La Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional indulto de Menem a un ex general de la dictadura.
Se sienta precedente y lo mismo se aplicaría a otros casos.
Mayra Pertossi
BUENOS AIRES/AP
Cifras de la guerra sucia.
Según las denuncias de los organismos de derechos humanos, 30,000 personas fueron muertas, secuestradas o desaparecidas durante la llamada “guerra sucia”. Los informes oficiales dan cuenta de 13,000 casos.
En 1985 un tribunal enjuició y condenó a los líderes de dictadura por violaciones a los derechos humanos, pero en 1986 y 1987 violentos levantamientos militares obligaron al entonces presidente Raúl Alfonsín a impulsar la sanción de la Ley de Punto Final —que terminó los procesos abiertos contra represores— y la de Obediencia Debida —que exculpó a los cuadros menores de las Fuerzas Armadas que habían sido obligados a cumplir órdenes—.
Además de la causa por violaciones a los derechos humanos por la que se anuló su indulto, el ex general Santiago Omar Riveros se encuentra bajo arresto desde agosto del 2000 por el robo de menores nacidos en cautiverio, un delito que había escapado a los juicios contra los represores.
Esa causa fue elevada a juicio oral en abril de este año.
Contradicción
El constitucionalista Gregorio Badeni expresó sus dudas respecto del fallo. “Lo que me preocupa es que en la década de 1990 la Corte Suprema (entonces integrada por jueces afines a Menem) había declarado la validez del indulto (al general retirado) Riveros, de modo que no comprendo con qué argumentos la Corte ahora ha ido en contra de su propio fallo anterior”.
La Corte Suprema argentina declaró el viernes inconstitucional el indulto otorgado en 1989 a ex militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1976 a 1983, informó oficialmente ese tribunal.
En un fallo dividido, cuatro de los siete integrantes de la Corte declararon la nulidad del indulto que el entonces presidente Carlos Menem concedió a varios ex militares, entre ellos el ex general Santiago Omar Riveros, contra quien pesaban decenas de causas por delitos de lesa humanidad y que aún no había sido condenado.
Dos magistrados votaron en disidencia y otro se abstuvo de hacerlo.
Aunque el fallo se refiere sólo a Riveros —ya que el suyo fue el caso en llegar a esa instancia—, al anular el decreto de indulto que también incluía a otros ex militares, la Corte abre el camino para que jueces de instancias inferiores decreten también la inconstitucionalidad de otros indultos que Menem concedió en 1989 y 1990.
Así lo explica la Corte en un comunicado oficial al que tuvo acceso AP: “Con los votos de los jueces (Ricardo) Lorenzetti, (Elena) Highton, (Juan Carlos) Maqueda y (Eugenio) Zaffaroni, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró hoy la inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo Nacional mediante el cual había sido indultado, entre otros, Santiago Omar Riveros”.
La Corte argumentó su fallo sosteniendo que “los delitos de lesa humanidad, por su gravedad, son contrarios no sólo a la Constitución Nacional, sino también a toda la comunidad internacional, razón por la cual la obligación que pesa sobre todos los Estados de esclarecerlos e identificar a sus culpables surge también de los tratados internacionales y aún del ius cogens, que es la más alta fuente de derecho internacional, no susceptible de ser derogada por tratados en contrario”.
En un comunicado, Menem defendió el indulto y acusó al actual mandatario Néstor Kirchner de implementar “una política de revisión sesgada del pasado, parecida a una venganza”.
“La idea de anular indultos surgió de esa visión tuerta que le imprimió al tema la Casa Rosada (casa de Gobierno), destinada a anular los indultos de una de las partes enfrentadas en aquel momento, mientras se preservan vigentes los de la otra, los de las organizaciones terroristas”, agregó el ex jefe de Estado.
El fallo de la Corte sigue al del procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien en mayo dictaminó la inconstitucionalidad del decreto de indulto al dictaminar que debe prohibirse toda medida que impida que se juzguen los “crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes estatales en ejercicio de sus funciones”.
Entre 1975 y 1978 Riveros fue comandante de los institutos militares de Campo de Mayo, en las afueras de Buenos Aires, una de las mayores prisiones clandestinas de la dictadura y sede de numerosos partos de prisioneras, cuyos hijos les fueron robados al nacer.
Cuando en el 2005 la Corte Suprema declaró inconstitucionales dos leyes de amnistía dictadas en la década de 1980 que protegían de la justicia a ex militares y policías, la causa contra Riveros fue reabierta.
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