LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL DERECHO DEL TRABAJO ANTE LA CRISIS

Carlos de Buen
30/04/09
"La seguridad social y el derecho del trabajo han sido y seguirán siendo los más grandes motores del bienestar. Ocurrió en la Alemania de Bismarck de 1883, con el primer sistema de seguridad social y, ahí mismo, en 1919, con la Constitución de Weimar que reconoció el derecho al trabajo, la libertad de coalición, la seguridad social, el seguro de desempleo y la cogestión. Ese mismo año se firmó el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial y creó la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para acompañar el desarrollo de los pueblos, que no podría darse sin el respeto a los derechos laborales fundamentales.

Funcionaron de nuevo en el New Deal de Franklin D. Roosvelt, para sacar a EU de la Gran Depresión y estuvieron ahí también, para enfrentar la crisis de la Segunda Guerra Mundial, tanto en el proyecto socialdemócrata de Beveridge en Reino Unido, como en la respuesta que encabezó Konrad Adenauer en Alemania, con su proyecto demócrata cristiano.

Surgió el Estado de Bienestar como la síntesis del New Deal, la Social Democracia y otros esfuerzos, como el caso de Suecia, que había probado que un Estado podía ser democrático, progresivo, y estable política y económicamente, con políticas desarrollistas dirigidas al crecimiento económico y al bienestar social.

Demasiado alejada del desarrollo europeo y estadounidense, Latinoamérica no participó por igual del progreso que propició el nuevo orden económico, pero aún así, algo le dejó el modelo proteccionista de “sustitución de importaciones”, que trajo aparejadas algunas medidas de seguridad social como servicios de salud, la protección frente a los riesgos profesionales y las pensiones por vejez e incapacidad. Creció la estabilidad en el empleo y mejoraron los salarios y las condiciones de trabajo y, con ellos, vino el crecimiento económico sostenido y estable. No es casualidad que la vigencia de la primera Ley Federal del Trabajo y de la primera Ley del Seguro Social haya coincidido con los mejores tiempos de la economía mexicana.

Pero llegó la crisis en los setenta y los políticos populistas latinoamericanos no supieron hacerle frente. La inflación se convirtió en un mal endémico, que se sumó a los grandes desequilibrios en las finanzas públicas, a los desfalcos monumentales en las arcas públicas, a los capitales especulativos golondrinos y al surgimiento espontáneo de fortunas inimaginables, todo en medio de una gran corrupción.

Las respuestas, dictadas desde el Fondo Monetario Internacional, culparon a los salarios, la seguridad social, el derecho del trabajo y la supuestamente excesiva intervención estatal, que en realidad había protegido, sobre todo, al capital. Se pusieron de moda la flexibilización, la privatización y una concertación social que en el caso de México fue mera simulación, con la complicidad de las centrales sindicales corporativas.

Se trataba, a fin de cuentas, de abaratar la mano de obra para poder competir en la aldea global, sin tener que sacrificar las ganancias de los empresarios, quienes ante la apertura económica sufrieron las consecuencias de su imprevisión y su incompetencia, y con su fracaso y el de sus gobiernos llevaron al desempleo a millones y demandaron costosos rescates para las instituciones financieras y otras grandes empresas, que todos tuvimos que pagar.

Después de un largo y doloroso tratamiento, el remedio ha sido más grave que la enfermedad. Como consecuencia de las medidas de ajuste, la pobreza ha aumentado, los salarios han bajado y la brecha social se ha incrementado con un notable debilitamiento de los mercados internos.

Nadie ha demostrado jamás que exista alguna relación entre las crisis económicas y el desarrollo del derecho del trabajo y de la seguridad social. Por el contrario, como instrumentos de equilibrio, han influido favorablemente en el desarrollo industrial, mejorando las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias, reduciendo la conflictividad y creando medios pacíficos para resolver los problemas obrero-patronales.

Desde luego es plausible el propósito de lograr un buen crecimiento económico, controlar la inflación y recuperar el equilibrio en las finanzas públicas. Lo que ponemos en tela de juicio son los medios y los costos sociales de los ajustes.

Mientras que el director de la OIT, Juan Somavía, advierte que las crisis son tiempos para reforzar los derechos laborales y no para debilitarlos, y Barack Obama señala que los sindicatos no son parte del problema sino de la solución, el gobierno de Felipe Calderón sigue promoviendo el abaratamiento de los costos laborales mediante el trabajo temporal, la tercerización, los paros técnicos, la facilitación del despido y sus ataques a la autonomía sindical.

Es necesario invertir en empresas intensivas de mano de obra, pero también de capital y, desde luego, en la formación profesional; apoyar a los empresarios nacionales, aprovechando los resquicios que siempre quedan en los acuerdos comerciales internacionales; crear incentivos fiscales para quien genere empleos, pero también para quien los conserve; facilitar el tránsito de la economía informal a la formal; sustituir aquellos programas asistenciales y clientelares por otros que realmente impulsen el desarrollo, mediante la creación de riqueza y la generación de empleos formales que puedan insertarse con éxito en la economía competitiva; impulsar la educación de calidad; invertir en serio en la investigación científica; incrementar la infraestructura en comunicaciones, transportes, energía y otras áreas prioritarias del desarrollo; eliminar los monopolios y oligopolios y crear las condiciones para una sana competencia; transparentar las acciones de gobierno, combatir la corrupción y la impunidad y avanzar en la confiabilidad de los sistemas jurisdiccionales.

Las tareas son muchas y los tiempos son difíciles. Por lo mismo, hay que poner manos a la obra."