miércoles, febrero 06, 2008

VENEZUELA, MERCADO DE BARRERAS

Luis Núñez Salmerón
economia@laprensa.com.ni
Control de divisasy de precios

En Venezuela hay un control de divisas desde el año 2003, cuando ese país registró una fuerte salida de dólares, una caída en las reservas internacionales y una baja en las recaudaciones fiscales.
Ante esta situación se creó en febrero del 2003 la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) “tras un convenio suscrito por el Ministerio de Finanzas, en representación del Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela”, informa esta institución en su página web. Una de las principales críticas a este sistema es el retraso que ocasiona a las empresas que necesitan divisas para sus operaciones comerciales. El presidente Hugo Chávez aseveró el pasado 2 de febrero que mantendrá los controles de cambio y de precios y garantizó que su Gobierno abastecerá de alimentos en el país. Pero amenazó con nacionalizar las empresas de alimentos. “Ni se van a levantar los controles (de cambio y de precios) y se va a abastecer (de alimentos) el país”, declaró Chávez.

Las exportaciones a Venezuela, por parte del sector privado, enfrentan una serie de barreras burocráticas que hacen difícil la entrada a ese mercado. Se le suma el férreo control estatal del mercado de divisas y de precios, por ejemplo. Un empresario debe recorrer un largo camino, de oficina en oficina, para obtener los permisos necesarios

El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha firmado desde el año pasado una serie de convenios bilaterales con Venezuela, entre los que se cuentan aquellos que pretenden dinamizar el comercio entre ambos países. Nicaragua se convertiría en abastecedora de alimentos, de los cuales el país del Sur es deficitario.

Sin embargo para la empresa privada el anuncio no es tan alentador, ya que las relaciones comerciales entre sectores privados son más complicadas de lo que parecen. Se deben seguir una serie de pasos que, al final, pueden resultar en un rotundo fracaso. Diferentes empresarios nacionales coinciden en que una transacción entre privados, nicaragüenses y venezolanos, es más que difícil.

“Ahora estamos intentando hacerlo con el Gobierno que es más fácil”, dice Mario Amador, gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar (CNPA) y presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin).

Los azucareros de Nicaragua tienen un convenio de exportación de azúcar a Venezuela desde hace varios años, que ha funcionado dado el déficit permanente del endulzante que tiene ese país debido a la prácticamente desaparecida industria azucarera en suelo venezolano, según lo expresó Amador.

Para poder exportar a Venezuela este país ha puesto una serie de exigencias a las empresas internacionales interesadas, lo cual dificulta severamente el comercio entre empresas privadas.

UN LARGO CAMINO

Según explicaron algunos empresarios consultados, que pidieron no dar sus nombres, lo primero que tiene que hacer la empresa interesada es una solicitud ante la Dirección de Mercados de Alimentos del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación de Venezuela.

Luego esta institución extiende a la empresa interesada una preaprobación, con la cual iniciará una serie de trámites para poder exportar. Con esta preaprobación tiene que iniciar todo el trámite para el registro de proveedor en Venezuela.

Esto incluye tener una fotocopia de la personería jurídica, de constitución de la empresa, de sus estatutos, registro mercantil, un poder del representante legal, copia del registro de información fiscal.

Una vez reunidos todos estos documentos y hecho el registro, se tienen que autenticar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, después se tiene que ir al Consulado de la Cancillería para otra autenticación, y finalmente llevarlo a la Embajada de Venezuela quien es la encargada de tramitarlo con las autoridades correspondientes.

En todo este trámite, además del tiempo que se lleva todo el proceso, puede significar unos 500 dólares. Esto aparte de lo que le lleva a la contraparte venezolana, indica la fuente.

Pero el principal problema en toda esta maraña burocrática es el control de divisas para las empresa privada, que está a cargo de una entidad denominada Comisión Administradora de Divisas (Cadivi), que otorga los permisos para la compra de divisas.

“Cuesta conseguirlas (las divisas que generalmente son dólares) y a veces se lleva hasta tres meses y eso limita los negocios”, sostiene Mario Amador, presidente de Cadin.

Un problema que no pasa cuando las transacciones son con el Gobierno, agrega Amador.

El gerente general del Centro de Promoción de Exportaciones (Cei-NicaExport), Roberto Brenes, dice que al final de cuentas el mercado es el que decide hacia dónde debe enviar sus exportaciones, aunque añade que el mercado de Venezuela se puede aprovechar si existe la capacidad productiva de Nicaragua.

“Debemos de tener mucho cuidado de no desatender nuestros mercados actuales para atender demandas que todavía no estamos en capacidad de atender. Yo lo que opino es que debemos incentivar la producción para que produzcamos más y podamos vender más, pero no es quitándole nuestras ventas a unos países para dárselas a otros con lo que vamos a tener éxito”, sostiene.

Brenes, experto en comercio exterior y ex funcionario del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), al mismo tiempo añade que “cuando existe una relación de libre mercado siento que el mismo mercado te regula, entonces las exportaciones van a coger el rumbo hacia donde sea más eficiente, más fácil y menos complicado la exportación”.

“En el caso de Centroamérica es mucho más ágil y más fácil exportar frijoles que llevarlos a México o Venezuela, entones será el libre comercio, serán los productores, los que van a decidir”, responde al ser consultado sobre el posible abrochamiento del mercado venezolano, importado neto de alimentos.

“Ahora si estamos exportando frijoles a México y si tienen barreras, y si viene un importador de Venezuela a hacernos una oferta de compra, con menos restricciones, con agilidad de pago, es obvio que los productores van a coger ese rumbo porque en una sociedad donde existe el libre mercado y Nicaragua está dentro de ello, las exportaciones toman el rumbo que más les conviene”, ejemplifica.

VAN POR NEGOCIACIÓN

Los gobiernos de Venezuela y Nicaragua firmaron en agosto de 1986 un Acuerdo de Alcance Parcial, el cual será ampliado, informó el Ministro de Fomento, Industria y Comercio, Orlando Solórzano, quien además negoció y firmó este acuerdo como Viceministro de Comercio Exterior en ese entonces.

El tratado, ratificado por la Asamblea Nacional en febrero de 1993, y todavía vigente, establece un tratamiento diferencial a Nicaragua.

“En el presente Acuerdo se entiende por tratamiento diferencial la aplicación de un principio de solidaridad comunitaria que permita el aprovechamiento equitativo de los beneficios, teniendo en cuenta el grado de desarrollo económico de los países, especialmente los de menor desarrollo económico relativo, para aprovechar los estímulos de la integración”, dice el documento en el artículo 33.

En ese entonces era Presidente de Venezuela, Jaime Lushinski, cuyo mandato se caracterizó por su neoliberalismo.

Según el ministro Solórzano, el Gobierno contempla una negociación con Venezuela para ampliar los alcances del tratado que además incluye libre comercio para una serie de productos de origen agrícola.

Sin embargo, sostiene que “no será una negociación comercial sino que va más allá, busca una mayor integración”.

Solórzano reconoció que los empresarios y productores pueden exportar a través del Gobierno, que también acopiará productos en el mercado local, como granos y lácteos.

En este sentido, están trabajando en mejorar las condiciones de infraestructura para reducir los costos de exportación.

Al respecto el Ministro Agropecuario y Forestal, Ariel Bucardo, explicó que están trabajando en un plan integral para mejorar la infraestructura portuaria para reducir costos. Entonces, habrá que esperar para ver si, efectivamente, las barreras para negociar con Venezuela se reducen o se eliminan para los empresarios.

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