Momentos antes de la audiencia de sentencia en contra de los presos de Sinaloa, la Policía descubrió un arsenal que tenían listo a ser desenterrado y utilizado en sus planes de fuga. (LA PRENSA/ M. GARCÍA)
Información de reos de La Modelo llevó a la Policía a frustrar plan y desenterrar armas que narcos de Sinaloa usarían para escapar. Al mismo tiempo, el juez imponía la pena a los 21 detenidos.
Elízabeth Romero
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Total de penas a los detenidos.
Las penas establecidas son diversas.
Fueron sentenciados a un total de 22 años de cárcel: José Juvenal Mendoza, Luis Ángel Vale Serrano, Jesús Javier Flores Vega, Arturo Gaspar Rubio, Juan Rosales Castañeda, Carlos Guillermo Arvizuras Rodas y Pedro Pablo Olivas (autores de los delitos financiamiento al narcotráfico, tenencia de armas del Ejército y Policía Nacional y asociación para delinquir). Su condena concluye el 13 de octubre de 2029.
A 14 años fueron condenados Emiliano Rodas, Ricardo Alvarado Zazueta, Guillermo Ramírez Martínez y Víctor Bonifacio Herrera (autores de financiamiento y asociación para delinquir). La pena termina el 13 de abril de 2021.
A 14 años y 6 meses: Carlos Cisnado Pasos (por financiamiento y asociación para delinquir). Concluye el 13 octubre de 2021
Y a once años: Juan Pablo Cruz, Osomier Herrera, Marvin Herrera, Jeremías Úbeda, Samir Valenzuela, Arturo Herrera, Pablo Herrera, Freddy Centeno, Santos Reyes (cooperadores de financiamiento y asociación para delinquir). La pena concluye el 13 de abril de 2018.
Seguridad a judicial
El jefe del Distrito Ocho de la Policía, comisionado Manuel García, dijo que esa institución permanece vigilante para evitar que se asienten delincuentes que pretendan utilizar el territorio nacional para actividades ilícitas. La Policía mantiene resguardo al juez, juzgados y alrededores.
Con el hallazgo de un lote de armas y la detención de una persona, la Policía frustró ayer el intento de escape y derramamiento de sangre que tendría como consecuencia, un plan preparado por grupos de apoyo de los 21 detenidos del cártel de Sinaloa.
El plan estaba previsto para ejecutarse ayer mismo, cuando el juez de Distrito Penal de Juicios de Tipitapa, Sergio Amador Perezalonso, les leyera la pena.
Tras una demostración de extremas medidas de seguridad en toda la localidad, por parte de la Policía, el judicial les dio a conocer la sentencia que establece penas que van desde 22 años de cárcel, para siete de los coautores y 11 para los cooperadores necesarios, por los delitos de financiamiento para el transporte de estupefacientes, tenencia ilegal de armas y asociación para delinquir.
El lote de armas estaba oculto en el patio de la misma bodega descubierta por la Policía el pasado 14 de abril. El hallazgo fue posible gracias a una información proporcionada por otros presos de la Cárcel Modelo.
Pero la Policía no sólo ocupó las armas que serían utilizadas para ejecutar la acción de fuga y rescate; sino que detuvo a la persona que los iba a apoyar.
El jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisionado mayor Alonso Sevilla, confirmó que como parte de las averiguaciones lograron interceptar una nota a través de la cual advertían a los detenidos del plan frustrado.
“Hermanos mexicanos, espero que se encuentren bien, los civiles nos traicionaron ya que van a desenterrar las armas que utilizaríamos para el rescate del penal”, sostuvo Sevilla Midence.
Según el vocero policial, la nota fue encontrada en el penal, por lo que se presume logró llegar a manos de los detenidos, por lo tanto antes de ser remitidos a los juzgados ya éstos conocían que el plan de escape había fracasado.
Esto indica que desde adentro los detenidos han manejado los contactos con sus colaboradores en las acciones ilícitas, lo que ya es investigado por la Policía. “Estamos atando todos esos cabos”, sostuvo Sevilla, quien antes había calificado el plan frustrado de “espectacular”.
FALTA LANZAGRANADAS
Casi a la misma hora en que estaba prevista la realización de la audiencia de lectura de sentencia, suspendida en dos ocasiones anteriores por el juez de Distrito Penal de Juicio de Tipitapa, Sergio Amador Perezalonso, las fuerzas policiales se desplegaron por el centro de la ciudad, hasta dar la impresión de una ciudad militarizada.
Posteriormente, las fuerzas especiales se trasladaron al lugar donde se encontraba el buzón enterrado. Policías y canes entrenados para detectar explosivos verificaron el sitio donde en un recipiente enterrado se encontraban las armas.
La Policía encontró en la bodega ubicada frente a la gallera de Tipitapa y donde por varios meses estuvieron los miembros de la célula narco, 12 fusiles AK, dos M-17, 30 cajas de municiones, cada caja contiene 700 tiros, 14 magazines para fusiles AK, dos magazines para fusil M-16, una bomba trasegadora para combustible de avión, dos cerebros guías que son repuestos para los motores marinos.
Pero no encontró un lanzagranadas que desde un inicio la Policía sospecha estaba en poder de los mexicanos que ingresaron al país con fines de ejecutar asesinatos en contra de otros grupos con quienes tienen vendettas y de autoridades policiales, entre ellos la jefa de la Policía, primera comisionada Aminta Granera.
Consultado el vocero policial, éste se limitó a referir “esa información está todavía pendiente”. Según una fuente policial, la búsqueda aún la mantienen.
