La opacidad del mejor postor (Carlos de Buen)

02/06/10

El pasado 24 de mayo, al inaugurar el Segundo Foro de Seguridad y Justicia, el presidente Calderón se quejó de la corrupción imperante en México: "Seguirá ocurriendo, como en muchos casos ocurre, que la justicia queda al mejor postor." Aunque lo dijo en el contexto de la injusticia penal, debió recordar la reciente negativa de los amparos a los más de 1,000 trabajadores de la mina de Cananea que por ejercer sus derechos de asociación profesional y huelga, fueron privados de su trabajo y de todos sus derechos laborales. Fue primero el propio Poder Ejecutivo, mediante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y luego el Judicial, a través de un juez de distrito y más tarde de los magistrados de un tribunal colegiado de circuito, quienes sirvieron, en efecto, al mejor postor. Debió también pensar en los 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), a quienes dejó sin trabajo con su decreto de extinción, que fue servilmente secundado por una jueza de distrito, si bien este asunto está todavía en espera de que la Suprema Corte resuelva el recurso de revisión.

Dos días después, de visita en Canadá, al responder una pregunta sobre la detención del candidato del PRD-PT-Convergencia al gobierno de Quintana Roo, Calderón se olvidó de la corrupción: "En este caso, el de Gregorio Sánchez, como en cualquier otro, la acción de la Procuraduría General de la República está debidamente fundamentada". Salió luego a relucir que la PGR había intentado primero obtener la orden de aprensión de un juez de distrito con residencia en Toluca y al no conseguirla, acudió a uno de Tepic, que le había "obsequiado" ya diversas órdenes en contra de varios presidentes municipales y otros funcionarios de Michoacán, justo antes de las elecciones estatales de 2009. Encontró de nuevo un juez a modo.

Vuelvo al caso de LyFC, en el que dos secretarías de Estado se negaron a informar las razones de la extinción del organismo descentralizado, blandiendo la opacidad como privilegio gubernamental. Hay que recordar que el decreto del 11 de octubre de 2009 refiere tres requisitos legales que tendrían que haber justificado la medida: a) la propuesta de la Secretaría de Energía (Sener) para la desincorporación por extinción del organismo; b) el dictamen favorable de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (CIGFD), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y; c) la propuesta de desincorporación que la propia Secretaría de Hacienda sometió a consideración del Presidente, alegando que la operación de LyFC no era conveniente para la economía nacional ni para el interés público.

Con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se solicitó la información relativa a los tres antecedentes y en todos los casos, el gobierno se negó a proporcionarla.

Para apoyar su negativa, en un oficio del 5 de marzo pasado, la Sener alegó que "en caso de proporcionar la información en comento, podrían derivar diversos actos como disturbios sociales que pudieran desembocar en bloqueo de vías generales de comunicación", agregando que debe contemplarse "como daño probable la destrucción o inhabilitación de la infraestructura eléctrica y, como daño específico la afectación del suministro de energía eléctrica…". No se molestó en explicar cómo llegó a tan peregrinas conclusiones, ni por qué consideró delincuentes potenciales a los electricistas despedidos.

Por su parte, en un oficio del 12 de abril anterior, la SHCP repitió las tonterías de la Sener, pero fue mucho más allá al decir que la difusión del expediente fomentaría actividades delictivas y la alteración del orden público por parte de quienes se oponen a la extinción de LyFC, y pondría en riesgo "la estabilidad del Estado Mexicano y el bienestar social". Para este gobierno son mucho más peligrosos los trabajadores que los narcotraficantes.

En el colmo del cinismo y refiriéndose especialmente al juicio de amparo promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), dijo la SHCP que con la difusión de los documentos "se revelarían datos que podrían otorgar a las contrapartes ventajas con las que no cuentan en este momento" y lo peor de todo, que ello "causaría un serio perjuicio directo en la defensa jurídica y procesal de los intereses de esta dependencia y del Estado Mexicano, y en consecuencia, las eventuales consecuencias (sic) económicas de tales sentencias desfavorables". En otras palabras, reconoce que si se llega a saber lo que hizo, el gobierno perderá los juicios de amparo.

En un oficio previo, del 19 de enero de 2010, la CIGFD había manifestado su temor de que el mundo se enterara de las cochinadas del gobierno federal: "se advierte que eventualmente podrían aducirse por parte de los ex trabajadores de LyFC, violaciones a diversos tratados internacionales en materia de trabajo y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, teniendo lo anterior implicaciones en el ámbito internacional…".

Es opaco lo que impide el paso de la luz, lo que carece de brillo, lo oscuro, lo sombrío. Cualquiera de estas acepciones sirve para describir al gobierno de Felipe Calderón. Lo más triste, sin embargo es que la opacidad sea invocada por su equipo como condición para mantener o alcanzar el orden, la paz y el bienestar de la sociedad e incluso para conservar la estabilidad del Estado Mexicano, en fin, para poder gobernar o lo que sea que por ello entiendan sus servidores particulares, que no lo son del pueblo.

Claro está que no faltará quien le agradezca que cobije su seguridad y bienestar con la manipulación y el ocultamiento de la verdad, que no son sino viejas manifestaciones de esa corrupción que tanto le incomoda cuando la practican otros sin su consentimiento. Después de todo, hablamos del mejor postor.

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