorial de La Presna y que cito textualmente: «Pero también debe de decirle a su jefe supremo —que es Daniel Ortega— que no atropelle la Constitución, que no insista en su reelección, que abandone el proyecto de restablecer la dictadura, que respete el derecho de los nicaragüenses a cambiar los gobernantes en elecciones libres y limpias».

Este llamado también vale hacerlo para todos los altos cargos de las instituciones del Estado que violan la Constitución vigente y pretenden cambiarla en beneficio personal y de sus partidos. No sean cómplices del plan dictatorial de Daniel Ortega, no inciten con ilegalidades y arbitrariedades un levantamiento armado, no conduzcan a Nicaragua a otra guerra fratricida.

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