31/07/08
Opinión: Carlos de Buen.
Especialista en derecho laboral.
DEFENDER AL DERECHO
Un par de artículos reciente nos ha hecho reflexionar sobre el valor que el Derecho tiene per se, más allá de los intereses subjetivos que puedan estar en juego
Tratan dos temas sin conexión aparente, pero en ambos destaca el problema del respeto a las leyes, aunque desde puntos de vista contradictorios.
El 18 de julio recibimos un artículo de Óscar Blanco, prestigiado laboralista colombiano, en el que comenta que el presidente de la República y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de su país se reunieron a limar asperezas, a instancias de la iglesia católica, reunión que iniciaron hincados ante el “Santísimo”, violando así la Constitución colombiana, que prohíbe a las autoridades hacer públicas sus prácticas religiosas.
En su artículo, Blanco señala los medios institucionales para dirimir las diferencias entre los poderes y critica la decisión de Álvaro Uribe de “ventilar ante el pueblo” las decisiones de otras autoridades, al promover reformas constitucionales y convocar a plebiscitos, sin acudir a las vías institucionales.
Al parecer, la popularidad que el Presidente colombiano ha ganado en su combate a las FARC, lo ha alentado a ir más allá de lo que la ley le permite, a sabiendas de que el pueblo aprobará y aplaudirá sus acciones, no obstante que al realizarlas o celebrarlas, viole tanto el derecho interno como el internacional, como ocurrió cuando ordenó invadir el territorio ecuatoriano y cuando al menos uno de sus soldados utilizó indebidamente la insignia de la Cruz Roja en el rescate de Ingrid Betancourt y otros rehenes.
Ciertamente, enfrentar a la guerrilla supone una decisión valiosa y valerosa a la que no se debe escatimar el reconocimiento que merece, pero hacerlo al margen de la ley es ponerse al mismo nivel de los guerrilleros.
Después de todo, el respeto a la ley es la diferencia fundamental entre un régimen democrático y uno totalitario, más allá de que el dictador haya llegado a la presidencia mediante un golpe de estado o a través de un proceso electoral, e incluso que pueda contar con el respaldo popular.
Por otro lado, el mismo lunes 21 salió en Reforma un artículo de Sergio Sarmiento, con el título “Derechos de Joe”, en el que habla sobre la situación de Joe Medellín, un reo de origen mexicano, que fue condenado a muerte en EU por un crimen que cometió en 1993, a los 18 años de edad. Señala Sarmiento que aunque se cumplieron sus derechos como detenido y se le proporcionó un abogado defensor, no se le informó que podía acudir al consulado mexicano, por lo que nuestro gobierno intervino ante la Corte Internacional de Justicia para tratar de anular la ejecución. Su texto comienza citando una frase de Charlene Hall: “Hay algunos crímenes tan espantosos que no puede haber un castigo más apropiado para ellos que la pena de muerte.”
Buscando información sobre esa autora, encontramos una página en Internet (www.murdervictims.com/voices/jeneliz.html) dedicada al crimen de Medellín, con una reseña firmada por la Sra. Hall. Por cierto, la página comienza con un recuadro en el que se acusa a la Casa Blanca de apoyar a los ilegales sobre los estadounidenses que trabajan duro y que a menudo son víctimas de sus crímenes. Los prejuicios saltan a la vista.
Desgraciadamente, crímenes como el de Medellín ocurren en todo el mundo, y si bien nació en México, de niño emigró a EU. En todo caso, Joe es mucho más producto de la sociedad estadounidense que de la mexicana.
Sarmiento opina que el gobierno mexicano no debería gastar los recursos de nuestros impuestos en defender a un violador y asesino confeso de dos menores de edad y recurre a la fórmula de proporcionar los detalles de los ataques para despertar sentimientos de odio. Agrega, sin fundamento, que a la Secretaría de Relaciones Exteriores no le interesa la situación de las menores.
Lo cierto es que a la SRE no le correspondía preocuparse por los derechos de las víctimas –de los que se han encargado ya las instancias correspondientes–, sino exigir el cumplimiento de la Convención de Viena por parte de EU. Es evidente que ha cumplido su tarea al obtener la resolución favorable de la Corte Internacional y hacer las gestiones que llevaron al presidente Bush a pedir al Estado de Texas que suspenda la ejecución.
Hay que recordar además que después de muchas décadas en que no se utilizó la pena de muerte, recientemente se suprimió de nuestra Constitución, lo que justifica plenamente que nuestro país procure evitar que se aplique a los mexicanos en el extranjero.
Al promover este tipo de juicios y tratar de que no se ejecute la sentencia, la SRE no hace sino exigir el respeto de los compromisos internacionales y actuar conforme a los principios del derecho mexicano.
Compartimos la indignación de Sergio Sarmiento ante un crimen como el cometido por Joe Medellín, quien tal vez no merezca nada menos que la muerte e incluso vale pensar que sea ésta una pena benévola para él. Nada de ello, sin embargo, nos autoriza a pasar por alto el Derecho, con tal de satisfacer nuestros odios.
Insistimos en que más que los derechos subjetivos de los inculpados, lo que aquí está en juego es el estado de Derecho y así como Álvaro Uribe, valiéndose del apoyo popular, ha optado por no respetar el derecho internacional ni su propia Constitución, Sarmiento critica a la SRE por hacer valer nuestras leyes y principios y quizás aplauda la decisión del gobernador texano de negarse a suspender la ejecución, argumentando que su Estado no firmó aquella Convención.
A veces la ley resulta incómoda y hasta injusta, pero de todas formas hay que respetarla. Pensar de otra forma supone que cualquiera pueda esgrimir que la justicia lo legitima para hacer lo que su conciencia le dicta, así sea un guerrillero, un terrorista o un fundamentalista de cualquier credo. Actuar así, a la larga, causará daños más graves por bondadosos que sean los deseos que animen la conducta. Ejemplos sobran, a donde quiera que volteemos.
Copyright 2008, Prensa de Negocios S.A. de C.V.
http://www.elsemanario.com.mx/opinion/print.php?story_id=8951
1 comentario:
Muy sabio aquel dicho de "hacer de abogado del diablo" y es lo que me significa este escrito muy bien redactado y que una parte de la verdad muy convincente.
Pero, hay siempre un pero, en el análisis del ponente, se olvida los múltiples programas y diálogos que se han sustentado con las FARC para llegar a una paz verdadera donde los poderes institucionales sean los que gobiernen y las instituciones democráticas sean las que actúen contra cualquier abuso de esos poderes.
Eso sería por supuesto un atenuante ante las violaciones que se pudieran haber cometido en la búsqueda de los irrefutables y no condenables resultados que han satisfecho los deseos de la mayoría del pueblo colombiano.
Si las alfombras blancas que se le han tendido a los elementos subversivos en Colombia, no han logrado esos resultados, entonces, desgraciadamente, entonces no queda de otra que acudir a subterfugios que aisladamente, como los denuncia este señor, pueden resultarnos incorrectos.
No se preocupe por el mensaje que pueda mandarsele a los terroristas acerca de otorgarle derechos para cometer sus fechorías, ellos desde sus orígenes se han sentido con esos derechos y lo han sabido aplicar con la consabida relación gigantescas de víctimas.
No debe olvidarse este buen señor que los terroristas ven los actos de buena voluntad, siempre, como una debilidad del enemigo, por lo que como decían nuestros padres, no se puede andar con pañitos tibios al final con estos elementos.
hantofe.
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