“No tenemos opción, nos arrinconaron”

El Universal

Lunes 26 de julio de 2010

Nueva legislación entra en vigor el jueves; el rencor contra los ilegales viene de años atrás. Migrantes ilegales hacen venta de jardín

PHOENIX, Arizona (Reuters y AP).— Lorena Aguilar, de Nicaragua, vende en la calle, afuera de su departamento al oeste de esta ciudad, un decodificador de televisión y varias ropas. A unos pocos pasos, su vecina Wendi Villaseñor, una mexicana indocumentada, vende una mesa de cocina, algunas sillas y platos, mientras su familia se apresura para salir de Arizona, antes de que entren en vigor fuertes medidas contra los inmigrantes ilegales.

“Todos están liquidando lo poco que tienen y yéndose”, dijo Villaseñor, de 31 años, quien se dirige a Pennsylvania. “No tenemos alternativa. Nos arrinconaron”, dice la migrante mexicana.

Las dos mujeres están entre las muchas familias de inmigrantes ilegales en Phoenix que sacaron los artículos de sus casas al jardín este fin de semana, apurados por liquidarlos y salir antes de que la ley estatal antiinmigrante SB1070 entre en vigor el próximo jueves.

El gobierno estadounidense estima que unos 100 mil inmigrantes no autorizados abandonaron Arizona tres años atrás, luego de que el estado aprobara una ley que sanciona a los empleadores y le exige a las empresas verificar a sus trabajadores usando un sistema computacional federal. Algunos se dirigen de vuelta a México o a estados vecinos. Otros se quedarán y verán sus posibilidades.

“Querían que todos los hispanos salieran de Arizona y están teniendo éxito incluso antes de que la ley (SB1070) entre en vigor. En la venta de mis cosas sólo he obtenido 20 dólares, Todo mundo vende, pero nadie quiere comprar”, dice Lorena, quien tiene tres pequeños.

En una señal de un éxodo masivo, negocios mexicanos como tiendas de abarrotes, carnicerías, cafeterías y salones de belleza han cerrado sus puertas en las últimas semanas, abandonados por dueños y clientes. Entre el sábado y el domingo se pudieron contar decenas de ventas de jardín improvisadas en vecindarios latinos en el centro y oeste de Phoenix.

La mexicana Gabriela Jaquez, de 37 años, dijo que liquida sus pertenencias para mudarse a Nuevo México con su esposo, que tiene la residencia legal, y con dos hijos nacidos en Phoenix.

La más dura

La gobernadora republicana del estado, Jan Brewer, promulgó la ley en abril con el propósito de reducir la violencia y el delito proveniente de la inmigración ilegal. La SB1070, la más dura que haya impuesto un estado de EU para detener la inmigración ilegal, busca sacar de Arizona a más de 400 mil jornaleros, jardineros, empleados, camareras y otros indocumentados.

La legislación vuelve la inmigración ilegal un crimen estatal y exige a la Policía investigar el estado migratorio de cualquiera de quien sospeche que es un inmigrante que no tiene sus papeles.

Furia acumulada

Esta estricta ley es el resultado de una furia acumulada contra la inmigración sin papeles que ha venido creciendo desde hace años, y que hizo erupción cuando un conocido terrateniente fue asesinado en marzo cerca de la frontera con México.

Los noticieros locales cada noche muestran notas sobre el polémico tema de la inmigración: hallazgos de casas donde los traficantes de personas hacinan a indocumentados, arrestos de inmigrantes por decenas en redadas de empresas o retenes de tránsito, políticos que hablan con rabia sobre la violencia en la frontera y los costos para las finanzas estatales de la presencia de los forasteros.

En las calles se ven jornaleros ofreciendo su trabajo en los estacionamientos de tiendas como Wal-Mart y Home Depot. El español predomina en algunas partes de la zona metropolitana de Phoenix y hay residentes que se quejan de que se sienten extranjeros en su propio país.

Cuando Robert Krentz murió baleado en sus tierras cerca de la frontera, se volvió un símbolo potente en el debate. Las autoridades creen que el asesino fue un inmigrante sin documentos, algún colaborador de narcotraficantes, dicen, pero no han mostrado pruebas concluyentes.

Defensores de la SB1070

“No se puede ignorar el daño y los costos a los contribuyentes y la falta de respeto que causan (la inmigración ilegal) y aquellos que piensan que tienen derecho a vulnerar nuestras leyes”, dice el senador estatal Russell Pearce, autor de la ley y el principal líder de las acciones contra los indocumentados en Arizona. La furia contra los indocumentados llevó a los legisladores a aprobar unas siete leyes restrictivas en igual número de años, como la que declaró el inglés el idioma oficial del estado, la que prohibió dar libertad bajo fianza a indocumentados acusados de crímenes serios y la que negó a las personas sin papeles recibir compensación en demandas civiles.

Pearce suele hablar de la inmigración ilegal como una “invasión” y puede recitar los nombres de policías muertos o heridos por criminales sin documentos. Uno de ellos fue su hijo Sean, agente del alguacil del condado de Maricopa, que sobrevivió a un balazo en el abdomen.

Otra versión

Al mismo tiempo, los críticos de la ley dicen que los trabajadores indocumentados pagan impuestos al consumo y aportan a la Seguridad Social dinero que nunca recuperarán. Sin su trabajo, agregan, el rápido crecimiento económico del estado en la última década no habría sido posible. Argumentan además que los precios de las viviendas son razonables gracias a que los extranjeros aceptan techar casas de barrios residenciales a 43 grados centígrados en el verano.

Los grupos de defensa de los inmigrantes dicen que la hostilidad racial aumentó desde la aprobación de la ley. Joy Williams, una empleada pública de Tucson, dice que ha visto casos de racismo abierto en los últimos meses. “Lo que es más impresionante”, dijo, “es que la gente puede hablar de esta manera tan abiertamente y ni siquiera se sienten mal al respecto”.

Lydia Guzmán, presidenta del grupo Somos America, dice que los miembros de la comunidad han reportado incidentes raciales como nunca antes. Agregó que ella misma ha sido objeto de estos abusos, cuando al hacer fila en una tienda hace poco una mujer miró su carrito de compras y le dijo a otra: “Me pregunto cuánto nos va a costar esto”.

Otro grupo, Puente, dice que las llamadas de quejas por incidentes raciales pasaron de dos a seis semanales.