Las imágenes que retransmitió CNN sobre la liberación de las políticas colombianas Clara Rojas y Consuelo González, quienes permanecieron cinco y seis años en cautiverio, respectivamente, como rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), no pudieron ser más conmovedoras. “Hemos vuelto a nacer”, dijo Rojas, con la voz quebrada por la emoción, cuando fue liberada. Y nunca fue tan bien dicha esa frase, porque durante su cautiverio esas mujeres estuvieron prácticamente muertas pero han renacido al recobrar su libertad.
La liberación de las dos señoras colombianas ha sido un indiscutible logro político y propagandístico del presidente venezolano Hugo Chávez. Pero esto es irrelevante. Lo más importante es que las dos mujeres fueron liberadas. Esto es causa de la infinita gratitud de ellas y sus familiares, y motiva el reconocimiento de toda la sociedad y del Gobierno colombianos. Pero, además, es un hecho sin precedentes en la historia de la lucha armada y del narcoterrorismo colombiano, lo cual satisface a la comunidad internacional que ha estado pendiente del drama de todos los rehenes de las FARC, particularmente y por razones obvias del caso de Clara Rojas y Consuelo González.
Pero la liberación de estas dos señoras demuestra que todos los rehenes de las guerrillas narcoterroristas de Colombia también pudieran ser liberados inmediatamente si así lo gestionara el presidente venezolano Hugo Chávez y lo quisieran sus camaradas y amigos de las FARC. Cabe recordar que en poder de éstas se encuentran 45 personas secuestradas exclusivamente por razones políticas, entre ellas la emblemática ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, y más de 700 otros rehenes por quienes los narcoguerrilleros exigen rescates económicos.
Por otra parte, no sólo el presidente venezolano Hugo Chávez, sino también otros gobernantes latinoamericanos que se ufanan de ser amigos de las FARC, como el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, podrían ayudar a la liberación de todos los secuestrados colombianos. El presidente Ortega ha dicho incluso que el comandante supremo de las FARC, Manuel Marulanda, alias “Tirofijo”, es su hermano del alma y lo ha condecorado con la Orden del FSLN. ¿Por qué, entonces, estos gobernantes amigos de las FARC y de “Tirofijo” no presionan o persuaden a los secuestradores para que dejen en libertad a sus víctimas?
La situación de las personas secuestradas, en Colombia o en cualquier otra parte del mundo, es mucho más cruel y angustiosa que la que padecen los presos políticos y de conciencia que abundan, por ejemplo, en Cuba, en China comunista y en el Irán fundamentalista. El preso político y de conciencia, por muy tiránico que sea el régimen que lo tiene encarcelado, es un prisionero institucional y sabe que sus captores por lo menos se someten a ciertas formalidades legales. Pero la persona secuestrada está absolutamente desprotegida, se encuentra a merced de la voluntad, del estado de ánimo y aun del capricho del secuestrador, que es en todos los casos un criminal inescrupuloso sin ley y sin Dios, aunque algunos de ellos invoquen motivos religiosos para justificar sus crímenes. El secuestrador es un delincuente aberrado, su delito constituye uno de los más crueles atentados contra la dignidad humana de sus víctimas, las que por lo general nada tienen que ver con los conflictos en curso y que en muchos casos son mujeres, niños y ancianos absolutamente indefensos.
Al respecto cabe considerar, además, que los prisioneros de guerra, ya sean de contiendas bélicas internacionales como de conflictos armados civiles y nacionales, están protegidos por una Convención Internacional que les garantiza sus derechos y los protege de cualquier clase de abusos por parte de sus captores. Pero las personas secuestradas no tienen ninguna protección jurídica ni política. Los rehenes están a merced de criminales sanguinarios, y su única esperanza es que algún gobernante amigo y hermano del alma, de sus secuestradores y verdugos, se compadezca de su situación y gestione su libertad, tal como lo ha hecho Hugo Chávez con las señoras Clara Rojas y Consuelo González.
La comunidad democrática internacional debería presionar a los gobernantes amigos y camaradas de los secuestradores, para que ayuden a poner en libertad a sus víctimas inocentes. Y que de esa manera puedan renacer todos aquellos seres humanos que por estar secuestrados son como muertos en vida
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