Keiko Fujimori, el peso de los genes

Lima, 3 jun (PL) Uno de los méritos que suele reclamar la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori es haberse quedado en Perú "a dar la cara" luego que su padre escapó del país, en el 2000, cercado por un escándalo de corrupción.

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) dice, al mismo tiempo, que desde entonces "carga una cruz", otra referencia a que es sin duda heredera y continuadora del exgobernante, que cumple 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción.

Es precisamente la reivindicación de la memoria de su padre, la esencia de la propuesta electoral con la que el próximo domingo competirá por la presidencia con Ollanta Humala, el exmilitar nacionalista ganador de la primera vuelta del pasado 10 de abril, en la que ella resultó segunda.

Tiene 34 años de edad y está casada con el estadounidense Mark Vito Villanella, con quien tiene dos hijas.

En 1994, luego del divorcio de sus padres, fue nombrada Primera Dama, cargo protocolar y de contenido filantrópico, con solo 19 años.

Tras la fuga a Japón y renuncia de su padre, en 2000, permaneció en Perú y asumió su defensa de los graves cargos en su contra, cuando fue extraditado de Chile en septiembre de 2007 y condenado en 2009.

En 2006 fue elegida congresista con importante votación, al frente del grupo fujimorista Alianza por el Futuro, y sus críticos señalan que tuvo una actividad opaca, con muchas ausencias, en el trabajo legislativo.

Cuando una periodista de una cadena internacional de televisión le preguntó meses atrás sobre su actividad parlamentaria, mencionó como lo más destacado su adhesión a un proyecto para rebajar los impuestos a los conciertos musicales.

Según afirma, los actos ilegales atribuidos a su padre no son tales y reconoce que él dio un autogolpe de Estado en abril de 1992, cuando cerró el parlamento e intervino los tribunales, pero asegura que fue una situación excepcional que nunca se repetirá.

En las últimas semanas ha asegurado que ella toma las decisiones y ha intentado marcar distancias de su padre, a quien jura que no indultará, aunque dice confiar en que la condena sea revisada y anulada por los tribunales, pues lo considera inocente.

Es acusada de involucramiento o complicidad por tolerancia en los hechos de corrupción y abusos imputados al gobierno de Alberto Fujimori, como la esterilización masiva de mujeres pobres, caso cuya recordación la golpeó con fuerza en la campaña por la segunda vuelta electoral.

Tiene pendiente un proceso en el Ministerio Público por el presunto uso de fondos públicos para pagar los cuantiosos gastos de su educación universitaria y las de sus tres hermanos en Estados Unidos.

En la campaña por la segunda vuelta ha sumado el apoyo de grupos y figuras neoliberales, como los excandidatos presidenciales Pedro Kuczynski y Luis Castañeda y la exministra de Economía Mercedes Aráoz.

Además de reivindicar el legado de su padre, reconoce que la falta de distribución justa de la riqueza justifica el descontento social expresado en el respaldo mayoritario a Humala y dice que si gana atenderá el problema.

Sus críticos temen que, si fuera elegida, vuelvan las prácticas represivas ilegales y la corrupción reinantes en el gobierno de su padre.