El Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, está haciendo un esfuerzo extraordinario por conseguir la liberación y salvar la vida de Ingrid Betancourt, la ciudadana colombiana- francesa que está en cautiverio desde el 23 de febrero del año 2002, cuando fue secuestrada por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Ingrid Betancourt, de 46 años y 3 meses de edad, fue una senadora que se pronunció activamente por una salida política del conflicto militar colombiano y luchó enérgicamente contra la corrupción. Inclusive ella renunció al Senado de Colombia, al que calificó como “nido de víboras”, para luego postularse como candidata presidencial por el Partido Verde Oxígeno en las elecciones de 2002. En esa calidad cívica se movilizaba por el país cuando fue secuestrada.
Ahora, después de más de seis años de permanecer secuestrada en el interior de una espesa e inhóspita selva, Ingrid Betancourt se encuentra al borde de la muerte, pues sufre diversas enfermedades graves como leishmaniasis o lepra de montaña, hepatitis B, malaria y desnutrición avanzada. Además Betancourt está afectada por una profunda depresión que la ha conducido hasta desear su propia muerte, como única forma de liberarse de la inhumana situación en que la tienen sus verdugos.
Sin embargo, los despiadados jefes de las FARC se niegan a dejarla en libertad y permitirle que salve la vida. Tal como informó LA PRENSA el viernes pasado, mediante un despacho noticioso enviado por la agencia internacional Efe, el llamado “Canciller de las FARC”, Jesús Santrich, declaró que “no habrá más liberaciones de secuestrados porque después de tantas muestras fehacientes de nuestra voluntad política por encontrar salidas al conflicto, se nos responde con infamias y maledicencias”.
Pero ni el caso de Ingrid Betancourt ni el de ninguna de las otras más de ochocientas personas secuestradas, es un “conflicto” de las FARC con el Gobierno y el Estado colombiano. Se trata de la libertad y la vida de un ser humano, mujer para más señas dramáticas y de ocho centenares de personas más que están secuestradas por las FARC, mantenidas en condiciones infrahumanas y sometidas a tormentos de toda clase. Es un crimen despiadado que lesiona la dignidad humana de los secuestrados y ofende a toda la humanidad, el que están cometiendo los secuestradores de las FARC con Ingrid y los demás secuestrados. Es una situación que debe motivar no sólo a los gobiernos de Francia y Colombia, sino a los de todos los países democráticos, a movilizarse para conseguir la liberación y la salvación de las vidas de Ingrid y sus compañeros de infortunio.
Hipólito Solari Irigoyen, experto argentino en derechos humanos que preside el organismo no gubernamental Nuevos Derechos del Hombre, señala que en el caso de Ingrid Betancourt y demás secuestrados por las FARC se están violando todos los derechos humanos esenciales de la persona: el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la libertad y a la seguridad personal; el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; el derecho a circular libremente y a escoger su lugar de residencia; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de la persona; el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra y reputación; el derecho a la libertad de pensamiento y de creencias; el derecho de reunión; el derecho de protección de la familia; el derecho de opinión y de libertad de expresión.
Además, dice Solari, el secuestro es una forma de esclavitud, la cual está proscrita por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José.
Ante el atropello brutal y masivo a los derechos humanos de Ingrid Betancourt y de los demás secuestrados por las FARC, ante tan monstruosa violación a las leyes internacionales de humanidad, no se puede entender la pasividad de los gobiernos que se dicen democráticos; indigna que gobernantes como los de Venezuela y Nicaragua apañen a los secuestradores, a los que consideran como sus camaradas y hermanos, con lo que se hacen cómplices de los carceleros y verdugos de Ingrid Betancourt y los otros secuestrados; y asombra que la comunidad democrática internacional tolere y vea como normal semejante iniquidad
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