CIDH PARCIALIZADA EN HONDURAS

Editorial de La Prensa Ni. 190809

El Presidente provisional de Honduras, Roberto Micheletti, dijo tener “grandes reservas sobre la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encuentra en ese país para examinar la situación de los derechos fundamentales, tras el golpe de Estado al presidente depuesto Manuel Zelaya”.

La desconfianza del gobernante hondureño es justa, si se considera que la CIDH y la misma comisión que está ahora en Honduras, es presidida por una ex funcionaria del régimen de Hugo Chávez. Además, esta comisión es parte de la OEA, que expulsó de su seno a Honduras y ha hecho grandes esfuerzos para derrocar al gobierno del presidente Micheletti y restituir en el poder al destituido Manuel Zelaya.

En realidad, ¿cómo podría la CIDH realizar una investigación ecuánime, imparcial y ajustada a derecho, de la situación de los derechos humanos en Honduras, cuando ni siquiera ha querido escuchar al gobierno de Micheletti? Es evidente que la CIDH ha llegado a Honduras para condenar al Gobierno sin oírlo, sin reconocerle el derecho a la defensa, violando de manera flagrante la garantía del debido proceso, que es un principio básico del derecho internacional y de los derechos humanos universales.

No cabe ninguna duda de que la delegación de la CIDH llegó a Honduras llevando preparado el informe contra el gobierno del presidente Micheletti. Por eso es que no ha querido reunirse con él. Pero aún así, el Gobierno no ha puesto ningún obstáculo a la misión de la CIDH, en otra clara demostración de apertura democrática que están muy lejos de practicar los gobernantes caudillistas como Hugo Chávez y Daniel Ortega, a quienes, sin embargo, la nueva OEA sí califica y reconoce como legítimos y demócratas.

En realidad, es cierto lo que dijo la vicecanciller hondureña Martha Alvarado: “Preocupa de alguna manera la parcialidad que priva en varios organismos de derechos humanos en todas partes del mundo”, y agregó que “hay una enorme infiltración de la izquierda en las organizaciones de derechos humanos”. Acerca de esto es importante saber que desde el 16 de marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está presidida por la abogada venezolana Luz Patricia Mejía, quien encabeza también la misión de dicho organismo que se encuentra actualmente en Honduras. Desde el año 2000 Mejía sirvió al régimen de Hugo Chávez, un descarado y recalcitrante violador de los derechos humanos. Ella ejerció cargos de primer orden en la Defensoría del Pueblo —equivalente a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Nicaragua, la misma que Omar Cabezas maneja como si fuera un comité de base del FSLN— y en la Fiscalía General de la República, la cual también está al servicio incondicional de Hugo Chávez.

Precisamente por la identificación de esta presidenta de la CIDH con el régimen de Hugo Chávez, violador consuetudinario de los derechos humanos, el 13 de mayo del corriente año quince organizaciones no gubernamentales venezolanas, entre ellas la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, de la Iglesia católica de Venezuela, cuestionaron públicamente por sus “señalamientos que inequívocamente apoyan los graves ataques que han recibido sistemáticamente los y las defensoras de derechos humanos”.

De manera que la delegación de la CIDH y su presidenta sólo verán en Honduras las violaciones a los derechos humanos que denuncian aquéllos que han sido reprimidos por participar en las acciones insurreccionales convocadas por Manuel Zelaya y ordenadas por Hugo Chávez, pero no tendrá ojos ni conciencia para constatar las violaciones de los derechos humanos que los insurrectos zelayistas han cometido no sólo contra militares y policías, sino también contra personas civiles desarmadas e indefensas; ni reconocerá que en Honduras la censura de prensa y los atentados contra la libertad de expresión no los practica el gobierno de Micheletti, sino las bandas de zelayistas que agreden a periodistas y atacan con artefactos terroristas a periódicos independientes.

Pero lo más importante, de todas maneras, es que el gobierno de Micheletti existe y funciona. El secretario Insulza tuvo que recibir en Washington a una misión del Gobierno de Tegucigalpa. Una delegación de la OEA llegará ahora a Honduras, pero en plan de diálogo, no con la intención de derrocar al Gobierno como intentó hacerlo el domingo 5 de julio. Y todo esto significa un reconocimiento de hecho al gobierno provisional democrático de Micheletti, el cual, como diría Galileo Galilei, a pesar de todo existe y se mueve.