(Esta foto fue tomada al trompudo Ortega y la Pelos Murillo el 6 de septiembre del 2005, día en que contrajeron matrimonio, después de 27 años de concubinato) ¡que fellos!).
Es evidente que la condición de Primera Dama de la República es muy pequeña para la señora Rosario Murillo de Ortega. En realidad, la Primera Dama no ejerce ningún cargo ni tiene ningún rango en el Estado, ni siquiera tiene existencia jurídica. El título de Primera Dama es más bien simbólico, un tratamiento honorífico que se le da a quien por ser la mujer del Presidente de la República, hace obras sociales y caritativas con dinero de los contribuyentes y dispone para eso de oficina, personal y presupuesto del Estado.
De manera que eso debe ser muy poco para quien tiene una inmensa vocación de poder y una gran ambición política, como es sin duda la esposa del presidente Ortega. Por eso es que el diseño de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) como estructura de poder paralelo al gobierno que se deriva de la Constitución y que ejerce el Presidente de la República elegido por voto popular, le ha caído de perlas a la señora de Ortega, pues mediante esos CPC puede controlar los resortes fundamentales del poder sin haber sido elegida para nada por los ciudadanos.
En principio, los CPC son órganos partidistas —salpicados con la participación formal de uno que otro tonto útil que se preste al juego de aparentar pluralidad— que pretenden ir mucho más allá que los Comités de Defensa Sandinista (CDS) de los años ochenta. Los CPC serán controlados personalmente por la señora Murillo, en su función de coordinadora del todo poderoso Consejo de Comunicación y Ciudadanía de la Presidencia de la República, y de esa manera ella ejercería efectivamente la mitad del poder político —o incluso más— que es la cuota que le ha asignado su esposo o que ella misma se ha atribuido por sí y ante sí.
La estructura paralela de poder estatal llamada CPC ha sido concebida como el motor para la construcción del socialismo del siglo XXI. En ese sentido significan lo mismo que significaron los consejos o soviets de la extinta Rusia comunista, o que los llamados órganos del poder popular en Cuba, o los Consejos Comunales de Venezuela. Solo que en el caso de Nicaragua, el poder autoritario basado en los CPC no sería de carácter machista y patrimonialista, como en Cuba y Venezuela sino un poder matrimonial, compartido por marido y mujer, y por supuesto que también por los hijos y nietos.
Esto es un vergonzoso y peligroso retroceso del proceso político nicaragüense, ya que el ejercicio del poder político, el gobierno del Estado y el disfrute del erario nacional están siendo convertidos en bienes gananciales del matrimonio gobernante.
En el Derecho Civil se le llama bienes gananciales a “los que adquieren por título común, lucrativo u oneroso, el marido y la mujer, durante el matrimonio y mientras viven juntos”, según la definición del enciclopedista jurídico Guillermo Cabanellas. En los bienes gananciales se incluyen todos los que se adquieren a expensas del caudal común o del que aporta uno de los cónyuges; los que se obtienen por medio de utilidades, sueldos o cualquier trabajo remunerativo de los cónyuges; las rentas y los intereses percibidos por las dos partes del matrimonio o por un solo de ellos; e incluso, lo ganado en el juego de azar si ese fuera el caso. Y en el caso del matrimonio Ortega-Murillo, en sus bienes gananciales hay que incluir también el ejercicio y disfrute del poder político, el control repartido del gobierno del Estado y el aprovechamiento conyugal del erario nacional.
De manera que este Gobierno no es realmente “revolucionario”ni progresista, ni una continuación o segunda etapa de la revolución sandinista de 1979 a 1990, como dicen engañosamente los gobernantes, sino que es un gobierno reaccionario y retrógrado. Por eso es que en el interior del Gobierno se está librando una feroz pelea por la repartición de los cargos, los empleos y los sueldos públicos, que están siendo acaparados por la familia gobernante en detrimento de antiguos cuadros y dirigentes nacionales e intermedios del partido FSLN.
Lastimosamente, Nicaragua está avanzando hacia atrás y de nuevo podría ser llevada al abismo, si es que los diputados democráticos y los que dicen que lo son, no asumen en la Asamblea Nacional la responsabilidad de impedirlo.
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