jueves, 5 de julio del 2007
TOLA, Nicaragua.
TIM ROGERS/Especial para The Miami Herald
Las promesas del presidente Daniel Ortega de respetar la propiedad privada y ofrecer seguridad a los inversionistas se están poniendo a prueba tras alegaciones de que un alto funcionario de su gobierno ha tratado de extorsionar millones a un urbanizador en la costa del Pacífico.
El urbanizador nicaragüense Armel González, que construye Arenas Bay, un lujoso complejo de casas frente al mar, alega que el ex legislador sandinista Gerardo Miranda le ofreció ''resolver'' una vieja disputa con una cooperativa agrícola sandinista por $4 millones. En vez de pagar, González grabó en secreto la conversación en su teléfono celular y fue a los medios de comunicación. Miranda ha negado que su voz es la que se escucha en la grabación.
La supuesta extorsión se hizo pública por primera vez a fines de mayo en el popular programa de noticias de televisión Esta Semana, dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Chamorro y de Pedro Joaquín Chamorro, el legendario editor de periódicos asesinado en 1978 por criticar la dictadura de Somoza.
Ahora es el hijo el objetivo del gobierno por sus artículos investigativos.
Los sandinistas han lanzado una contraofensiva contra Chamorro y González. Ambos, con el legislador de oposición Alejandro Bolaños, socio de González y sobrino del ex presidente Enrique Bolaños, han sido acusados en la prensa sandinista de pertenecer a un grupo que roba tierras para posibles operaciones de narcotráfico.
La prensa no sandinista ha salido en defensa de Chamorro, calificando los ataques de un ejemplo de ''matar al mensajero'' y un claro intento de alejar la atención del caso de extorsión. González, que salió del país tras aparecer en Esta Semana, regresó a fines de junio para seguir presionando con las alegaciones.
El año pasado, como parte de la campaña por cambiar su imagen, Ortega había prometido trabajar hacia una ''solución definitiva del problema de la propiedad'', un problema derivado de la reforma agraria de los años 80 y las confiscaciones sandinistas de tierras. Ortega ha dicho que su gobierno tiene ''la voluntad y la capacidad'' de resolver la complicada situación jurídica de títulos de propiedad en conflicto mediante la compensación a los que hayan sido perjudicados y dando tierras a las decenas de miles de soldados desmovilizados tras la guerra entre los sandinistas y los contras respaldados por Estados Unidos.
En sus primeros cinco meses en el cargo, Ortega ha dado algunos pasos hacia la solución de los problemas de tierras. Ha establecido una Comisión de Paz y Reconciliación para revisar y resolver reclamaciones pendientes de antiguos soldados. El gobierno dice haber compensado a 36 ciudadanos estadounidenses de los múltiples casos atrasados de los años 80.
''Tenemos que dar seguridad a los inversionistas nacionales y extranjeros de que la propiedad que adquieran es permanente y que el Estado la respeta'', dijo el vicepresidente Jaime Morales, cuya casa fue confiscada por Ortega en los 80, en un discurso el 16 de junio. ``El gobierno ha hecho una prioridad de ofrecer verdadera seguridad a los inversionistas y a los negocios privados, el motor de nuestro desarrollo. La propiedad privada será totalmente respetada''.
Los inversionistas, por su parte, dicen que la forma en que se resuelva el caso de Arenas Bay determinará si Ortega cumple o no con sus promesas.
Después de una reciente visita a Tola para investigar las alegaciones de extorsión y las contraalegaciones de que el área se está usa para el narcotráfico, el congresista Carlos Langrand, del oposicionista Alianza Liberal Nicaragüense, y otros legisladores del mismo partido, exhortaron a la creación de una comisión especial para investigar el caso de Arenas Bay y otros similares.
En estos momentos dos comisiones legislativas investigan el asunto, además de la Fiscalía, pero ninguno de los grupos confía en que los otros hagan una investigación imparcial.
Para Gail Geerling, una asociada estadounidense en Arenas Bay y vieja amiga de Nicaragua, la forma en que el gobierno maneje el caso de extorsión determinará el futuro de las inversiones en bienes raíces y construcción en el gobierno de Ortega.
''El país pudiera tener un auge en 30 días si [el presidente Ortega] juega bien sus cartas'', manifestó Geerling. ``Pero si no lo hace pudiera ser un desastre''.
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