LOS TRAIDORES A LA PATRIA.

Es propio de todos los gobernantes, pero particularmente de los tiranos y dictadores, creer que en ellos se encarna la Patria. Por eso es que con frecuencia acusan como enemigos de la Patria a sus adversarios, incluso a quienes, como los periodistas y los medios de comunicación independientes, simplemente ejercen el derecho a criticar y denunciar los abusos y las lacras del poder. De manera que no resulta extraño que Daniel Ortega venga ahora con la barbaridad de amenazar al Diario LA PRENSA con acusarlo legalmente por traición a la Patria.

En realidad, la historia del mundo está llena de crímenes de los gobernantes absolutistas y autoritarios, cometidos contra innumerables personas a las que reprimieron en diversas formas, y hasta les quitaron la vida, tras acusarlas de traición a la Patria porque se rebelaron contra ellos, porque demostraron inconformidad o simplemente porque los criticaron. Es que como tales gobernantes creen que ellos son el Estado y la nación, a quienes se les oponen o los critican los acusan como traidores a la Patria.

El progreso de la civilización y del derecho puso fin, al menos jurídicamente y en términos generales, a esa monstruosidad política de identificar o confundir a la Patria con el rey, con el príncipe o con cualquier tipo de gobernante. Y al establecerse en las constituciones las necesarias limitaciones al poder de los gobernantes, en los códigos penales se dejó claro que la desobediencia, la rebelión contra el gobernante injusto y opresivo, y mucho menos la crítica y la denuncia periodística, bajo ninguna circunstancia pueden ser calificadas como traición a la Patria. Así se garantizó la seguridad jurídica de las personas y se les protegió de delaciones, amenazas, persecuciones y demás formas de represión gubernamental.

Referente a la imputación de traición a la Patria que el presidente Daniel Ortega hizo el viernes 25 de julio de 2008 contra el Diario LA PRENSA, por publicaciones sobre la supuesta participación de una delegación de las FARC colombianas en la celebración sandinista del recién pasado 19 de julio, cabe señalar que el nuevo Código Penal tipifica claramente el delito de actos de traición. En el Título XVIII, Capítulo I, artículo 409 del Código Penal que apenas en el presente mes de julio entró en vigor, se establece que el delito de traición lo comete “el nicaragüense que en un conflicto armado internacional tome las armas contra Nicaragua o se una a sus enemigos prestándoles ayuda, colaboración o facilite el avance o progreso de las fuerzas enemigas y dificulte la defensa del Estado”. Añade que comete igualmente el delito de traición el que “indujere a un Estado extranjero a declarar la guerra a Nicaragua o concertare con ella para el mismo fin”. Y el artículo 410 dice que también comete traición “el que realice actos que tiendan a menoscabar o fraccionar la integridad territorial de Nicaragua, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano e independiente…”

Eso significa que el gobierno de Daniel Ortega tendría que inventar un nuevo artículo del Código Penal para poder actuar contra LA PRENSA en base de su irresponsable acusación de traición a la Patria. Sobre esto, el Director de LA PRENSA, don Jaime Chamorro Cardenal, ha señalado que Daniel Ortega está haciendo lo mismo que hizo la dictadura somocista, que lo acusó y juzgó por traición a la Patria junto a su hermano, el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Mártir de las Libertades Públicas de Nicaragua. Pero lo de Ortega es peor que lo de Somoza. La acusación de Somoza por traición a la Patria se debió a que los hermanos Pedro Joaquín y Jaime Chamorro Cardenal organizaron y participaron en una rebelión armada contra la dictadura. En cambio la imputación de Daniel Ortega es sólo por la publicación de una información sobre un hecho que el mismo Ortega lo ha proclamado y reconocido públicamente, a nivel nacional e internacional, como es su vínculo político con las FARC.

Además, si de acusar de traición a la Patria se trata, Daniel Ortega tendría que ser el primero y principal acusado por este delito, porque es su política exterior aventurera y su identificación y relación con las FARC de Colombia —una organización criminal terrorista, según calificación de Europa y Estados Unidos—, la que pone en peligro la paz de la región y arriesga a que Nicaragua pudiera ser arrastrada a un eventual conflicto armado internacional.

(Editorial La Prensa 290708)