Estimados amigos y colegas:
Remito a consideración de ustedes carta en formato PDF y Word que éste 4 de Junio hiciera enviar el Doctor Wilfredo Navarro al embajador de Estados Unidos en Nicaragua Robert Callahan. La misma deja sentada eventuales consecuencias en términos legales y jurídicos sobre acuerdos bilaterales que no tendrían fundamento si el nombramiento de Francisco Campbell no pasa por la ratificación de la Asamblea Nacional en otra de las múltiples violaciones a las leyes por parte de Daniel Ortega.
Managua, 04 de Junio del 2010
Excelentísimo Señor ROBERT CALLAHAN
Embajador de Estados Unidos de América
Managua, Nicaragua
Su Excelencia:
En respuesta a su misiva de fecha 28 de mayo del año en curso, quisiera hacer algunas puntualizaciones al respecto de sus planteamientos:
La carta que envié no es para solicitar que Estados Unidos solucione el problema de la violación a la Constitución Política de la República de Nicaragua. Jamás pretendería eso, pues mi nacionalismo me obliga a no buscar afuera o que otros países nos den la solución a los problemas de los nicaragüenses. La carta es una prevención a su gobierno, de que el nombramiento del Embajador designado por el Presidente Daniel Ortega ante su Gobierno no se perfecciona hasta que sea ratificado por la Asamblea Nacional y por tanto todas las actuaciones de ese embajador de facto son ilegales.
La Ratificación por la Asamblea Nacional del Embajador de Nicaragua ante los Estados Unidos de América, estamos claro que es un asunto de interés de los nicaragüenses que creemos en la supremacía de la Constitución y en la plena vigencia del estado de derecho; pero también es un asunto de interés del país receptor, si este país se preocupa por la seguridad jurídica de sus relaciones internacionales.
Qué garantía puede tener los Estados Unidos de América, de que los acuerdos, convenios o tratados suscritos por un Embajador carente de la legalidad necesaria para representar a su propio Estado puedan en el futuro no ser reconocidos o declarados nulos. Sin duda esto debería interesar a los funcionarios de su gobierno, no por hacernos un favor a los nicaragüenses al defender nuestra Constitución si no para asegurar la imperturbabilidad y certeza de sus propios negocios internacionales.
Le reitero que la aceptación trae consecuencias jurídicas negativas. Cualquier acto, documento, convenio suscrito por el Señor Campbell, estaría viciado de nulidad absoluta, por lo ilegal e ilegitimo del nombramiento. Lo que no obligaría en el futuro al Estado de Nicaragua, si así se alegara.
Existen normas internacionales que obligan a respetar las leyes de los países y no es posible que un país de una manera tácita, acepte de otro que actúe en el plano de las relaciones diplomáticas al margen de la legalidad.
Mis señalamientos van dirigidos a que un gobierno democrático y con respeto pleno a las leyes, como lo es Estados Unidos, no debe respaldar la violación a la Constitución Política de la República de Nicaragua, al aceptar un nombramiento de un embajador que no ha cumplido con el requisito constitucional de la ratificación por la Asamblea Nacional.
Esperando haber dejado claras mis posiciones, que nacen del respeto a la Ley y el Derecho Internacional, me suscribo.
Siempre más allá.
Wilfredo Navarro Moreira.
Primer Secretario de la Asamblea Nacional
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