A GRANDES MULAS, GRANDES REMEDOS

A GRANDES MULAS, GRANDES REMEDOS
Carlos de Buen

15/01/09
El 7 de enero, en Palacio Nacional, el Presidente Calderón anunció, con bombo y platillo, la firma del Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo
Acudieron representantes de la Suprema Corte, del Congreso de la Unión, de los gobernadores y presidentes municipales, de los sectores obrero, campesino y empresarial, del Banco de México, del Instituto Federal Electoral, de los partidos políticos y de los medios de comunicación, unos como partes y otros como testigos.
Calderón advirtió sobre las dificultades “en términos de crecimiento económico, inversión y empleo” e invitó a los asistentes a asumir “un compromiso común con las familias mexicanas, con los trabajadores y con México”, impulsando la actividad económica, evitando la pérdida masiva de empleos y fortaleciendo la economía familiar.
Anunció 25 medidas de apoyo que ubicó en cinco pilares: el empleo y los trabajadores, la economía familiar, la competitividad y las pequeñas y medianas empresas, la infraestructura para la competitividad y el empleo y un gasto público más transparente, eficiente y oportuno.
Se parece a los pactos de concertación social, esos instrumentos diseñados para solucionar problemas políticos y económicos propios de una situación crítica, comprometiendo en una causa común a sectores sociales que suelen tener intereses diferentes y aun opuestos.
Se suele invocar como antecedente de la concertación social a los Pactos de la Moncloa de 1977, celebrados entre el gobierno y los partidos políticos, para acordar las medidas básicas para la democratización y el desarrollo económico de España. Les siguieron allá otros acuerdos más ligados al ámbito laboral, como el Acuerdo Básico de 1979, el Acuerdo Marco Interconfederal de 1980, el Acuerdo Nacional del Empleo de 1981 y el Acuerdo Económico y Social que rigió de 1984 a 1986. Éstos sirvieron sobre todo para controlar la inflación, limitando los aumentos salariales, y aunque pretendieron también impulsar el empleo, en ese rubro no tuvieron mayor éxito.
México celebró antes pactos semejantes, como el que firmaron la CTM y la CANACINTRA en 1945 para limitar las huelgas o la Comisión Nacional Tripartita de 1971, con temas de inversión, productividad, descentralización industrial, empleo, capacitación y vivienda, de donde surgió el INFONAVIT. En 1977 se firmó la insustancial Alianza para la Producción y en 1983 el Pacto de Solidaridad Nacional, etéreo e indefinido.
La crisis que sufrimos durante el gobierno de Miguel de la Madrid, que llevó la inflación al 159.2 % en 1987 y provocó fuertes devaluaciones del peso, hizo que su gobierno utilizara este instrumento, pero no para pactar nada sino para legitimar un plan de choque que determinaba fuertes incrementos en precios y salarios, fijaba el tipo de cambio y buscaba estabilizar paulatinamente la economía. Se firmó el 15 de diciembre de 1987 y fue bautizado como Pacto de Solidaridad Económica.
Su indiscutible éxito en la reducción de la inflación llevó al presidente Salinas a continuar con el modelo. El 12 de diciembre de 1988 se firmó el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, el 25 de mayo de 1992 el Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad y la Calidad, el 20 de octubre del mismo año el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, y el 3 de octubre de 1993 una nueva versión de éste.
De Zedillo son el Pacto para el Bienestar y la Estabilidad y el Crecimiento del 21 de diciembre de 1994, el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica del 3 de enero de 1995, después de los famosos “errores de diciembre”, y la Alianza para la Recuperación Económica del 30 de octubre de 1995.
Muchos recordarán las reuniones “de seguimiento del pacto” en la Secretaría del Trabajo, pero pocos se acordarán del fallido Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos creado el 24 de mayo de 2001, en la presidencia de Fox.
Más allá de sus éxitos y fracasos, lo cierto es que ninguno de esos documentos fue en realidad producto de un acuerdo. El Gobierno ha decidido siempre las medidas y ha pedido luego a los sectores que las avalen, tal y como ocurrió ahora.
Nunca ha habido una verdadera concertación social en México, simple y sencillamente porque no existen las condiciones necesarias, que son esencialmente tres: a) sujetos sociales verdaderamente representativos, b) consenso sobre la necesidad de las medidas y voluntad de acordar, y c) un gobierno eficaz y estable.
Más allá de los problemas de representatividad del sector patronal, es obvio que no hay organismos verdaderamente representativos de los trabajadores, y para muestra basta la última resolución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que fijó el más alto de los salarios mínimos generales en 54.80 pesos, unos 4 dólares por ocho horas de trabajo.
Los representantes obreros recurrieron una vez más a la gastada excusa de que buscan conservar las fuentes de trabajo y evitar el cierre de empresas y los despidos masivos, “convencidos que el incremento otorgado no resarce en forma alguna el poder adquisitivo del salario de los trabajadores al no cumplirse cabalmente lo que dispone la fracción VI del artículo 123 de la Constitución…” Por cierto, los datos del Banco de México muestran que desde aquel Pacto de Solidaridad Económica de 1987, el valor real del salario mínimo ha caído a la mitad, contando siempre con el aval de los representantes obreros y el espíritu solidario de los empresarios. En efecto, son los mismos que firmaron el Acuerdo.
Me parece recordar que al intervenir en la Presentación del Acuerdo por parte de los gobernadores, el de Nuevo León, que no se comprometió a nada, dijo: “A grandes mulas, grandes remedos”, y tiene toda la razón, pues no es un acuerdo sino apenas un remedo… Perdón, me dicen que la trascripción de su discurso tiene errores, bueno, como sea, ojalá que el remedo sirva de algo, aunque con esos salarios, habrá que dudarlo.