EL CLAMOR DE LOS JURISTAS

El clamor de los juristas

Un grupo de distinguidos juristas nicaragüenses, entre ellos ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia y antiguos magistrados del Poder Judicial, una ex presidenta del Consejo Supremo Electoral, ex rectores de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), expertos constitucionalistas y catedráticos de derecho constitucional, emitieron un Pronunciamiento a la nación que fue publicado ayer en LA PRENSA.

Los prominentes juristas (Alejandro Serrano Caldera, Roberto Argüello Hurtado, Rodolfo Sandino Argüello, Alfonso Dávila Barbosa, Oscar Castillo Guido, Juan Ramón Avilés, María Antonieta Fiallos, Julio Icaza Gallard, Carlos Tünnermann B., Ada Esperanza Silva Pérez, María Auxiliadora Mesa G., Rosa Marina Zelaya y Gabriel Álvarez Argüello), expresan en su Pronunciamiento que “en vista de los graves acontecimientos que violentan el Estado de Derecho, consagrado en nuestra Constitución Política”, consideran necesario e impostergable pronunciarse públicamente. Y después de puntualizar esos graves acontecimientos que los inquietan, llaman al Presidente de la República a “que reflexione y abandone su política de confrontación e irrespeto de las leyes, restablezca el Estado de Derecho, para después iniciar de inmediato un Diálogo Nacional que garantice la Gobernabilidad Democrática, en el marco del más estricto apego a la Constitución y las leyes…”

El Pronunciamiento de los juristas señala o denuncia únicamente las violaciones al Estado de Derecho. No se refiere, específicamente, a otros aspectos de la grave crisis general que sufre el país actualmente, tales como la inestabilidad e incertidumbre política, las agresiones y amenazas a la libertad de expresión y de prensa, el retroceso económico nacional, la espiral inflacionaria y el deterioro de las condiciones de vida de la mayor parte de la población nicaragüense, el alineamiento del presidente Daniel Ortega con la política de Venezuela e Irán de confrontación con Estados Unidos y búsqueda de pleitos internacionales, etc. Pero es que el Pronunciamiento de los juristas va a lo toral, como se le llama en el lenguaje jurídico a lo que es “principal y de más alta valía en cualquier concepto”.

En realidad, la violación al Estado de Derecho por parte del Gobierno del presidente Daniel Ortega es el aspecto esencial y el eje de toda la crisis institucional, política y social que está afectando al país en la actualidad. Se trata de que la democracia no puede existir y la convivencia social pacífica es imposible, si no se respeta el Estado de Derecho, si tanto los gobernantes como los gobernados no se someten por igual a la ley; si los poderes estatales no están separados y no hay equilibrio en el ejercicio de sus atribuciones; si el Poder Judicial no es una institución independiente no sólo de los otros poderes del Estado sino también de los partidos políticos y otros factores de poder formal y real; si los magistrados y jueces se erigen en legisladores e irrespetan el espíritu y la letra de la ley, interpretándola y aplicándola a su gusto y antojo. Como tampoco existe ni puede funcionar el Estado de Derecho si el Poder Legislativo usurpa las funciones de los otros Poderes. O si el Ejecutivo gobierna mediante decreto, atropella la legalidad y la institucionalidad democrática, se arroga atribuciones y facultades que no le corresponden porque la Constitución y la ley no se las conceden.

Es lógico, pues, que el Pronunciamiento de los juristas se centre en las violaciones del Presidente al Estado de Derecho y las actuaciones arbitrarias del Poder Judicial, que son la causa de la crisis actual, porque independientemente de que todas las piezas institucionales de la democracia son importantes para su correcto funcionamiento, la administración de justicia es clave para que todas las demás puedan funcionar de manera adecuada. El Estado democrático sólo funciona si la gente confía en la justicia. Pero a fin de que haya confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial los magistrados y jueces tienen que ser honestos, eficientes e independientes, no actuar como sirvientes judiciales de otro Poder del Estado, del Presidente, de los diputados o de algún caudillo político autoritario y corrupto, que es lo que está ocurriendo en Nicaragua.

De manera que este importante y oportuno Pronunciamiento de los juristas merece el apoyo de la sociedad y debería ser atendido por los gobernantes. Todavía es tiempo de evitar que el país caiga en otra catástrofe nacional, institucional, política y social.