AMPLÍAN INVESTIGACIÓN
Como parte del operativo a través del cual también fue detenido Diego Manuel Zamora Grijalva, nicaragüense, de 45 años, detenido por sospechas ya que fue encontrado merodeando el lugar.
“Se le vincula con los mexicanos que están detenidos, y tiene antecedentes de haber estado detenido tres veces por robo con intimidación”, dijo Sevilla.
Aparentemente, ésta era la persona destinada a desenterrar las armas y proporcionarlas a las personas que participarían en el plan de rescate a los narcos.
Sevilla dijo que extienden las investigaciones que les lleven a determinar quiénes están involucrados en el plan de fuga.
El jefe policial manifestó que mantendrán las coordinaciones con el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) y responderán las demandas que tienen de apoyo por parte de esa institución.
LA PRENSA publicó en su edición del martes, que según fuentes policiales existían planes por parte de personas vinculadas al narcotráfico, de pretender ejecutar acciones en contra de agentes de la Delegación Policial de Tipitapa, como reacción a la desarticulación de la célula de apoyo logístico del cártel de Sinaloa en el país.
Según la fuente, detectaron “señales”, de que personas ligadas al narcotráfico estarían planificando atentados en contra de al menos, dos agentes policiales de esa delegación.
DETERMINA LA PRUEBA INDICIARIA
Tras más de tres horas de lectura de la sentencia, el judicial consideró necesario definir lo que es la prueba indiciaria o indirecta. Para ello mencionó a tratadistas que hablan del tema. Uno de ellos dijo es Antonio de Lespianés, quien en su libro Nueva Teoría de la Prueba, establece: “Indicio es todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y en general todo hecho conocido o mejor dicho comprobado, susceptible de llevarnos por vía de inferencia al conocimiento de otro hecho desconocido”.
El judicial mencionó las pruebas indiciarias que se desprenden de las pruebas aportadas en el juicio, tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría y que lo llevó a determinar su sentencia y establecer la pena.
Mencionó, por ejemplo, la compra de bienes, vehículos livianos y pesados, motores marinos fuera de borda, herramientas de todo tipo, equipos de soldadura, lámparas, combustible, radiocomunicadores, alimentos varios, camas, colchones, abanicos, entre otros.
A su vez, señala que tomó en cuenta la compra y arrendamiento de propiedades inmuebles en distintas partes del territorio nacional, particularmente cercanos a la capital, Diriamba, y Tipitapa.
Otro de los indicios tomados en cuenta fueron los trabajos de ingeniería en la finca La Ceiba, que consistieron en el despale, limpieza y nivelación de una gran parte de terrenos con una extensión aproximada a los 1,500 metros de largo y unos 60 metros de ancho, “la que al ser descubierta ya presentaba condiciones óptimas para el aterrizaje de aeronaves”.
Señala también la preparación de camiones y vehículos livianos con compartimientos aptos para el transporte de droga; con el fin de no ser descubiertos a simple vista. Así como la adquisición de una pipa con combustible denominado queroturbo, para el uso exclusivo de aeronaves, y barriles plásticos que servían para almacenamiento del mismo. Al igual que la utilización de identidades de otras personas para la adquisición de bienes muebles e inmuebles. Y la ocupación de armas prohibidas de uso exclusivo de la Policía el Ejército, como fusiles AK y granadas de fragmentación, “con la finalidad de asegurar el desarrollo de las operaciones ilícitas”.
A esto le agrega el juez para documentar su sentencia, “la intervención de grandes sumas de dinero en las compras y adquisiciones de todos los bienes muebles e inmuebles”. Así como la contratación de personas nacionales que no residen en el sector de la finca La Ceiba, comarca San Agustín, esto según el judicial tenía el fin de que la información no se filtrara. Y el ingreso ilegal de los mexicanos por puntos ciegos, encargados de dirigir las operaciones desde los distintos puntos del país.
“Indicios que de manera conjunta me llevaron a la plena convicción que en nuestro país se estaba erigiendo, por parte de todos los acusados y declarados culpables, las condiciones para el desarrollo de actividades propias para el transporte y posterior comercialización de sustancias prohibidas por nuestra legislación penal, por parte del narcotráfico nacional e internacional”, sostiene el judicial.
El pasado tres de julio, el juez de Distrito Penal de Juicio de Tipitapa, Sergio Amador Perezalonso, dictó un fallo de culpabilidad en contra de 21 de 22 detenidos, entre mexicanos y nicaragüenses, que fueron procesados por los delitos de financiamiento al narcotráfico, posesión ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército y la Policía Nacional y asociación para delinquir.
El abogado Carlos Garay, dijo que todas las defensas van a apelar las penas, porque “hay muchas incongruencias” en la sentencia debido a que, a su criterio, no se les explicó el grado de participación. El defensor Bismarck Quezada también anunció que apelarán.
Quezada dijo que analizarán la sentencia, aunque adelantó que, según él, no tiene mucho sustento jurídico.
La procuradora Amy García Curtis, a quien se le observó con escolta, dijo rápidamente que esperaba una pena mayor.
La Fiscalía había pedido penas de 15 años de cárcel para los coautores del delito de financiamiento al narcotráfico y 10 años para los cooperadores necesarios, mientras la Procuraduría General de la República solicitó 20 y 12 años respectivamente, así como una multa de 10 millones de córdobas para los coautores y cinco millones para los cooperadores.
La solicitud de multa fue rechazada por el judicial en la sentencia.
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