PROBLEMAS DE LA OPOSICIÓN EN NICARAGUA.

En cualquier país democrático, la oposición política es tan necesaria e importante como el mismo gobierno, porque la buena gobernabilidad se basa en la interacción crítica entre ambos factores institucionales. Pero también en los países no democráticos, la oposición es indispensable para organizar a los distintos sectores sociales y dirigirlos en la lucha por la conquista de la libertad y la democracia.

En ambos casos, para cumplir apropiadamente sus funciones, la oposición tiene que organizarse bien y debe contar con planes estratégicos y claridad táctica, así como con propuestas nacionales realistas y creíbles de solución a los problemas sociales y nacionales. Es decir, tiene que ser una alternativa al gobierno establecido. De lo contrario, la oposición será reactiva, marginal e incapaz de influir sobre el gobierno de turno y mucho menos de tomar el poder para gobernar.

En Nicaragua, es evidente que la oposición va a la zaga de los acontecimientos, que carece de iniciativas importantes que sólo reacciona a lo que hace el gobierno de Ortega y juega en el terreno que éste quiere. Por ejemplo, ante el chantaje político por medio del Poder Judicial contra Eduardo Montealegre y Arnoldo Alemán, a fin de obligarlos a aceptar la reforma constitucional que le permita a Ortega presentarse como candidato a una nueva reelección presidencial, así como mantener el status quo en los poderes del Estado, la oposición reacciona desempolvando un controversial proyecto de amnistía para tratar de capearse del garrotazo judicial.

Algo parecido ocurrió cuando el fraude electoral en las municipales de noviembre de 2008. En aquel momento la oposición reaccionó con algunas protestas callejeras que rápidamente fueron disueltas por la fuerza bruta de las turbas oficialistas. Después la oposición quiso revertir el fraude mediante una ley ordinaria, pero ni siquiera pudo reunir los 47 votos indispensables para votarla. Igual hizo ante el descabellado abuso de poder de Daniel Ortega, quien mandó anular el artículo de la Constitución que prohíbe su reelección presidencial, por medio de una farsa de resolución judicial dictada por seis magistrados del FSLN a fines del año pasado. Y lo mismo ha ocurrido con el decreto inconstitucional de Ortega para mantener en sus puestos a los funcionarios que son elegidos por la Asamblea Nacional y se les han vencido sus mandatos o se les vencerán próximamente...CONTINÚA LEYENDO