EN NICARAGUA, REFORMA TRIBUTARIA PERVERSA

(Editorial del Diario La Prensa 240809)

La reforma tributaria que propone el gobierno de Daniel Ortega, para afrontar la crisis presupuestaria que él mismo ha causado, es perversa, porque quiere hacer pagar a toda la nación las consecuencias económicas del fraude electoral que él cometió en las municipales del 9 de noviembre pasado.

Como se sabe, la crisis presupuestaria se debe a la suspensión de los fondos de cooperación externa para financiar el déficit presupuestario del Gobierno. De manera que para resolverla, bastaría con que Ortega admitiera el fraude electoral de noviembre y reconociera a las autoridades que realmente fueron elegidas por el voto popular. Y, además, que dé garantías de que las próximas elecciones nacionales serán libres y limpias, vigiladas por observadores nacionales e internacionales independientes. Si así lo hiciera, serían liberados de inmediato los casi cien millones de dólares para financiamiento al presupuesto, suspendidos por la comunidad donante que integra el Grupo de Apoyo Presupuestario (GAP), y esta crisis quedaría automáticamente resuelta.

Aparte de eso, la verdad es que tampoco habría crisis presupuestaria, o al menos no sería tan grave, si el gobierno de Daniel Ortega incorporara al presupuesto nacional los cuantiosos fondos de la cooperación venezolana, los cuales serán pagados a mediano y largo plazo por toda la población nicaragüense pero Ortega los maneja como si fueran su patrimonio personal, familiar y partidista. Sin embargo, en vez de reconocer el fraude electoral y corregir sus espurios efectos, y en lugar de transparentar la cooperación venezolana que es seis veces mayor que la cooperación del Grupo de Apoyo Presupuestario, lo que va a hacer Ortega es agredir con más y nuevos impuestos a los contribuyentes, cuando lo correcto sería que ampliara la base tributaria. Y al final, con esta reforma tributaria perversa no se va a resolver la crisis presupuestaria y en cambio habrá más recesión y se agravará la pésima situación económica nacional.

Economistas, expertos en tributación y empresarios privados independientes, han explicado con claridad que la reforma tributaria de Daniel Ortega es recesiva, que desalentará la inversión nacional y extranjera y que reducirá la actividad en todas las esferas de la economía nacional, la cual se va a deprimir mucho más de lo que ya está deprimida. En realidad, está comprobado que en una situación de recesión, o de crisis económica como la que sufre Nicaragua actualmente, lo lógico, prudente y necesario es aplicar medidas que apunten a reanimar la economía, ya sea por medio de la inyección de fondos públicos cuando se dispone de recursos y/o mediante la reducción de trabas fiscales, administrativas y políticas a la actividad empresarial.

Ciertamente, la experiencia histórica internacional ha demostrado que es una grave equivocación creer que los problemas económicos de un país o de un Estado, se resuelven haciendo pagar más impuestos y castigando con nuevas cargas fiscales a los pocos que siempre tributan y que por lo general son los únicos que cumplen esas obligaciones. Lo inteligente es racionalizar el cobro de impuestos y sobre todo ampliar la base de contribuyentes, haciendo que paguen todos los que por una u otra razón no aportan nada o lo que deberían pagar, porque se mueven en el turbio mundo de la informalidad.

Al respecto se conoce que el gobierno anterior venía avanzando de manera consistente en la confección de un plan para la ampliación de la base tributaria, con esfuerzo propio y apoyo de la cooperación internacional. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega mandó el plan al cajón de la basura y desperdició la cuantiosa inversión que se había hecho y los avances que se venían logrando. Es que la reforma tributaria en la mentalidad de Daniel Ortega no sólo es recesiva, sino también regresiva y retrógrada. Regresiva, porque quiere que el país vuelva a la desastrosa y miserable situación económica que había durante su gobierno de los años ochenta. Y retrógrada, porque se inspira en una concepción comunista originada en el siglo XIX, de que hay que castigar a los ricos sólo porque tienen riquezas, y confiscar paulatinamente a los propietarios mediante una política tributaria mal llamada progresiva y progresista.

Se trata de una política tributaria fracasada, muerta y sepultada —pero que los Ortega y los Chávez quieren exhumar—, cuyas líneas generales fueron plasmadas en los Principios de comunismo y el Manifiesto comunista que Marx y Engels escribieron en 1848.