Escrito por Julio Fumero
La pareja presidencial en Guatemala se divorcia para seguir en el poder26 de marzo de 2011, 08:47Guatemala, 26 mar (PL) El divorcio en trámite de la pareja presidencial se mantuvo en la cresta de la ola informativa esta semana en Guatemala, cuando los protagonistas salieron públicamente en defensa de su decisión.
Tras revelarse la petición de esa separación conyugal, los medios de prensa no cesan en publicar opiniones acerca de lo normal o no de una acción enrumbada a permitir a la primera dama, Sandra Torres, optar por la jefatura de Estado en las elecciones de septiembre.
Torres y el mandatario Alvaro Colom preferían mantener el caso en el ámbito privado, como es lo lógico por su carácter personal, pero ataques e incluso abiertas encuestas para beneplácito del interés mediático los presionaron y aceptaron el reto.
El primero en rebatir argumentos fue Colom, quien en varias ocasiones, sobre todo ante las cámaras de televisión, defendió esa determinación y golpeó con sus palabras a las que calificó de fuerzas oscuras opuestas a la candidatura de su esposa.
Torres, por su parte, citó a conferencia de prensa para ofrecer sus puntos de vista sobre la legitimidad de ese paso dirigido a evitar obstáculos desde hace rato interpuestos por el vínculo familiar, que presuntamente viola preceptos constitucionales.
La ya proclamada aspirante por la coalición de la gubernamental Unidad Nacional de la Esperanza con la Gran Alianza Nacional concluyó sus alegatos con la afirmación de que se está divorciando del presidente, pero casando con el pueblo.
Otro tema de repercusión nacional, aunque su atención en los medios fue tan efímera como de horas apenas, fue el arresto y envío a prisión preventiva del ex ministro de Gobernación Salvador Gándara.
Para emprender esa acción con el titular del Interior hasta su renuncia a mediados de 2009, previamente le fue retirada la inmunidad por su cargo de alcalde de Villa Nueva, un municipio aledaño a esta capital, en el cual lleva tres periodos consecutivos.
A Gándara le imputan los delitos de concusión y lavado de dinero por 1,7 millones de quetzales (unos 225 mil 165 dólares) por transacciones utilizadas para la compra de pasajes aéreos y un auto para su esposa, fundamentalmente.
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