Si el presidente Daniel Ortega y el FSLN estuvieran realmente interesados en practicar la democracia directa y participativa, hubieran aceptado el plebiscito o referendo que demandaron las organizaciones democráticas cívicas y políticas, para que el pueblo aceptara o rechazara libremente las reformas constitucionales pactistas del 2000 y el 2005.
En realidad, si en algo la Constitución de Nicaragua es absolutamente clara, es precisamente en el concepto de democracia directa y participativa. “El poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación. También podrá ejercerlo de manera directa por medio del referendo y del plebiscito y otros procedimientos que establezcan la presente Constitución y las leyes”, se dice en el artículo 2 de la Constitución.
O sea que el referendo y el plebiscito como formas de democracia directa y participativa están establecidos en la Constitución, no así los llamados Consejos de Participación Ciudadana (CPC) de Daniel Ortega y el FSLN, que en realidad son para enmascarar una nueva dictadura. Pero ninguna ley les puede dar a los CPC potestades iguales y mucho menos superiores, a las que tienen las instituciones constituidas por la voluntad popular manifestada en las elecciones libres y limpias.
La democracia significa básicamente —desde los tiempos de los antiguos griegos que la crearon y fundamentaron— un sistema de gobierno mediante el cual la sociedad se organiza políticamente de acuerdo con los valores de libertad, justicia, derecho, fraternidad y tolerancia. Y a mayor abundamiento, la democracia significa también que el gobierno lo ejercen quienes reciben el voto de la mayoría y tienen el consentimiento de la sociedad, pero con estricto respeto a los derechos de las minorías, sujetos a la ley y respetando los derechos humanos de todas las personas.
Sin duda que la democracia, en tanto que obra humana es imperfecta y por lo tanto susceptible y necesitada de ser mejorada. Pero toda forma de desarrollo y mejoramiento de la democracia se debe realizar con respeto a la libertad del individuo, la cual debe conjugarse armoniosamente con el interés social pero no desaparecer ni ser avasallada por comités de control y represión impuestos y manipulados desde la cúpula del poder político.
De democracia directa y participativa en contraposición a la democracia representativa, han hablado siempre quienes en realidad han negado, pisoteado y eliminado la simple y verdadera democracia. Una “democracia de los consejos” o soviets, fue la que impuso el partido de los bolcheviques rusos para esclavizar a los pueblos de la antigua y extinta Unión Soviética. Una democracia corporativa como sustituta de la democracia representativa, fue la que crearon Adolfo Hitler y los nazis para denominar a su sistema de gobierno genocida. Democracia popular fue el nombre que le dieron a las criminales dictaduras del proletariado de los Estados comunistas satélites de la Unión Soviética, en la Europa Oriental de posguerra.
En realidad, los conceptos de democracia popular, democracia directa, democracia participativa o democracia social, han sido siempre el pretexto que han usado los dictadores de extrema derecha o izquierda extremista, para eliminar la simple democracia, o sea el sistema político que permite a la gente elegir libremente a sus autoridades, tener un Parlamento independiente y una administración de justicia también autónoma en su relación con los otros poderes del Estado, una prensa libre e independiente, respeto a los derechos humanos, vigencia del Estado de Derecho y seguridad jurídica para todos, economía de libre mercado e igualdad de oportunidades para que cada quien se procure su felicidad como mejor la entienda, siempre y cuando no cause ningún daño a los demás.
No debe caber ninguna duda de que los CPC de la familia Ortega Murillo y el FSLN son para menoscabar y destruir la simple democracia, que es la verdadera. Pero esto se puede impedir mediante la aprobación de leyes en la Asamblea Nacional que sirvan para fortalecer las instituciones democráticas, erradicar el caudillismo traidor a la democracia, garantizar la división de poderes y para consultarle al pueblo, mediante plebiscitos y referendos, las grandes decisiones gubernamentales. Todo es que los diputados democráticos se pongan de acuerdo y que lo quieran hacer.
(EDITORIAL DEL DIARIO LA PRENSA.NI DE HOY LUNES 13 DE AGOSTO DE 2007).
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