La llamada iniciativa de Ley SOPA congelada momentáneamente por su promotor el congresista estadounidense Lamar Smith es un proyecto legislativo que incumbe a organizaciones y empresas de Estados Unidos. Esta ley establecería el uso (en Estados Unidos de América) de un mecanismo de censura sobre Internet similar al que se utiliza en China, Irán o Siria y que censura las webs que el gobierno quiere.
Según sus defensores, el objetivo sería perseguir la piratería en línea combatiendo aquellas prácticas sociales que ellos consideran ilícitas: intercambiar música, compartir películas, vídeos y demás contenidos protegidos por el derecho intelectual.
Ello implicaría que las autoridades estadounidenses podrían congelar los ingresos y la publicidad en sitios web, obligar a las herramientas de búsqueda a desaparecer estas páginas web de sus resultados e incluso solicitar a los proveedores de Internet que bloqueen el acceso a tales dominios.
Pese a que se trata de una legislación estadounidense contra la piratería online, de retomarse su debate y aprobarse, tendría efectos en el resto del mundo, toda vez que Internet es una red globalizada; por lo que toca a nuestro país, afectaría directamente, de acuerdo a la opinión de expertos, en la privacidad de Internet, el acceso a páginas y, no sólo en el presente, sino en la innovación de tecnologías hacia el futuro.
Quienes proponen la ley, afirman que protege el mercado de la propiedad intelectual y su correspondiente industria, trabajos e ingresos, y que es necesaria para reforzar la aplicación de las leyes de derechos de autor, en particular contra los sitios web extranjeros.
Los opositores argumentan que la ley infringe los derechos de la Primera Enmienda, que es censura en Internet, que lisiará a Internet y será una amenaza para la denuncia de irregularidades y otras muestras de libertad de expresión. Incluso la Casa Blanca manifestó su temor a que la SOPA pueda vulnerar las garantías jurídicas de las compañías que operan en Internet, así como la libertad de expresión.
Por su parte, la Casa Blanca se opuso a la medida por considerar que ésta podría suscitar demandas contra empresas cibernéticas y perjudicar a negocios legítimos, además de atropellar el derecho a la libertad de expresión; incluso en un comunicado ratificando su rechazo, el presidente Barack Obama insinuó que podría vetar cualquier medida que “reduzca la libertad de expresión, incremente los riegos a la seguridad cibernética, o socave” la red cibernética global.
Voces calificadas consideran que de aprobarse esta ley, el sentido original con el que fue creado Internet se vería desvirtuado, ya que se estaría perdiendo el derecho al acceso a la información, a la cultura y la interconexión de usuarios y citan como ejemplos de ello:
1.- Las redes de navegación anónimas se volverían ilegales (la anonimidad en internet es importantísima para muchos usuarios).
2.- Toda comunicación podría ser oficialmente espiada para poder determinar si incumple (o no) la ley.
3.- Aquellos sitios donde se incentiva el contenido generado por el usuario se verían imposibilitados para operar porque sería sumamente impráctico vigilar cada cosa publicada con el miedo de recibir una demanda desproporcionada pues la ley no distingue entre proveedor o usuario en estos casos.
El debate de esta iniciativa retirada momentáneamente del congreso norteamericano, debería continuar de manera abierta en nuestro país y en todo el mundo, para seguir reflexionando sobre un tema tan importante y de tan alto impacto para una sociedad que cotidianamente utiliza y hasta depende de la internet, buscando el siempre difícil, pero necesario equilibrio, entre la libertad y los derechos de terceros, como serían la propiedad intelectual o los derechos de autor. ¿No lo crees?
twitter: @HildaGomezGomez
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