Pacto y legalización, mitos.

Con PRI, control de bandas.

La crisis de la seguridad interior por el activismo violento y escalado de las bandas del crimen organizado y los cárteles de la droga ha llevado ya al terreno de un debate artificial sobre los tres mitos geniales:

1.- El pacto gubernamental con los capos del crimen organizado.

2.- La legalización de todas las drogas prohibidas.

3.- El retiro del Ejército de las calles.

Cada uno de los puntos se ha encendido al calor de las pasiones de las circunstancias:

1.- ¿De veras quieren que el gobierno pacte con los narcos? ¿Se puede pactar con Joaquín El Chapo Guzmán, con el temible criminal El Lazca o con Vicente El Mayo Zambada? ¿Pactar qué? ¿Una amnistía para perdonarles sus crímenes? ¿Un acuerdo para permitirles actuar en la legalidad y vender sus drogas en puestos callejeros? ¿Un aumento en el consumo de drogas en una sociedad mexicana desarticulada y sin valores?

En el pasado priista no hubo pacto con las bandas del crimen organizado. En realidad, estructuras policiacas, políticas y de seguridad nacional controlaban a las bandas. ¿No tuvo Rafael Caro Quintero una credencial de la Dirección Federal de Seguridad firmada por el secretario de Gobernación en 1985, Manuel Bartlett Díaz? ¿Alguien olvidó que la policía judicial federal del priismo estaba al servicio de los narcos? ¿No fue jefe de la policía Arturo El Negro Durazo y desde ahí controló a los capos? ¿Ese pasado fue el mejor?

Los capos nunca han estado preparados para la legalidad. Su mundo es la clandestinidad. ¿Podría ser El Chapo senador o gobernador, si se legaliza la droga? ¿Podría ser El Mayo Zambada secretario de Gobernación? ¿Y podría llegar El Lazca, temible fundador de Los Zetas, a secretario de Seguridad Pública? ¿O qué otra cosa se pactaría a cambio de que depongan las armas?

2.- La legalización de la droga como mecanismo para desaparecer la violencia es otro mito genial. En Estados Unidos no está legalizada la marihuana. En una quincena de estados se permite el consumo por razones medicinales en enfermos terminales. La tolerancia en el consumo ha llevado a la pérdida del control social sobre espacios territoriales. Hoy los cárteles mexicanos de la droga dominan el mercado al menudeo en alrededor de dos mil 500 ciudades del territorio estadounidense.

La violencia en el Chicago de los años veinte del siglo pasado no terminó con la legalización del alcohol, sino cuando el Estado decidió liquidar la corrupción judicial, cesó a los policías que protegían a los narcos y le cortó las alas a los alcaldes amigos de Al Capone. La legalización del alcohol aumentó el consumo y se convirtió en el segundo problema social del país, seguido por el tabaco. El aumento en el consumo es una de las razones por las que la Casa Blanca no legaliza el consumo.

La legalización sería la aceptación de la derrota. Y llevaría a sentar jurisprudencia criminal: si no se puede acabar con la corrupción, entonces hay que legalizarla; si no se puede terminar con la pedofilia, entonces a legalizarla; si no se puede terminar con la pobreza, entonces darle un estatus social; si no se puede terminar con el fraude electoral, entonces reconocerlo en las leyes.

3.- Si el Ejército se retirara mañana de las calles, ¿quién cuidaría a la sociedad? La participación de los militares en la lucha contra la delincuencia está basada en tres razones: su papel constitucional en la seguridad interior, su organización como última instancia de combate contra las bandas de narcos que ya rebasaron a las autoridades y a los policías y su blindaje contra la corrupción.

¿Alguien ha hecho un cálculo del número de mexicanos muertos, heridos o afectados por el consumo de drogas que ha provocado el narcotráfico desde que irrumpió violentamente en la vida nacional con el asesinato del periodista Manuel Buendía, columnista de Excelsior, en mayo de 1984? La prensa ha sido amenazada y algunos informadores han sido asesinados por las bandas criminales, a excepción del trato privilegiado de capos a algunos periodistas, como el dado por El Mayo Zambada a Julio Scherer García, director de la revista Proceso, en una visita social que no produjo algún reporte informativo novedoso. Hasta ahora ningún periodista ha sido asesinado por el gobierno o por los militares. Y las amenazas contra informadores han salido de las mafias del narcotráfico.

El Ejército constituye la última línea de defensa de la ciudadanía ante el embate del crimen organizado y del narcotráfico. ¿Realmente quieren los ciudadanos que el Ejército se retire de las calles y regrese a sus cuarteles? Según las últimas encuestas de Beltrán y Asociados (28 de febrero y 14 de marzo de 2011), el 73% de la población apoya la estrategia del Estado en contra de la delincuencia organizada, el 78% considera al Ejército como la institución con el nivel más alto de confianza en el país, el 85% estima que el Ejército y Fuerza Aérea protegen a las familias, y el 77% asume que las fuerzas armadas promueven el respeto a los derechos humanos.

Y la Primera Encuesta Nacional GEA-ISA de marzo de 2011 concluyó que el 67% de los ciudadanos está de acuerdo en que el Ejército participe directamente en los operativos para combatir al crimen organizado. Ahora se sabe que las marchas contra el Ejército en el norte del país han sido organizadas por los cárteles de la droga a través de grupos de derechos humanos a su servicio, como lo probó el caso de Josefina Reyes Salazar.

El pacto con los narcos, la legalización de la droga y el retiro del Ejército de la lucha por la seguridad interior no resuelven los problemas pero sí representan la aceptación de la derrota del Estado y la sociedad y la entrega del gobierno, del Estado y de las calles al crimen organizado y al narcotráfico.

Mauricio

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