El golpe de Estado no se ejecuta sólo bajo la modalidad clásica que se generalizó en América Latina durante el siglo XX, y que consiste en el derrocamiento violento del gobierno civil, por parte del Ejército, el cual asume todos los poderes estatales, suprime los derechos y libertades y gobierna por medio de la represión y el terror. Ejemplo típico de esa forma de golpe de Estado fue el que perpetraron las Fuerzas Armadas de Chile, bajo el mando del general Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973.
El golpe de Estado en Chile y prácticamente todos los que se realizaron durante esa época, en Brasil, Argentina, Bolivia, Guatemala y otros países de América del Sur y Centroamérica, se ajustaba casi exactamente a la definición jurídica que consignó el tratadista argentino Guillermo Cabanellas, como “usurpación violenta de los poderes públicos, en especial del Ejecutivo; absorción por éste de la función legislativa y sojuzgamiento de la judicial”.
No obstante, ya entonces se ejecutaban golpes de Estado con otras modalidades, como el que propinó el 27 de junio de 1973 el presidente del Uruguay, Juan María Bordaberri. Éste, con el respaldo de las Fuerzas Armadas disolvió el Parlamento y creó un sumiso Consejo de Estado con funciones legislativas, de contraloría y redactor constituyente. Y como el que perpetró el presidente del Perú, Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992, cuando disolvió el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, asumió temporalmente todos los poderes civiles y convocó a una asamblea constituyente para redactar y aprobar una nueva constitución. En ambos casos se les calificó como “autogolpes”, pero esa calificación era equivocada porque Bordaberri y Fujimori no se dieron el golpe de Estado contra sí mismos, sino que ellos, como jefes del Ejecutivo, lo dieron contra los otros poderes estatales y asumieron sus funciones.
Pero los golpes de Estado no son cosa del pasado. Lo que se ha hecho es afinar su técnica, pues ahora los golpes de Estado se ejecutan en el marco de las mismas constituciones y leyes, o de acuerdo con las interpretaciones que de ellas hacen los nuevos golpistas. Así, por ejemplo, en Venezuela, el presidente Hugo Chávez ha sometido por medios institucionales y legales a los otros poderes nacionales, lo mismo que a los gobiernos municipales, pues le ha quitado o disminuido sustancialmente sus funciones, presupuestos y capacidad recaudatoria a los alcaldes elegidos por el pueblo, y ha nombrado autoridades del Ejecutivo que están por encima de ellos. Y en Ecuador, el presidente Rafael Correa destituyó por medio del Tribunal Supremo Electoral a la mayoría de los diputados, que eran de oposición, y los sustituyó con personas sumisas a él para imponer su programa gubernamental extremista y cumplir su objetivo de perpetuarse en el poder.
En Nicaragua Daniel Ortega está imponiendo a los gobiernos municipales sus organismos partidarios llamados Consejos de Participación Ciudadana (CPC), anulando prácticamente el régimen constitucional de autonomía municipal. Y a pesar de que no ha destituido a los diputados —salvo a uno, del Partido Conservador—, Ortega ha sobornado al número suficiente de parlamentarios para asegurarse el control del Poder Legislativo y la aprobación de las leyes ordinarias de acuerdo con sus particulares intereses. Además, Ortega viola de manera flagrante el Artículo 138 de la Constitución, que manda al Presidente a solicitar y obtener de la Asamblea Nacional la confirmación del nombramiento de ministros y viceministros de Estado, presidentes y directores de entes autónomos, procuradores y funcionarios diplomáticos de alto rango.
Según dicen juristas expertos en el derecho constitucional, los nombramientos de tales funcionarios que no han sido ratificados por el Poder Legislativo, son nulos, y quienes los detentan podrían o deberían ser procesados. Pero la verdad es que no hay nadie que pueda corregir esta situación, en la que Daniel Ortega ha asestado un verdadero golpe de Estado, al usurpar funciones exclusivas de la Asamblea Nacional, a la que seguirá atropellando y arrebatando sus atribuciones mientras no haya voluntad y capacidad política para ponerle freno.
La democracia está desapareciendo bajo el atropello autoritario de gobernantes como Chávez, Morales, Correa y Ortega, pero sus modalidades de golpe de Estado y violaciones a la Carta Democrática Interamericana, no las ve ni las quiere ver la OEA de José Miguel Insulza, que sólo tiene ojos e incluso siente fobia para el gobierno de facto pero democrático de Honduras.
(Tomado del Diario La Prensa Nic. 250809)
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