LA OPOSICIÓN "ATORNILLARÁ" A ORTEGA

Moisés Martínez y Ludwin Loáisiga López
De su misma medicina

De concretarse la entrada en vigencia de las reformas constitucionales aprobadas en el 2005, el presidente Daniel Ortega recibiría una cucharada de su misma amarga medicina política que le recetó ese año al entonces presidente Enrique Bolaños.
Estas reformas fueron aprobadas por diputados sandinistas y liberales constitucionalistas con el fin de restarle facultades políticas y administrativas al presidente Bolaños, en el marco de un conflicto jurídico que tenían contra el ex mandatario. Con la firma de un acuerdo político entre Bolaños y Ortega, en Casa Presidencial, se puso en vigencia una Ley Marco que congeló estas reformas. Ahora Ortega se enfrenta a los mismos espectros políticos que ayudó a crear para torpedear la Administración de Bolaños.

Diputados de la ALN y el PLC dicen que no habrá prórroga a Ley Marco

No prorrogar más la Ley Marco, que caduca el 20 de enero, pondrá al Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, frente a su más difícil escenario político en la batalla que libra con una oposición unida en el Bloque Contra la Dictadura, justo al comenzar su segundo año de mandato.

Con un aparente consenso entre las principales fuerzas políticas de oposición, Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y bancada Por la Unidad, la Ley Marco tiene sus días contados, y unas reformas constitucionales aprobadas en el 2005 entrarán en vigencia a partir del próximo 20 de enero.

Lo anterior implica que Ortega deberá compartir con el Legislativo la facultad de nombrar a sus ministros y miembros del cuerpo diplomático.

Además, reiniciará sus funciones la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), que le restará más facultades a Ortega.

Eduardo Montealegre, presidente de ALN, aseguró que ya existe un consenso con el PLC y el MRS para no aprobar otra prórroga a la Ley Marco, por lo cual las reformas constitucionales tendrán plena vigencia.

De concretarse, Ortega recibiría la mayor derrota política desde que asumió el poder, debido a que sus facultades quedarían mermadas al perder la capacidad para colocar y remover a los ministros, viceministros y miembros del cuerpo diplomático a su gusto y antojo.

Ortega en el 2007 presidió uno de los gabinetes más inestables que se ha conocido en la reciente historia gubernamental del país, al remover a 13 altos funcionarios en su primer año de gestión.

Asimismo, tres nombramientos diplomáticos (dos embajadores y un cónsul) no recibieron el placet de los países a los que fueron asignados: Álvaro Robelo, Álvaro Chamorro Mora y Gerardo Miranda.

INICIATIVAS

A esto habría que agregar las iniciativas parlamentarias que prepara el denominado Bloque Contra la Dictadura en la Asamblea Nacional, que buscan restarle más facultades y atribuciones al mandatario sandinista.

“De parte de los diputados del PLC, con los que se ha hablado sobre esto, estamos todos de acuerdo en no aprobar otra prórroga a la Ley Marco y que entren en vigencias las reformas constitucionales del 2005. Hoy que hemos logrado alcanzar este acuerdo legislativo, creemos que podemos consolidar estos 47 votos (en la Asamblea Nacional). El que hoy en día se vaya a negociar buscando beneficios personales o partidarios con Daniel Ortega, va a ser castigado por la población”, declaró Montealegre.

Ortega también perdería el control total de las instituciones regulatorias de los servicios básicos, como Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) e Instituto Nicaragüense de Energía (INE). Todas estas instituciones pasarían a formar parte de la Sisep.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

Montealegre, incluso, aseguró que el consenso con el PLC también comprende la discusión y aprobación de los nombramientos de nuevos funcionarios para dirigir la Sisep.

En el 2005 los funcionarios nombrados fueron Víctor Guerrero como superintendente y Leonel Aguerri como intendente de Energía, por parte de los liberales. Los sandinistas colocaron a Freddy Carrión como intendente de Telecomunicaciones, Sandra Moreno como intendente del Agua, y Juan José Úbeda como intendente de los Consumidores.

“Tengo entendido que al señor que estaba como superintendente (Víctor Guerrero) ya se le indemnizó; entonces se tendrá que nombrar a alguien nuevo. Ahí tendremos que sentarnos. Fijate que el consenso es tan bueno, que la idea de que se escojan nuevos funcionarios porque ya se indemnizó a los que estaban, fue del PLC, no de la ALN. Podrán ser candidatos si quieren, tengo entendido, pero no quiere decir que estén los votos dispuestos para ellos”, añadió.

LA PRESIÓN DE ORTEGA

Ante el difícil escenario, Ortega cerró el 2007 ordenando la reclusión del ex mandatario Arnoldo Alemán en su hacienda El Chile, debido a que no logró conseguir el respaldo de la bancada del PLC para las nuevas reformas constitucionales y los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).

Además, la Fiscalía General de la República decidió que a Montealegre se le abra el sigilo bancario, para determinar si obtuvo o no ganancias irregulares en el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis).

Tanto los representantes del PLC como de la ALN aseguran que ambas decisiones forman parte de las presiones de Ortega con el propósito de obtener los votos necesarios para las reformas que le permitirían reelegirse en la Presidencia.

RECORTARÁN MÁS ATRIBUCIONES

Pero ante las presiones, el diputado liberal José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia del parlamento, informó ayer que en este mes el Bloque Contra la Dictadura aprobará una ley que facultará al parlamento a publicar leyes cuando el Presidente de la República, mediante actos irregulares, no lo haga.

En la actualidad, Ortega se niega a publicar el nuevo Código Penal, alegando que el documento enviado por el parlamento no es el que en realidad se aprobó.

“Lo que manda (el proyecto) es que una vez que se mande a publicar esa ley, así se haga, sin atrasos ni subterfugios que interrumpan el proceso de publicación de una ley, porque si no el Ejecutivo estaría asumiendo de hecho funciones que la Constitución no le concede”, advirtió Pallais.

Los liberales sostienen que Ortega no ordena la publicación del nuevo Código Penal para afectar al ex mandatario Arnoldo Alemán, quien con la nueva ley vería recortada a la mitad su condena a veinte años de prisión por fraude al Estado.

INTERPRETACIÓN DE LEY DE AMPARO

Por otro lado, Pallais indicó que en enero pujarán por la aprobación de una interpretación auténtica a la Ley de Amparo, para aclarar que las leyes no pueden ser recurridas antes de su publicación.

“Los dictámenes ya los estamos trabajando e incluso hay borradores de dictámenes que los haremos circular a partir del diez de enero”, manifestó Pallais, quien añadió que convocará a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, para el 11 de enero, para tramitar los proyectos.