CAEN ASESINOS DE ROSENBERG

Rodolfo ZeladaGUATEMALA/ AFP

Colom satisfecho El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, se congratuló ayer por la captura de siete hombres señalados como los autores materiales del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, crimen en el que ha sido implicado. “En el Gobierno vemos con buenos ojos (las capturas). Estamos seguros que la verdad y la justicia van a prevalecer” en este caso, dijo el mandatario en una rueda de prensa ofrecida en la Casa Presidencial. El mandatario señaló que “hay que dejar al sistema de justicia que termine su trabajo”, que, precisó, apenas está empezando. Rosenberg, de 47 años, asesinado a tiros el pasado 10 de mayo, en un barrio residencial del sur de la capital guatemalteca, en un vídeo grabado dos días antes de su muerte, responsabilizó de ésta al presidente Álvaro Colom y su esposa, Sandra Torres. En la filmación también señalaba como responsables al secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, y a un grupo de empresarios y banqueros cercano al Gobierno. Esos señalamientos desataron una de las más graves crisis políticas que ha vivido Guatemala, y suscitó la polarización de la sociedad entre quienes exigían la renuncia de Colom para que fuera procesado ante la Justicia, y los que lo apoyaban y confiaban en su inocencia. El Gobierno negó las acusaciones y aseguró que todo se trataba de una conspiración en su contra, orquestada por grupos interesados en desestabilizar el país. Guatemala/ ACAN-EFE

Banda de siete sicarios estaba integrada por policías y ex oficiales

Las autoridades de Guatemala detuvieron ayer a seis policías y un ex militar acusados de asesinar a un abogado que culpó de su muerte al presidente Álvaro Colom, en un vídeo póstumo que desató la peor crisis política en la historia reciente del país.

“El mensaje hoy para Guatemala es que ustedes pueden estar tranquilos, hoy su Policía, su Ministerio Público y sus fuerzas armadas han detenido a los asesinos en uno de los casos que no han conmovido sólo a Guatemala sino a toda la comunidad internacional”, dijo el jurista español Carlos Castresana, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por la ONU.

“La investigación sigue su curso. No podemos confirmar ni descartar cualquier hipótesis” sobre las motivaciones del homicidio del abogado Rodrigo Rosenberg, perpetrado el 10 de mayo en la capital, añadió.

El asesinato causó una crisis política tras divulgarse días después un vídeo póstumo en el que la víctima acusaba de su segura muerte al presidente Colom.

Entre los detenidos y acusados de matar a Rosenberg figura el presunto jefe de la banda, el ex policía William Gilberto Santos Divas, así como el ex militar Edwin Idelmo López y el policía activo Mario Luis Paz Mejía.

Los otros integrantes de la banda son los policías activos José Armando Ruano Gaitán, Balmore Guzmán Orellana, Lucas Santiago López y Samuel Girón Cobar.

AUTORÍA MATERIAL RESUELTA

Castresana señaló que la investigación contiene tres autorías: la material, la intermedia y la intelectual, pero “el único nivel que hemos resuelto es el de la autoría material” y aclaró que aún está pendiente llegar “hasta los responsables intelectuales e intermedios”.

Explicó que dos cámaras de seguridad cercanas al lugar del crimen dieron detalles de un vehículo utilizado, lo que condujo a las autoridades hasta su propietario, quien resultó ser Santos Divas.

Luego de desglosar los registros de más de 12,000 llamadas telefónicas, pudieron identificar al resto de la banda.

Castresana comentó que ordenaron 14 allanamientos para capturar a nueve sospechosos, pero sólo lograron la aprehensión de siete de ellos. El grupo asesinaba por dinero, pues se dedicaba a hacer extorsiones, secuestros y a robar drogas a los carteles del narcotráfico.

“Nosotros dijimos que veníamos a ayudar a las instituciones de seguridad y justicia para desmantelar esas estructuras criminales y creo que hoy podemos ofrecer ese resultado de que al menos esta estructura no volverá a matar a nadie más”, agregó Castresana.

En el operativo participaron 260 funcionarios, entre fiscales, policías y militares guatemaltecos, que contaron con el apoyo de 13 fiscales de siete países.
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