UNA PROPUESTA INDECOROSA

Carlos de Buen
31/03/10

No, no me volví crítico de cine y menos para dedicar este espacio a una película algo vieja e intrascendente, salvo por la grata presencia de Demi Moore y Robert Redford. Me refiero a la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que presentaron los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), aunque en realidad no venga del PAN sino de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Se trata de la última versión del viejo “Proyecto Abascal”, convertido luego en el “Proyecto Lozano”, elaborado por la Coparmex, con el muy relativo contrapeso de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que no ha dejado de ser el prototipo del sindicalismo corporativo y corrupto de nuestro país y que a pesar de constituir el sector obrero del Partido Revolucionario Institucional (PRI), goza de toda la simpatía del secretario panista Javier Lozano, para quien es el mejor ejemplo del sindicalismo mexicano, según lo ha declarado públicamente, recordando quizás sus antecedentes priístas y preparándose, ¿por qué no?, para el probable retorno del PRI a la Presidencia de la República y el suyo a las filas del Revolucionario Institucional. Hablemos, por ahora, de sus “ejes rectores”:

1. Dice que busca facilitar el acceso al mercado laboral y la creación de empleos, mediante nuevas modalidades de contratación laboral, la limitación de los salarios vencidos, el derecho patronal a no reinstalar a quien tiene menos de tres años de antigüedad y la multihabilidad obligatoria.
Más allá de la necesaria incorporación de un periodo de prueba o de capacitación, las demás propuestas sólo buscan abaratar más los ya bajísimos costos laborales. La limitación de los salarios vencidos a seis meses, por ejemplo, que en otras condiciones habría que tomarla en cuenta, es impresentable cuando los juicios laborales llegan con frecuencia a uno o más lustros. En otras latitudes, como en España, la  limitación a los salarios vencidos va acompañada de la responsabilidad del Estado cuando los juicios se prolongan más allá del límite fijado. Por cierto, la iniciativa no propone ningún cambio sustancial en nuestras lentas y nada confiables juntas de conciliación y arbitraje.

2. Plantea como algo novedoso una perspectiva de género que en realidad no aporta gran cosa. En el mejor de los casos reitera viejas propuestas de cierto valor para las madres trabajadoras, como la transferencia de una parte del periodo previo al parto al posterior y el cambio de las dos medias horas de descanso por la reducción de la jornada en una hora, lo que es ya una práctica común. La prohibición de que los patrones requieran certificados de no embarazo es intrascendenete, pues siempre ha sido ilegal y lo mismo habría que decir sobre el acoso y el hostigamiento sexuales.

3. Pretende fortalecer la procuración e impartición de la justicia a través del arbitraje obligatorio en los conflictos de huelga y la exigencia de nuevos requisitos para demandar la titularidad de los contratos colectivos de trabajo y para emplazar a huelga, lo que en realidad busca debilitar a los pocos sindicatos representativos y seguir promoviendo la simulación en la contratación, en lo que la Coparmex y la CTM son expertas. Para fortalecer la impartición de la justicia laboral habría que acabar con las juntas de conciliación y arbitraje y devolver la competencia laboral al Poder Judicial.

4. Favorecer la transparencia y la democracia sindicales es algo inobjetable, mientras las medidas no estén diseñadas, como lo están, para someter a los líderes a los designios de las autoridades laborales. Ya la LFT vigente obliga a las directivas a “rendir a la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical” (art. 373), lo que no sería poca cosa si se cumpliera. Presume también la publicidad de la información sobre los registros sindicales y los contratos colectivos de trabajo, sin reparar en que han sido siempre las autoridades las que se han opuesto a ello
El voto libre, directo y secreto en los recuentos y la eliminación de la cláusula de exclusión por separación, se tienen ya, gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y  a pesar de la resistencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

5. Busca fortalecer las facultades de vigilancia y sancionadoras de las autoridades del trabajo, incrementando el monto de las multas. Curiosamente incluye aquí la regulación del outsourcing, lo que quiere legitimar una práctica ilegal que las autoridades han solapado y hasta utilizado en contra de sus propios trabajadores.
Cierro con un par de apuntes:

Aunque no todo su contenido es descartable, es obvio que se trata de una propuesta patronal que en nada beneficia a los trabajadores y a pesar de que algunos analistas han condenado a quienes la rechazan, hay que decirles que no hay ligereza alguna en esta posición, sino conocimiento de causa. Nada en la propuesta es nuevo. Desde hace años se conoce su contenido y su intención de abaratar los costos laborales, en un país al que le urge la recuperación del mercado interno, a través de la del empleo y de los salarios. Es indispensable además fortalecer los pocos sindicatos verdaderamente representativos, a los que van dirigidos los nuevos obstáculos para reforzar ese corporativismo con el que tan bien se sienten la Coparmex, la CTM y el secretario Lozano.

Dice la exposición de motivos de la iniciativa, que una de sus reformas más significativas es la actualización de las sanciones que datan de 1980, cuando la LFT las fijó entre 3 y 315 veces el salario mínimo. Propone multiplicarlas por 16, con lo que reconoce que el actual salario mínimo vale hoy una dieciseisava parte de lo que valía hace 30 años. Les es fundamental actualizar las multas, pero no les importa en lo más mínimo que los salarios sigan devaluándose todos los días. ¿Es esta la reforma laboral que debemos apoyar?