LA REPRESENTACION DE ORTEGA EN LA ONU

El presidente Daniel Ortega hablará hoy ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, al comenzar el 62 período de sesiones anuales de este organismo mundial. Según dijo el mismo Ortega el domingo recién pasado, su discurso en la ONU se centrará en pedir más ayuda internacional para la reconstrucción de la zona devastada por el huracán Félix, en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN). Y aseguró Ortega que hablará en nombre de la población afectada por la catástrofe natural y de todos los nicaragüenses en general.

Pero, ¿en realidad Daniel Ortega representa a todos los nicaragüenses? Formalmente sí. Es decir, según la letra constitucional una de sus atribuciones como Presidente de la República es “representar a la nación”. Así lo dice el inciso 2 del artículo 150 de la Constitución. Y cabe aclarar al respecto que atribución significa en el sentido jurídico-constitucional, una facultad o potestad que se le concede a alguien por disposición legal en lo que es inherente a sus funciones oficiales. De manera que una atribución será legítima, sólo en tanto y en cuanto el individuo la ejerza en estricto cumplimiento de las obligaciones y deberes correspondientes al cargo público que desempeña.

La representación en el caso del Presidente de la República —lo mismo que en el de los demás funcionarios públicos que también son elegidos por voto popular directo—, es el carácter y la dignidad con que él actúa, en el entendido de que al ejercerla no traduce la voluntad propia, la de su familia o la de su partido, sino la de toda la población diversa y plural a la que temporalmente gobierna. Sin embargo, Daniel Ortega está ejerciendo la Presidencia de la República de manera partidista y sectaria, como si fuese el presidente únicamente de los miembros y simpatizantes de su partido FSLN, y en todo caso del minoritario 38 por ciento de electores que votaron por él en las elecciones del 5 de noviembre del año pasado.

Para muestra algunos botones: 1. El presidente Ortega ha ordenado o permitido el despido de más de seis mil empleados públicos, la mayoría de ellos con antigüedad y capacidad comprobada para desempeñar eficientemente los cargos de los que fueron echados, sólo para sustituirlos con miembros y recomendados del FSLN, que en su mayor parte son inexpertos e incompetentes.

2. El presidente Ortega está imponiendo, incluso contra la voluntad política y legislativa de la Asamblea Nacional, los organismos partidistas, sectarios y excluyentes que son denominados Consejos del Poder Ciudadano (CPC). Inclusive, el presidente Ortega ha ordenado o avalado que los CPC se apropien del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes), el cual, según el inciso 13 del artículo 150 de la Constitución tiene que estar integrado de manera amplia y pluralista.

3. El presidente Ortega está usando las leyes y mecanismos fiscales para acosar y atemorizar a empresarios y empresas a las que por sus propios intereses y fobia clasista e ideológica, quiere debilitar, someter o eliminar.

4. El gobierno de Ortega practica el terrorismo fiscal a fin de limitar la libertad de expresión y de información —tal como lo ha hecho contra el Diario LA PRENSA—; y usa la asignación de publicidad pública que es pagada con dinero de todos los nicaragüenses, para castigar a los medios y periodistas que son independientes y críticos y premiar a los oficialistas y a los que se someten a su voluntad.

5. El presidente Ortega aplica una política internacional aventurera, promueve la vuelta a la Guerra Fría, busca pleitos con EE.UU., alinea a Nicaragua con gobiernos belicosos y pro terroristas y ahuyenta la inversión extranjera, contrariando los sentimientos de la mayoría de los nicaragüenses y poniendo en peligro la seguridad de la nación.

6. Inclusive el Gobierno de Ortega manipula con fines partidistas las necesidades apremiantes de los damnificados por el huracán Félix. Y así de seguido.

El gobierno de Daniel Ortega ni siquiera ha cumplido el primer año de su mandato; le quedan 4 años y tres meses por delante; todavía tiene la oportunidad de rectificar, de hacer un gobierno de consenso nacional y de gobernar en representación efectiva de todos los nicaragüenses, no sólo de la minoría de 38 por ciento que votó por él. Si no rectifica y cambia no se puede arrogar el derecho de representar a todos los nicaragüenses.