TRIBUNAL DE APELACIONES DE MANAUA DIO GOLPE DE ESTADO

TAM dio golpe de Estado
Legisladores rompen quórum de nuevo y exigen al presidente Núñez mandar a publicar rechazo al veto
Magistrado Cuarezma dice que Ley de Amparo no permite control previo
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Ludwin Loáisiga López y María José Uriarte
politica@laprensa.com.ni
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¿Núñez fuera?

Los diputados del PLC, José Pallais y Wilfredo Navarro, y Eduardo Montealegre (ALN-PC), reafirmaron ayer que sigue vigente la opción de remover a René Núñez de la presidencia del parlamento si continúa negándose a publicar la reforma a la Ley 290, que mutila la participación de los CPC en el Ejecutivo.

“Si es necesario, hay que destituir al presidente de la Asamblea Nacional. No vamos a desistir en la defensa de la Asamblea Nacional, que tiene el derecho constitucional y soberano de hacer leyes y las leyes tienen que acatarse”, sostuvo Pallais.

Ante la amenaza, el coordinador de la bancada del FSLN, Edwin Castro, dijo que “no hay que pensar en exacerbar los ánimos. Yo creo que la sensatez es la que va a llevar a la resolución en Nicaragua, no los cabezas calientes que piensan en destitución de gente”.
Cuarezma: “No hay control previo”

Código Penal debe entrar en vigencia

Según el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Cuarezma Terán, la Ley de Amparo no contempla “el control previo” o sea no cabe un amparo durante el proceso de formación de la Ley.

“La Ley de Amparo no contempla el control previo, sólo el control posterior y para los casos concretos. Dicho en otras palabras, no cabe ningún tipo de recurso en contra del proceso de formación de la ley, cuya competencia es exclusiva de la Asamblea Nacional, a tal punto que la Ley de Amparo en el arto. 51 lo prohíbe en el inciso segundo: ‘No procede el recurso de amparo contra el proceso de formación, su promulgación o su publicación o cualquier otro acto de resolución legislativa’” citó Cuarezma.

Según Cuarezma, esta tesis se confirma, no sólo por la propia Ley de Amparo, sino porque según lo que se ha conocido del proyecto de Reformas Constitucionales que negocian arnoldistas y sandinistas, pretende reformar el artículo 187 de la Constitución Política, para que pueda leerse de la forma siguiente: “Se establece el Recurso por Inconstitucionalidad, el Recurso de Omisión por Inconstitucionalidad y el Control Previo de la Constitucionalidad en contra de toda ley, decreto o reglamento que se oponga a lo prescrito por la Constitución Política, los cuales podrán ser interpuestos por cualquier ciudadano nicaragüense”.

Según esto, dice el magistrado, políticamente se reconoce que no hay un control constitucional previo. No hay amparo para el proceso de formación de la ley.

Cuarezma admitió que “hay sentencia que reconoce el control previo (sentencia No 69 del 23 de septiembre de 2004), pero esta no puede estar sobre la Constitución y leyes, sino que son antecedentes de los casos concretos para los cuales se emitieron.

Respecto a la entrada en vigencia del Código Penal nuevo, el Poder Ejecutivo tiene, por mandato constitucional, que enviarlo, una vez lo sancione y promulgue, a La Gaceta para su publicación. “Este texto, de interés de la nación no puede estar sometido o condicionado al juego y rejuego de una persona (ex presidente Alemán Lacayo), sino sobre la base del interés supremo de la nación”, dijo Cuarezma.

Esto quiere decir que si el Poder Ejecutivo no envía a publicar el texto o lo pretende hacer en plazos para forzar algún tipo de negociación política, el Plenario de la Asamblea Nacional, puede enviarlo a publicar a cualquier medio de información escrito de nivel nacional para que entre en vigencia conforme a su vacatio legis de 60 días, de lo contrario cualquier ciudadano puede recurrir de amparo por omisión de esta obligación del Ejecutivo, todo en base al “interés supremo de la nación”.

“La situación es jurídicamente interesante y políticamente compleja”, dijo Cuarezma.

Los diputados liberales consideraron ayer que el amparo del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), a favor de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), violenta el Estado de Derecho, es una “burda manipulación política” y es un golpe de Estado al parlamento nicaragüense.

Según el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, el TAM está invadiendo la facultad constitucional del Poder Legislativo de aprobar leyes.

“No puede haber democracia, no puede haber República sin Estado de Derecho y al querer compartir la facultad de legislar, el Poder Judicial está inmiscuyéndose arbitrariamente en esta facultad constitucional de la Asamblea”, dijo Pallais.

Como en un duelo de pistoleros, que tiene por un lado a una mayoría de miembros del Poder Legislativo y por otro al Poder Ejecutivo y al TAM, los diputados liberales rompieron ayer de nuevo el quórum en el parlamento, en protesta porque su presidente, René Núñez, sigue sin publicar una ley que derogue la facultad del presidente Daniel Ortega de crear mediante decreto los consejos que estime conveniente.

