MARCHAN CONTRA GUILLOTINA CHAVISTA.

CARACAS/AP
“Son unos vendepatria”

Los funcionarios afectados, que pensaban postularse para las elecciones que serán el 23 de noviembre, consideran que el contralor Clodosbaldo Russian vulnera la Constitución, que prevé que los candidatos no podrán optar a una elección sólo cuando “hayan sido condenados” por cometer delitos comunes durante el ejercicio de sus funciones y otros que “afecten el patrimonio público”.
El presidente Hugo Chávez defendió las acciones de Russian señalando que “estamos luchando contra la corrupción y los vendepatria nos acusan de corruptos. Él toma decisiones contra la corrupción y lo atacan”. Russian inhabilitó a 272 dirigentes, la mayoría opositores, alegando que algunos de ellos cometieron irregularidades, pero éstas no han sido ratificadas por tribunales.

Tribunal inhibe a 272 candidatos y éstos consideran su suspensión como “una patada a la Constitución”

Cientos de manifestantes, encabezados por el alcalde opositor Leopoldo López, marcharon ayer por las calles de Caracas en protesta por las inhabilitaciones a funcionarios públicos, las que fueron ratificadas según un fallo del Tribunal Supremo de Justicia.

El máximo tribunal judicial negó un recurso de nulidad contra las acciones de la Contraloría General, que inhabilitó a los funcionarios, en su mayoría opositores al gobierno de Hugo Chávez.

Los fallos de la Corte cierran la posibilidad para que 272 funcionarios que fueron inhabilitados por el contralor general, Clodosbaldo Russian, puedan postularse para las elecciones regionales de noviembre.

Encabezados por López, actual alcalde del municipio capitalino de Chacao, los manifestantes llegaron a pocos metros del edificio de la Defensoría del Pueblo, donde al menos 100 agentes de la Policía y la Guardia Nacional los detuvieron.

La Sala Político Administrativa anunció el miércoles que declaró “sin lugar” un recurso de nulidad contra las inhabilitaciones de la Contraloría, que solicitaron cinco concejales y el alcalde López.

Esta decisión coincide con una sentencia que emitió en la víspera la Sala Constitucional del máximo tribunal que declaró la constitucionalidad de un artículo que faculta a la Contraloría General para inhabilitar hasta por 15 años a un funcionario que incurra en manejos indebidos de fondos públicos.

“DECISIÓN CONTRA LOS CIUDADANOS”

La Sala Político Administrativa también declaró “improcedente” el recurso que presentó la semana pasada el dirigente opositor David Uzcátegui, para que se agilizara la decisión sobre una demanda que introdujo contra la Contraloría, que lo inhabilitó por supuestas irregularidades administrativas.

“El Tribunal Supremo tomó una decisión en contra de los ciudadanos, una decisión de tirar por la borda a la Constitución, una decisión de darle una patada a la Constitución”, dijo López durante una concentración en una plaza del Este de la capital.

López, quien es el más popular de los inhabilitados, responsabilizó directamente al presidente Hugo Chávez de las sentencias, y lo acusó de utilizar el Tribunal Supremo de Justicia y el resto de los poderes públicos.

López expresó que a pesar de su inhabilitación política seguirá en las calles para luchar por la defensa de la democracia y evitar la aplicación de los 26 decretos-ley que aprobó Chávez el pasado 31 de julio, al expirar un período de habilitación que le dio poder para legislar por un año y medio.

El Contralor defendió la inhabilitación política, que es una sanción administrativa, no penal, como mecanismo para luchar contra la corrupción.

López alega que no puede ser inhabilitado porque no hay sentencia firme contra él por corrupción, sólo acusaciones bajo investigación.