En el artículo 67 de la Constitución de Nicaragua se establece que “el derecho de informar es una responsabilidad social y se ejerce con estricto respeto a los principios establecidos en la Constitución. Este derecho no puede estar sujeto a censura, sino a responsabilidades ulteriores establecidas en la ley”.
Así tiene que ser, puesto que en una sociedad civilizada, democrática y pacífica, la convivencia se basa en el principio de que el derecho de uno termina donde comienza el derecho de los demás. De manera que es correcta esa disposición del artículo 67 de la Constitución que se corresponde con el principio universal de libertad y responsabilidad informativa. En este sentido, en el acápite segundo del artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se dice: “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”.
Todo eso está muy bien siempre y cuando la ley se aplique correctamente y los jueces que administran la justicia sean justos, ecuánimes, honestos, responsables y confiables. Desafortunadamente éste no es el caso de Nicaragua. Por el contrario, aquí el juez retuerce la ley y hasta inventa delitos para imputarlos a un medio de comunicación o a un periodista, a fin de castigarlo y silenciarlo por razones políticas o de cualquier otra clase. Aquí, al juez no le importa que la sociedad lo desprecie por su venalidad, ni hacer el ridículo jurídico por dictar sentencias que lesionan principios elementales de derecho. Aquí los encargados de impartir justicia colocan su filiación partidista y su obediencia política por encima de la ley, incluso de la Constitución, con tal de castigar a un medio de comunicación que es mal visto y ha sido condenado de previo por los gobernantes. En Nicaragua, donde “justicia” se escribe entre comillas, la fórmula de que la libertad de información está sujeta a las responsabilidades ulteriores establecidas en la ley se convierte en un arma letal en manos de jueces venales que actúan contra el derecho humano fundamental a la libertad de expresión e información.
La censura de prensa tiene diversas modalidades. A veces es directa, como la de los años ochenta cuando la Dirección de Medios de Comunicación del Ministerio del Interior sandinista prohibía hasta mencionar los nombres de personas como el boxeador Alexis Argüello, porque estaba calificado como somocista, y de monseñor Miguel Obando, a quien la inquisición sandinista tenía fichado como contrarrevolucionario. Otras modalidades de censura son los juicios amañados, como los que el somocismo montaba contra LA PRENSA y las cuantiosas multas que le imponía a los radioperiódicos independientes, de conformidad con el Código de Radio y Televisión que era popularmente conocido como Código Negro. Y la forma de censura más criminal ha sido sin duda el asesinato del Director Mártir de LA PRENSA, doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, a quien mataron porque no pudieron callar sus críticas, porque no pudieron silenciar sus denuncias de los abusos gubernamentales, porque les fue imposible apagar su clamor de libertad. Al doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal lo asesinaron porque era un obstáculo a la pretendida perennidad de una dictadura y a la siniestra estrategia de imponer otra tiranía.
También es censura de prensa el terrorismo propagandístico contra dueños de medios, así como impedirle a la prensa independiente informar libremente sobre las actividades gubernamentales de interés público y limitar esas coberturas a los medios oficialistas, los cuales no informan sino que únicamente rinden servil pleitesía a los gobernantes. Y es censura de prensa acusar, condenar y multar a periodistas por delitos que no han cometido, como es el caso del Director de LA PRENSA, don Jaime Chamorro Cardenal, y de su jefe de Redacción, Eduardo Enríquez.
De manera que vuelve a tener vigencia y actualidad el llamado que una y otra vez hiciera el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal: “Pido a usted nuevamente participe del esfuerzo ciudadano, para hacer que sea restituido a los nicaragüenses el derecho a ser informados libremente”.
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