PARTE DE LOS CRÍMENES DEL FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, CUYO JEFE MÁXIMO ES DANIEL ORTEGA

Opinión: 05/29/07, 11:25am por Administrador

Por Julio Ignacio Cardoze

Hace falta una Comisión de la verdad para con esa base crear conciencia nacional en Nicaragua y que no vuelvan a ocurrir abusos políticos ni de gobierno de parte de nadie.

Es necesario repasar y no olvidar las arbitrariedades de Daniel Ortega y su camarilla; gobierno tiránico, agresiones a la institucionalidad constitucional contra tres gobiernos seguidos, el de doña Violeta, Alemán y Bolaños, a quienes mantuvieron en constante sedición y asonada, con mini golpes de estado dosificados y amenazas, o a los martirizados por sandinistas aún reinantes, que lucharon contra la tiranía marxista y cayeron a mansalva.

Llegaron al gobierno con terrorismo, como el secuestro del vuelo de Lanica, Miami-Managua, 12 de Dic. 1971, y a partir del día que el FSLN asaltó el poder, traicionaron la memoria de muertos y vivos, que lucharon por décadas por democracia y el estado de derecho, impusieron tiranía leninista y un régimen destructor, de terror, confiscaciones, rapiña, persecución masiva, cárcel, tortura, desaparecidos, y trasiego de drogas.

Bajo el sandinismo, algunos, misteriosamente, y otros no tan misteriosamente cayeron: Pablo Emilio Salazar, 1979, Honduras, su cuerpo mutilado, despedazado y quemado; Jorge Salazar, inducido con engaños asesinado en El Crucero por fuerzas del Ministerio del Interior, Noviembre 1980, siendo presidente del Cosep; Arges Sequeira, directivo del Cosep, vicepresidente del PLC, y de asociación de confiscados y de productores, asesinado a sangre fría por Frank Ibarra, ex mayor del Ejército Sandinista; Enrique Bermúdez, 1991, eliminado por la espalda por franco tirador con fusil mira telescópica de alta potencia. El periodista Carlos Guadamuz, acribillado atrozmente, misteriosa, pero no incomprensiblemente por uno que dijo ser sandinista.

Ramiro Sacasa Guerrero, murió en accidente de carro puesto en duda en su momento. Jóvenes inocentes perdieron la vida ante prepotencia autoritaria de jerarcas sandinistas como Jean Paul Genie, o los reclutados a la fuerza para el ejército sandinista que dieron la vida en guerras ideológicas sectarias por causas ajenas al interés nacional. El genocidio de Miskitos. La masacre de La Pólvora en Granada. Ejecuciones sumarias por todo el territorio nacional.

Los ejecutores de las perversidades andan en el país fantástico orondos, justificados, inmunes, impunes, intocables, absueltos y exentos por ser marxistas-leninistas.

La comisión de la verdad, debería investigar de adelante hacia atrás, empezando con presentes iniquidades políticas anti Estado de Derecho de Daniel Ortega y el FSLN, en los días que lleva su segundo gobierno, regresando al tiempo que gobernaron desde abajo, sus asonadas, atentados contra el proceso democrático, contra la institucionalidad, el Estado de Derecho y la constitucionalidad, bajando al periodo que gobernaron tiránicamente, la destrucción de la infraestructura productiva, daños causados al Estado y la propiedad privada, desde que perdieron las elecciones frente a Doña Violeta, hasta cuando tomaron el poder en cuenta regresiva a julio de 1979 y la lucha armada promovida y dirigida por Fidel Castro desde Cuba con la participación de internacionalistas.

Arges Sequeira, asesinado noviembre 1992, a las 7:30 a.m., tres individuos lo interceptaron cerca su finca "La Queserita", en El Sauce, León. Le dispararon desde camioneta en marcha.(Similar al caso de P. J.Chamorro)

Algunos casos reportados y publicados en: Human Rights in Nicaragua Under the Sandinistas. U.S. Department of State (1986):

Publicación de iglesia católica fue cerrada, igualmente Radio Católica. Las oficinas de servicio social y de comisión de derechos humanos de la iglesia, fueron ocupadas por seguridad del Estado. Lideres católicos y de la iglesia protestante fueron detenidos, interrogados, y hasta vejados públicamente como el caso del Padre Carballo. El diario La Prensa fue censurado. En junio de 1986, el diario fue cerrado indefinidamente.