La parálisis legislativa, que ayer detuvo la aprobación de una ley que fomenta a las micro, pequeñas y medianas empresas, amenaza con provocar una mayor crisis entre poderes del Estado, a causa de los CPC que impulsan el presidente Ortega y la Primera Dama, Rosario Murillo, quienes el 30 de noviembre instalarán el gabinete nacional de esos organismos partidarios.

GOLPE A ESTADO DE DERECHO

Los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Alianza Liberal Nicaragüense- Partido Conservador (ALN-PC) y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) firmaron una resolución que critica la actuación del TAM y exigen a Núñez que publique la ley que deroga los CPC.

Pero el propio Núñez se opuso a que ayer se votara la resolución y ordenó enviarla a la Primera Secretaría, provocando que una mayoría de diputados abandonara el plenario y la sesión se suspendiera por segundo día consecutivo.

“Rechazamos y condenamos enérgicamente la burda manipulación política que se continúa haciendo del Poder Judicial, para obstaculizar el ejercicio democrático de las competencias constitucionales de esta Asamblea Nacional”, dice la resolución.

“Demandamos al Poder Judicial su actuación en estricto apego a la Constitución y a las Leyes de la República y a no dejarse manipular por intereses ostensiblemente partidarios. El pueblo exige su contribución al fortalecimiento del Estado de Derecho”, añade la resolución.

Los sandinistas, dijo la diputada Alba Palacios, acatarán la resolución del TAM y esperarán a que la Corte Suprema emita una resolución sobre los CPC.

Los liberales advirtieron que continuarán paralizando las sesiones del Poder Legislativo, que no aprobarán los proyectos que envíe el Poder Ejecutivo y adelantaron que la Presidencia de la República corre el riesgo de quedar sin presupuesto, si Ortega continúa despachando en la Secretaría del Frente Sandinista (FSLN).

AMPARO NO CABE

El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Pallais, acusó al TAM de asestar un golpe de Estado al parlamento por admitir un recurso de amparo de los CPC y ordenar la no publicación de la reforma a la Ley 290.

Pallais explicó que el único recurso que podía introducirse era el de inconstitucionalidad, pero no el de amparo.

Wilfredo Navarro, diputado por el PLC, acusó a los tres magistrados del TAM (los sandinistas Gerardo Rodríguez, Vida Benavente y la liberal Perla Arróliga) de pertenecer a los CPC, por lo que habrían admitido un recurso de amparo en contra de la reforma a la Ley 290.

Pallais consideró que la decisión del TAM no tiene ningún valor legal, porque viola la Constitución.

“Para mí, la decisión del TAM no tiene ningún valor, no debe ser respetada ni acogida y tiene obligación el presidente (del parlamento) de mandar a publicar la Ley, conforme fue rechazado el veto presidencial por el voto de 52 diputados”, precisó Pallais.

PRESIDENTE CSJ NO VE NADA DE MALO

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el liberal Manuel Martínez Sevilla, considera que si los magistrados de la Sala Civil Dos del TAM resolvieron suspender el acto, con relación a la derogación de los CPC, tendrían sus razones y por tanto hay que respetar su actuación, ya que la misma ley establece los recursos correspondientes, de los que hicieron uso las personas que se sintieron afectadas por la decisión de la Asamblea Nacional.

“Ve hombre, la voluntad del pueblo no está contenida en una disposición legal, la Constitución consagra el derecho del individuo de asociarse como le dé la gana, yo no veo por qué tanta alharaca, si quieren organizarse con todo el abecedario, que se organicen, hombre tienen su derecho”, indicó el presidente del Poder Judicial.

Agregó que todos los recursos que son presentados en el TAM son agilizados, pero justificó la celeridad con que actuaron los magistrados al recurso presentado por dirigentes sandinistas, ya que dijo, hay circunstancias de carácter nacional que implican tener mayor diligencia para resolver.

Dijo que para evitar “sutilezas que la ley todavía contiene” existe un proyecto de reformas a la Ley de Amparo, la que establece una prohibición de recurrir contra las actividades del Poder Legislativo.

CPC VAN EL 30 DE NOVIEMBRE

La crisis deja las puertas abiertas al presidente Ortega para que instale el gabinete nacional el 30 de noviembre.

Elías Chévez, delegado de los CPC por Managua, dijo ayer que la población debe esperar la fecha de instalación del gabinete nacional de los CPC.

“Vamos a seguir actuando normal, tranquilos, oyeron. Lo que dijo el Presidente es lo que vamos a hacer”, señaló Chévez.

“Ya se dijo todo lo que se ha planteado y esperen el 30, a ver qué pasa, para que se actúe y vamos a ver todo el informe y todo lo que allí se va a desarrollar”, añadió Chévez.