EN NICARAGUA LA JUSTICIA QUE HUELE MAL...

(Editorial La Prensa ni)

A William Shakespeare pertenece la frase célebre: “algo huele mal en Dinamarca”, que escribió en una de sus tragedias más conocidas, como es Hamlet. Expertos en idioma inglés y traductores literarios de dicha lengua al español, advierten que la frase exacta que escribió Shakespeare en la obra mencionada significa en realidad “algo está podrido en Dinamarca”. Pero de cualquier manera que sea, la expresión se ha usado desde hace cuatro siglos para indicar que algo anda muy mal en determinado lugar, ya sea país o ámbito de la vida política y social.

En Nicaragua no es algo sino mucho lo que huele mal, en todos los ámbitos del poder político, estatal y gubernamental. Y sobre todo no huele bien el Poder Judicial, que debería ser el más honorable pero por la deleznable actuación de sus representantes se ha convertido en la institución estatal menos confiable y más despreciada por los ciudadanos nicaragüenses.

Entre los últimos casos de actuación deplorable del Poder Judicial, hay que mencionar ante todo la escandalosa resolución que manda al Estado a “indemnizar” a Byron Jerez con la suma de 20 millones de córdobas (más o menos un millón de dólares), por la flotilla de camionetonas que le decomisaron cuando fue acusado por fraude contra el Estado, específicamente por no haber pagado los impuestos aduaneros correspondientes.

Otro caso relevante de los muchos que hacen oler mal al Poder Judicial de Nicaragua, es el de la politización y partidarización de la administración de justicia. Es insólito, por ejemplo, que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia actúe como un operador político promotor de la reforma constitucional para que Daniel Ortega se pueda reelegir en el cargo presidencial; y que otro magistrado de la cúpula del Poder Judicial, presida una actividad partidista de entrega de carnés de afiliados al FSLN, a jueces y empleados de esa institución estatal.

Todos los nicaragüenses, incluyendo a los que ejercen cargos de jueces o magistrados, tienen derecho de escoger la opción política que mejor les parezca y les convenga. Pero el sentido de ecuanimidad que caracteriza la función judicial obliga a la persona que la ejerce en cualquier instancia, ya sea como juez o como magistrado, a actuar decorosamente, de manera imparcial, independiente y profesional. Sin embargo, como lo reconoció hasta el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, cuando vino a Nicaragua para mediar en uno de los interminables conflictos políticos entre los poderes del Estado, aquí la justicia ha sido politizada y la política judicializada. Peor todavía, la justicia ha sido partidarizada e inclusive subordinada a un caudillo absolutista.

Son muchos, en realidad, los focos del mal olor que emana de la “justicia” nicaragüense. Otro de ellos es la utilización del Poder Judicial como instrumento de represión contra personas críticas y opositoras al gobierno de Daniel Ortega, a las que éste ve como obstáculos a sus planes de perpetuarse en el poder y las trata como enemigas. Tal es el caso del dirigente liberal democrático Eduardo Montealegre, a quien el Gobierno le imputa un grave delito que evidentemente no cometió, en el políticamente manipulado caso de los Cenis; acusación en la que involucran también al director de LA PRENSA, don Jaime Chamorro Cardenal, para castigarlo personalmente y para reprimir a este medio de comunicación social, porque es un baluarte de la lucha contra la corrupción gubernamental orteguista y por la defensa de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos de todos los nicaragüenses.

Lo hemos dicho antes pero tenemos que repetirlo: Nunca en la historia del Poder Judicial de Nicaragua, ni siquiera en los peores momentos de la dictadura somocista y de la primera dictadura sandinista, la administración de justicia había sido tan manoseada y pateada como lo es ahora. Aun durante el somocismo, los magistrados y jueces se enorgullecían de su profesionalismo institucional, salvo algunas deshonrosas excepciones. Y durante la primera dictadura sandinista, hasta se dio el caso de que varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia prefirieron renunciar a sus cargos y privilegios, antes que aceptar que las directrices del partido en el poder torcieran y envilecieran los fallos judiciales.

El Libertador Simón Bolívar dijo una vez que “desterrada la justicia que es vínculo de las sociedades humanas, muere también la libertad que está unida a ella y vive por ella”. Y ciertamente que es así. Con el destierro de la justicia en Nicaragua está muriendo la libertad de todos los nicaragüenses.