Maltrato a migrantes indigna al mundo

Redacción
El Universal

Jueves 26 de agosto de 2010

El Estado no ha impulsado una política migratoria integral para detener las extorsiones y plagios masivos de centroamericanos que cruzan por territorio nacional, demandan organismos internacionales

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DISTRITO FEDERAL

Las autoridades municipales, estatales y federales han sido omisas y permisivas para que florezca la industria del secuestro de migrantes en México, asegura Mauricio Farah, quien fue el quinto visitador de la CNDH y encargado de coordinar la elaboración del Informe Especial sobre los Casos de Secuestro en contra de Migrantes.

Hasta ahora, afirma, el Estado no ha impulsado una política migratoria integral para detener las extorsiones y plagios masivos de centroamericanos que cruzan por territorio nacional.

Este señalamiento ha sido compartido por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, además de decenas de políticos, activistas de organizaciones no gubernamentales y defensores católicos.

Tras la masacre de 72 migrantes indocumentados —58 hombres y 14 mujeres— en un rancho del municipio de San Fernando, en Tamaulipas, organizaciones de la sociedad civil afirmaron ayer en un comunicado conjunto que esta matanza no es un suceso aislado, ya que han documentado y denunciado desde hace más de dos años y medio testimonios de migrantes plagiados.

Los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Matías de Córdova, así como casas del Migrante y órganos pastorales y de jesuitas, indicaron que el secuestro de centroamericanos no sólo busca una remuneración, sino sometimiento a condiciones de explotación laboral y sexual.

Criticaron que el gobierno federal se haya limitado hasta ahora al envío de un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que intenta negar la dimensión de la tragedia. Al condenar los hechos, exigieron a Gobernación impulse una agenda de trabajo interinstitucional que termine con esta problemática.

“Escandalosa situación”

Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, expuso que “es escandalosa la situación que enfrentan las y los migrantes... Enfrentan toda clase de abusos, secuestros, amenazas, violencia sexual y asesinatos. Principalmente cometen estos actos delincuentes, pero en ocasiones hay participación de funcionarios”.

Desde hace dos años, por lo menos, activistas han denunciado que policías y agentes federales del Instituto Nacional de Migración tienen una “clara colusión” con los grupos del crimen organizado que secuestran a migrantes centroamericanos en territorio mexicano.

En junio pasado, las organizaciones Belén Posada del Migrante, Humanidad sin Fronteras y Frontera con Justicia presentaron el “Sexto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes en Tránsito por México”, en donde denuncian: “Las personas migrantes son altamente vulnerables a ser secuestradas en los municipios de fronterizos de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros... El secuestro es sistemático y generalizado, sin importar edad, sexo y nacionalidad”.

Desde su quinto informe, elaborado en mayo de 2009, las organizaciones denunciaron que los secuestros son cometidos por Los Zetas.

“El Estado ha ignorado nuestras denuncias. Estamos hablando al aire y no hay ningún rostro institucional que volteé a ver la vida de migrantes. Estamos llenos de tristeza y coraje”, lamenta el sacerdote Pedro Pantoja, asesor de Belén Posada del Migrante y Responsable de la Pastoral Social y de Migrantes.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su informe especial sobre Los Casos de Secuestro en Contra de Migrantes presentado en junio de 2009, alertó sobre la tendencia creciente de secuestros de migrantes y su correspondiente desatención por parte de las autoridades. El informe concluía que hasta 9 mil 758 migrantes, entre ellos al menos 57 menores, habían sido secuestrados en un periodo de seis meses entre 2008 y 2009.

La CNDH sugería que México estaba sufriendo una epidemia oculta de secuestros, y que la mayoría de los abusos más graves tenían lugar en los estados por los que pasaban los trenes de carga de las principales rutas utilizadas por los migrantes, como Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

Políticos condenan masacre

Senadores del PAN, PRI y PRD condenaron la masacre de 72 indocumentados centroamericanos.

El vicecoordinador del PRD en el Senado, Silvano Aureoles, exigió al gobierno federal investigar el hecho hasta dar con los responsables porque “no se vale” ser candil de la calle y oscuridad en la casa, y lo que México exige a Estados Unidos debe cumplirlo con los migrantes centroamericanos.

La secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, Adriana González Carrillo, lamentó que México no haya podido dar garantías a los indocumentados.

El senador René Arce recordó al gobierno federal que con la más reciente reforma en materia de derechos humanos, la cual está atorada en San Lázaro, se estableció a nivel constitucional que el Estado cumpla con los Tratados Internacionales, los cuales establecen estas garantías para las personas que pisen el territorio. (Con información de Evangelina Hernández, Thelma Gómez, Miguel Ángel Sosa y Elena Michel)