Una comisión de la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI), vino a Managua esta semana invitada por algunos diputados interesados en que Nicaragua ratifique el Estatuto de Roma, el cual regula el funcionamiento de dicho tribunal y fue aprobado en 1998. Nicaragua, como se sabe, es uno de los tres países de América Latina que no han ratificado el Estatuto de Roma, siendo Chile y El Salvador los otros dos.
La renuencia —o el temor— de las autoridades gubernamentales de Nicaragua a que el país forme parte de la Corte Penal Internacional, se debe, seguramente, no tanto a sus resabios ideológicos sino a que aquí se han cometido crímenes que precisamente el tribunal mundial penaliza y pretende castigar. Ahora mismo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está radicada una denuncia que presentó la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) contra altos funcionarios del Gobierno de 1979 a 1990, por violaciones masivas de derechos humanos y crímenes de guerra y, en fin, delitos contra la humanidad.
Cabe recordar que a principios de octubre del año 2007, cuando Daniel Ortega ya estaba nuevamente en el poder, una delegación de la Corte Penal Internacional vino a Nicaragua para participar en una reunión de tribunales regionales e internacionales de Justicia, que se realizó en Managua con motivo de la celebración del centenario de la Corte Centroamericana de Justicia. Y en el comunicado final de aquella reunión, se expresó el propósito o el objetivo de procurar la realización de la justicia universal, la paz y la dignidad de las personas e integridad de los pueblos; así como también se reconoció que “la Justicia es consustancial al Estado de Derecho, así como el progreso que han significado los tribunales internacionales y regionales permanentes para el fortalecimiento del derecho internacional y la solución pacífica de las controversias internacionales”.
De manera que aquella visita de la Corte Penal Internacional para participar en la reunión judicial de Managua, se estimó como una señal de que muy pronto Nicaragua podría ratificar el Tratado de Roma, pero no ocurrió así. Y debido a esto, diputados nicaragüenses interesados en el asunto invitaron a la representación de la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional, para con su visita tratar de persuadir al Gobierno de Ortega que honre al país con la ratificación del Tratado de Roma y el reconocimiento de la jurisdicción de ese magno tribunal.
La certeza pesimista, pero realista, de que los delitos de genocidio, de guerra y de lesa humanidad, se iban a seguir cometiendo en distintas partes del mundo y quién sabe por cuánto tiempo más; pero también la aspiración de que los crímenes de esa categoría que se cometieran en el futuro no quedaran impunes, dieron origen al propósito de crear un tribunal internacional permanente para castigar a aquellos individuos anormales que, revestidos de inmenso poder estatal y/o militar, cometen tales atrocidades contra sus propios pueblos y contra otras naciones. Este propósito se planteó desde que terminó la II Guerra Mundial, en 1945, y fue necesario crear un tribunal especial en la ciudad alemana de Nüremberg, para juzgar y condenar los terribles delitos que cometieron los líderes nazi-fascistas de Alemania. Se fortaleció después dicho propósito, cuando se tuvo que crear nuevos tribunales especiales para juzgar y condenar otros genocidios y delitos contra la humanidad, como fueron los ocurridos en la extinta Yugoslavia, en la Europa balcánica, y Ruanda en África. Y finalmente se concretó el objetivo, el 17 de julio de 1998, cuando representantes de 120 países aprobaron en Roma los Estatutos del Tribunal Penal Internacional. Y así, el 1 de julio de 2002, después de que 69 países ya habían ratificado el Estatuto de Roma por medio de sus procedimientos legislativos correspondientes, el Tratado entró en vigor y la Corte Penal Internacional comenzó a funcionar.
Falta que lo ratifique Nicaragua. Y sus autoridades no deberían tener miedo de ratificarlo porque cometieron delitos de lesa humanidad en los años ochenta, pues la CPI sólo juzga crímenes perpetrados a partir de la fecha en que se ratifique el Estatuto de Roma. ¿O es que los gobernantes actuales piensan volver a cometer atrocidades como en los ochenta, ahora que gracias a Arnoldo Alemán y el PLC nuevamente han tomado el poder absoluto del Estado de Nicaragua? La respuesta sólo ellos la conocen.
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