OBAMA,, BIDEN Y EL ACLAN

Carlos de Buen
5/02/09

EL 20 de enero escuché por radio la toma de posesión del presidente Obama, con la gratísima y muy bienvenida conducción de Carmen Aristegui, a quien acompañaban la excelente periodista Denisse Dresser y Jorge Montaño, quien fue Embajador de México en Washington en 1993, durante la negociación de los “acuerdos paralelos” al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), el laboral y el ambiental.
Llamó mi atención que Montaño acusara a Joe Biden de un supuesto “antimexicanismo”, por haberse opuesto al TLC, haber impulsado los acuerdos paralelos y tener nexos cercanos con los sindicatos estado-unidenses, como si fueran éstos enemigos de México.

Hay que recordar que los acuerdos paralelos serían los “dientes” a los que Clinton había condicionado la firma del TLCAN, que habían negociado Salinas de Gortari y Bush padre, para evitar que mediante el incumplimiento a las normas laborales o ambientales, cualquiera de los tres países -(en realidad, México) abaratara sus costos.

Clinton quería reglas mínimas comunes, pero finalmente se conformó con que cada país cumpliera sus propias leyes. México defendió con éxito su derecho a crear sus propias normas y con ello, a fijar condiciones de trabajo muy inferiores a las de EU y Canadá.

Es lógico que los sindicatos estadounidenses y canadienses se opusieran al TLC, pues debían defender sus empleos y condiciones laborales, ya que la baratísima mano de obra mexicana propiciaría que muchas empresas se trasladaran a nuestro territorio, con la consecuente reducción de sus condiciones y nivel de vida. Quisieron abrir canales de diálogo con la CTM, pero ésta los rechazó.

El Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN) sólo recogió como principios algunos derechos fundamentales como la asociación profesional, el trabajo infantil, los trabajadores migratorios y las condiciones mínimas de trabajo, en términos demasiado generales, sin mejorar nada las legislaciones nacionales. Buena muestra de ello son los salarios mínimos de México, que hoy son mucho menores, en términos reales, a los de 1994, a pesar de que una de sus finalidades es la mejoría de las condiciones de trabajo y los niveles de vida en los tres países.

El propósito fundamental del ACLAN es que los gobiernos obliguen a las empresas a cumplir sus obligaciones y para ello establece un complejo procedimiento para que los interesados denuncien la apatía o complicidad de las autoridades, con múltiples etapas que comienzan con la presentación de una queja ante la oficina administrativa nacional de uno de los otros dos países y que comprenden la solicitud de informes, comités consultivos, consultas, comités evaluadores de expertos (CCE), informes, audiencias, conciliaciones, mediaciones, recomendaciones, paneles arbitrales, informes preliminares, votos particulares, observaciones, informes finales, medidas de cumplimiento y eventualmente la imposición de una original sanción, por la que el gobierno culpable tendría que invertir una determinada suma en su propio país, para mejorar la práctica fallida.

Hay además limitaciones importantes, pues no se puede convocar un CEE si el asunto no está relacionado con el comercio o si no se encuentra amparado por leyes mutuamente reconocidas y sólo se podría iniciar la etapa de solución de controversias y llegar a la imposición de sanciones, si el caso tiene que ver con seguridad e higiene, trabajo de menores o salarios mínimos y se advierte una pauta persistente de omisiones en la aplicación efectiva de las normas respectivas.

Los primeros años generaron expectativas interesantes y propiciaron la colaboración de organizaciones sindicales de los tres países para promover y dar seguimiento a las quejas. Lógicamente, por México sólo participaron las escasas organizaciones democráticas, no así la CTM ni demás centrales corporativas.

Es interesante asomarse a la información que da el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Laboral en su página de Internet (http://sp.naalc.org/commission_es/secretariat_es/), en la que advierte que en los primeros diez años del ACLAN se tramitaron 28 quejas, 17 de ellas en contra del gobierno mexicano (13 relacionadas con violaciones al derecho de asociación profesional), 9 en contra el de EU y sólo 2 en contra del de Canadá.

En ningún caso se abrió el procedimiento de solución de controversias y después de 2003 no se registra una sola queja, claro síntoma de la decepción que ha generado el Acuerdo.

Hay otros datos decepcionantes como que la última reunión ministerial tuvo lugar en 2003 y la penúltima en 1999, que el último informe de labores se rindió en 2003, que de ese mismo año es su último boletín de prensa y que en 2004 se organizaron los últimos talleres o seminarios. Por lo que se puede observar, la Comisión no hace gran cosa.

El 12 de enero fue Calderón a hablar con Obama y presumió que el TLC no se reabriría y que sólo se revisarían los acuerdos paralelos. En realidad son malas noticias para el gobierno mexicano pues es obvio que Obama y Biden, quienes han manifestado abiertamente su apoyo a los sindicatos y a la clase media estadou-nidense, están conscientes de la inutilidad del ACLAN en sus términos vigentes, y buscarán quitarle el bozal para que los dientes puedan morder y no sigan siendo un adorno inútil del TLC.

Que pena por el Embajador Montaño y por las autoridades que prefieren seguir tolerando las violaciones a las normas laborales y seguir abaratando así el costo de la mano de obra mexicana, para poder enfrentar con éxito los retos de la globalización y ahora también los de la crisis, aunque los trabajadores mexicanos se mueran de hambre.

Vendrán tiempos mejores, pero ¡qué pena que debamos importarlos!

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