HACIA EL PODER TOTAL

Una de las principales equivocaciones que se cometen en Nicaragua es la de creer que las arbitrariedades y abusos de poder que comete Daniel Ortega son errores humanos y políticos que se podrían prevenir y subsanar. A nuestro juicio, quienes razonan de esa manera y actúan de acuerdo con ese criterio, están equivocados. En realidad, las arbitrariedades y los supuestos desatinos del orteguismo no son errores. Representan una política deliberada que apunta a apropiarse del poder total del Estado, arruinar el país y ejercer el control totalitario de la sociedad y de la vida de todos los nicaragüenses.

Cuando los ideólogos orteguistas dicen que se están exprimiendo las neuronas, para encontrar el procedimiento institucional y legal que les permita y garantice controlar a los medios de comunicación social, hasta ahora independientes, no están cometiendo un error. Ellos demuestran de esa manera su talante totalitario, su intención de imponer el silencio y la censura para impedir la crítica al Gobierno, para que no se denuncie la corrupción y demás abusos que se cometen a diario a diario en el ejercicio del poder. Quieren impedir el desenmascaramiento de los falsos defensores del pueblo y que no se informe sobre la nueva clase oligárquica orteguista, que es más poderosa y codiciosa que todos los grupos dominantes anteriores.

Si los ideólogos del orteguismo dicen en una reunión de sociólogos sandinistas, como la que se realizó el domingo pasado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (la cual se supone que debe ser un foco de libertad, de humanismo y de tolerancia) que para ellos el Estado es un instrumento de coerción y hegemonía y que trabajan para conquistar esa hegemonía, no están expresando una simple hipótesis política sino exhibiendo su intención de crear en Nicaragua un aparato estatal totalitario.

Tampoco es una improvisada divagación teórica, sino la manifestación del proyecto totalitario que está en curso en Nicaragua, la frase dicha en esa junta de intelectuales orteguistas acerca de que “la hegemonía la lograrán cuando el Estado ya no esté intervenido por los proyectos de la Unión Europea, el Gobierno norteamericano y los organismos internacionales, cuando la cultura no esté intervenida por los grandes medios de comunicación y cuando el FSLN tenga la mayoría en la Asamblea para dejar de ‘regatear’ para aprobar las leyes”. Eso es lo mismo, dicho con otras palabras, que la advertencia que hizo el Procurador de Daniel Ortega, el 13 de noviembre de 2008, de que bastaría con una orden del líder del Gobierno y del FSLN para que sus partidarios no dejaran piedra sobre piedra de los medios de comunicación independientes .

En la ominosa reunión de los sociólogos orteguistas antes mencionada se habló también de “evitar que en las elecciones del 2011 con la segunda etapa del proyecto revolucionario se repita la historia que vivió la primera en las elecciones de 1990”. Pero eso, dicho con palabras distintas es igual que el anuncio hecho por Tomás Borge, el 26 de julio de este año, por medio de la televisión de Hugo Chávez denominada Telesur, de que el FSLN hará todo lo que tenga que hacer con tal de no volver a entregar el poder nunca más.

Por otra parte, el objetivo del orteguismo de apropiarse del poder total en Nicaragua es lo que da sentido a la propuesta de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial que anunció el FSLN en esta semana, para modificar el quórum de la Corte Suprema de Justicia a fin de que la bancada de los magistrados orteguistas pueda asumir legalmente el control absoluto del Poder Judicial. El FSLN ya controla de hecho la Corte Suprema de Justicia, lo mismo que el Consejo Supremo Electoral y aún la Asamblea Nacional. Pero los orteguistas también quieren la hegemonía “de derecho” de la Corte para no tener que regatear con la oposición ni hacerle concesiones de ninguna clase.

Ortega y la cúpula del Gobierno pretenden el poder total del Estado y la hegemonía totalitaria de la sociedad. Quieren ser dueños de vida, hacienda, libertad y derechos de todos los nicaragüenses. Pero entonces, como muy bien lo advirtiera Montesquieu hace ya 261 años: “En el Estado en que un solo hombre, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo, administrase los tres poderes y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente”.

¿Permitirán la oposición y el pueblo democrático de Nicaragua que otra vez se vuelva a perder la República? Quisiéramos creer que no.

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