La alianza electoral PLI-UNE, la cual postula la candidatura presidencial de don Fabio Gadea Mantilla y para vicepresidente al doctor Edmundo Jarquín Calderón, ha rectificado su anterior decisión inconstitucional de inscribir como candidatos a diputados, a dos alcaldes que no renunciaron a sus cargos por lo menos un año antes de las elecciones del próximo 6 de noviembre, tal como lo manda la Constitución Política de la República.
En efecto, el artículo 134 de la Constitución dice expresamente: “No podrán ser candidatos a diputados propietarios o suplentes: a. Los ministros, viceministros de Estado, magistrados del Poder Judicial, del Consejo Supremo Electoral, los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, el procurador y subprocurador general de Justicia, el procurador y subprocurador para la defensa de los Derechos Humanos, el fiscal general de la República y el fiscal general adjunto de la República y los alcaldes, a menos que renuncien al cargo doce meses antes de la elección”.
El viernes de la semana pasada, en este mismo espacio editorial criticamos a la alianza PLI-UNE al señalar que “demuestra falta de coherencia democrática y pierde autoridad en su denuncia de la ilegitimidad de la candidatura presidencial de Daniel Ortega —porque este viola flagrantemente el artículo 147 de la Constitución—, al llevar como candidatos a diputados a alcaldes que se mantienen aferrados a los cargos edilicios; y por lo tanto violan también de manera flagrante el artículo 134 de la Constitución, el cual dice expresamente que no pueden ser candidatos a diputados los alcaldes, ‘ a menos que renuncien al cargo doce meses antes de la elección’ ”.
Nos referíamos a la inscripción como candidatos a diputados por la alianza PLI-UNE, de los alcaldes liberales del municipio de San José de Bocay, en el departamento de Jinotega, y del municipio de Siuna en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN). Sin embargo, ahora la alianza electoral PLI-UNE ha anunciado que retirará de sus listas de candidatos a diputados a esos alcaldes que están inhibidos por la Constitución, y los sustituirá con personas que no tengan impedimentos constitucionales ni de ninguna otra clase.
En realidad, independientemente de que, en general, la política que se practica actualmente en Nicaragua es corrupta y matrera (o sea pérfida, engañosa, cimarrona y mañosa), o más bien dicho, precisamente por eso, quienes están ofreciendo a la nación una alternativa distinta — no solo democrática sino también transparente y ética—, tienen la obligación de actuar conforme a lo que predican... LEE TODO. ESTO ES EN NICARAGUA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario