Mirna Velásquez Sevilla
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Ni la Fiscalía, ni la Policía y ni siquiera los abogados defensores saben por qué fueron liberados tres supuestos narcotraficantes el viernes pasado.
Conocer las razones que tuvieron los magistrados para tomar la decisión es casi un misterio, a pesar de tratarse de uno de los juicios del quiebre más grande al crimen organizado.
LA PRENSA consultó al fiscal general Julio Centeno Gómez; a la fiscal departamental de Managua, María del Carmen Solórzano; al vocero de la Policía Nacional, Alonso Sevilla y a los abogados defensores Roberto Cruz y Carlos Chavarría, pero ninguno sabe cuáles fueron los argumentos de los magistrados para tomar esa decisión.
El viernes pasado los procesados Álvaro Parrales Gago, Noel Rugama Mora y Juan Francisco Hernández, fueron puestos en libertad por orden de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), presidida por el magistrado Enrique Chavarría, quien no pudo ser localizado ayer.
FISCALÍA INCONFORME
Centeno Gómez dijo que la Fiscalía no está conforme con la sentencia que ha “echado por tierra” el trabajo de lucha contra el crimen organizado que realiza el Ejército, la Policía Nacional y el Ministerio Público.
El Fiscal anunció que harán uso de los recursos legales para revertir la decisión y calificó la sentencia de “golpe mortal a la justicia”.
“Esto es una amenaza no sólo contra la seguridad de la nación sino a la humanidad entera, porque el crimen organizado es una amenaza contra la sociedad del mundo”, expresó Centeno.
En tanto, el comisionado mayor de la Policía Nacional, Alonso Sevilla, indicó que revisarán el caso con la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
El vocero policial añadió que ese órgano tienen el “firme compromiso de combatir al crimen organizado cada día”.
“Pase lo que pase vamos a seguir trabajando”, expresó el funcionario.
Todos libres
Los tres reos eran los últimos que quedaban de ocho detenidos por este “megaquiebre”. Cinco de ellos fueron procesados por el transporte de 3,100 kilos de cocaína, desembarcados en las costas de Masachapa. La droga supuestamente pertenecía a un cártel mexicano, cuyos miembros no fueron capturados en ese momento ni procesados.
Posteriormente la droga fue incinerada por orden judicial, en medio de una discusión generada por los abogados defensores argumentando que no estaba comprobado que se tratara de droga realmente.
Al parecer, los abogados consiguieron convencer a los magistrados con sus argumentos principales, aunque ellos tampoco saben explicar qué les pudo haber inducido a este resultado.
En la última audiencia del caso celebrada por la Sala Penal Uno, el abogado Carlos Chavarría alegó que no está demostrada la culpabilidad de los acusados porque al momento de su detención no estaban en posesión de la droga.
Chavarría también atacó la prueba de ioscan realizada por un perito de la Policía Nacional, dado que los resultados de dicha prueba estaban en el idioma inglés y el especialista que la realizó desconoce ese idioma, por tanto consideró que la evidencia no era convincente.
El abogado Roberto Cruz, quien inicialmente formó parte del juicio, informó que intentarán conocer hasta hoy lunes las consideraciones expresadas en la sentencia para saber realmente las razones para poner en libertad a los procesados.
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