Granada, julio 1979, sandinistas ejecutaron sumariamente más de 80 personas. El incidente fue conocido como La Masacre de la Pólvora. Según Human Rights Under the Sandinistas, estuvo implicado el comandante Reinero Ordoñez quien en vez de ser castigado, pues las denuncias se pusieron en la CIDH, al Ministro del Interior Tomas Borge, y al Procurador o Ministro de Justicia, fue enviado a Cuba por un tiempo y al regresar lo pusieron de servicio en el Ministerio del Interior. Incidentes similares se reportaron por toda Nicaragua a los organismos de derechos humanos. En León, no menos de 150 prisioneros fueron ejecutados por sandinistas. En Carazo, se reportaron 30 ejecutados. En Masaya, mas de cien fueron ejecutados y sus cuerpos tirados al volcán Santiago. En Catarina, 13 cuerpos fueron encontrados en fosa común.

En 1980, oficiales de la seguridad del Estado, (Minint) el Comandante Juan José Úbeda, Capitán Oscar Loza, Jefe departamento F – 1 (operaciones) y teniente Raúl Castro González, encargados de asesinar a Jorge Salazar por el Ministerio del Interior, fueron a esperar a un lugar determinado en el Crucero a Salazar, donde lo hicieron llegar engañado, en un momento determinado hicieron disparos para aparentar intercambio de fuego con Salazar, y después de asesinarlo, pusieron en su vehiculo fusiles M – 16 para decir que transportaba armas.

1981, agentes del Ministerio del Interior, y la seguridad del Estado, asesinaron asilados en embajada de Guatemala. Fueron sacados con engaños, llevados a las afueras de Managua y asesinados por escuadrón al mando del teniente Raúl Castro González.

1981. Ocho prisioneros de la zona Franca fueron asesinados después de disturbios. Tomas Borge personalmente los persuadió rendirse prometiéndoles que no les pasaría nada. Cuando se rindieron, Borge ordenó ejecutarlos. El teniente Raúl Castro González, los llevo detrás de la cárcel y los ametralló.

En 1981, Borge estableció en Ministerio del Interior control sobre asesinatos políticos. Emitió orden, memorando, (documentado en departamento de Estado americano), que institucionalizó la aplicación de medidas especiales (asesinatos políticos de enemigos del régimen sandinista). Esta orden fue conocida internamente como: La estandarización de la aplicación de medidas especiales contra elementos enemigos potenciales a través del territorio nacional. Se estableció que esas medidas especiales solamente serian aplicadas con aprobación directa de Borge o Luís Carrión.

En diciembre 1982, oficiales de seguridad del Estado, arrestaron a Ramón Heberto Torrentes Molina en Chinandega, por antisandinista. El comandante David Blanco Nuñez, delegado del Ministerio del Interior en la región II, pidió autorización para aplicar medidas especiales a Ramón Torrentes, fueron autorizados y los tenientes Vanegas, jefe operaciones región II, y José Maria Benavides, jefe de contrainteligencia en Chinandega, lo ejecutaron en un arroyo seco cerca la carretera entre Chinandega y León.

1983. Jalapa. Borge ordena reprimir a campesinos en el área. Mataron a doce personas, incluyendo pastor evangélico de apellido Alvarenga, en Las Uvas, Jalapa. Adicionalmente arrestaron 50 campesinos que llevaron al cuartel en Esteli. 10 prisioneros fueron separados y llevados a Chiltepe, cerca de Managua donde fueron ejecutados por orden de Borge.

1983. Pastor Cruz Herrera. Arrestado por seguridad del Estado en Pantasma, Jinotega. Retenido por orden del teniente Mario Noguera comandante de contrainteligencia. Transferido prisionero a las Tejas, Matagalpa. Fue ejecutado junto otros tres en abril, por orden del sub-comandante del Ministerio del Interior, Javier López Loweri, con aprobación del vice ministro del Interior.

1983. Mas de 300 campesinos sospechosos como contrarrevolucionarios en Jinotega y Matagalpa, fueron ejecutados por la dirección de seguridad del Estado sandinista en el Cuá, Pantasma, Waslala y Rio Blanco.

1983. julio 20. Agentes de seguridad del Estado sandinista capturan a Guillermo Lorio y su esposa Jamillet Sequeira de Lorio, en su casa, San Miguelito, Río San Juan, por sospecha contra revolucionaria. Ellos eran coordinadores del movimiento religioso «Delegados de la palabra». Los tres niños del matrimonio lloraban cuando la captura y despertaron a vecina Luz, que fue a ver que pasaba. Como los del ministerio del Interior no querían testigos se llevaron también a Luz la vecina, en un camión a lugar llamado Los Pantanos, a cinco kilómetros de San Miguelito, donde después de vejarlos, les cortaron la garganta con bayonetas. Los de la seguridad del Estado se fueron, y regresaron. Encontraron a la señora Lorio aun viva, de rodillas y con un crucifijo en las manos. Un oficial le disparó tres tiros. (Un reporte de Iglesia católica estableció que la motivación de asesinatos fue la negativa de la señora Lorio a ser reclutada como agente de la seguridad del Estado.)