El ex mandatario permanece como huésped en la embajada de Brasil acreditada en Honduras, tras su llegada irregular al país el pasado 21 de septiembre; la justicia lo busca para que responda por violar la Constitución y realizar actos de corrupción.
El pasado 25 de junio el fiscal general, Luis Alberto Rubí, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia el primer requerimiento fiscal contra el ex mandatario, por suponerlo responsable de incurrir en delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones.
Luego se interpuso otra acusación, por los mismos ilícitos, por la emisión del decreto PCM-019-2009, en la cual el Ejecutivo convocaba a una Asamblea Nacional Constituyente. En un tercer requerimiento fiscal, interpuesto el pasado 29 de julio, el MP le imputa, junto a otros ex funcionarios de su gobierno, los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos, fraude y uso de documentos falsos por el despilfarro de 27 millones de lempiras en publicidad.
Atendiendo petición del MP, el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán, que conoce de las acusaciones, libró orden de captura contra Zelaya.
Para el MP, Zelaya es aún un prófugo de la justicia en vista de que la orden de captura no se ha ejecutado y, aunque se encuentre en Honduras, no se presenta de forma voluntaria ante los tribunales a responder los cargos que se le imputan.
"Los acontecimientos en relación a todos los procesos que han sido interpuestos por el Ministerio Público están en el mismo estado en que los han dejado los juzgados", manifestó el portavoz del MP, Melvin Duarte. El ex presidente Zelaya, añadió, se encuentra en este momento asilado o protegido en la Embajada de Brasil por el principio de extraterritorialidad; mientras permanezca en ese lugar no se puede hacer ningún tipo de acción.
"Los casos interpuestos ante los tribunales de justicia no podrán evolucionar hasta que las personas que han sido imputadas sean habidas o se presenten por voluntad propia ante los tribunales de justicia, en esa espera estaremos", indico.
El MP mantiene su posición jurídica respecto a los requerimientos fiscales interpuestos ante los órganos jurisdiccionales competentes. De igual forma, se sostiene el rechazo a que Zelaya sea favorecido con la figura de la amnistía. "La posición del Ministerio Público sigue siendo que se le deduzca la responsabilidad por los delitos que han sido imputados en el requerimiento fiscal presentado ante los tribunales de justicia", concluyó.
Plan de captura
La Policía Nacional tiene listo un plan para ejecutar la orden judicial para capturar al ex presidente Zelaya.
"Somos enfáticos en que una orden de captura se va a cumplir, sin violentar ni restringir ningún derecho, sin violar ninguna norma social", manifestó Orlin Cerrato, vocero de la Secretaría de Seguridad. Cerrato aseguró que la policía no ingresará a la embajada de Brasil a capturar a Zelaya porque de hacerlo se violentarían convenios y tratados internacionales.
En consecuencia, el dispositivo policial y militar que mantiene acordonada la sede de la misión diplomática permanecerá el tiempo que sea necesario en ese lugar. En el caso de que se emita un salvoconducto para que Zelaya pueda abandonar el país, los agentes del Estado lo respetarán. "La Policía Nacional es respetuosa de todas las disposiciones, directrices o mandatos que sean emanados de autoridad competente; toda vez que se ajusten a la legalidad, la policía tiene que ser obediente", expresó.
* Solución: En relación a la crisis política que vive el país, el Ministerio Público se espera que se resuelva a través del diálogo entre los diferentes sectores.
Abogados interponen amparo contra toque de queda
Un grupo de abogados de la resistencia nacional interpuso ante la Corte Suprema un recurso de amparo contra el toque de queda decretado por el gobierno de Roberto Micheletti.
Para garantizar la paz y seguridad, el gobierno dispuso decretar toques de queda iniciados a las cuatro de la tarde del pasado lunes. Los toques de queda son abusivos, ilegítimos e injustificados, se violentan derechos individuales a la libre circulación, libertad personal, reunión y manifestación, entre otros, manifestó Fredín Fúnez, uno de los abogados recurrentes. Con el recurso se pide que se suspendan los toques de queda porque no se ha emitido un decreto que suspenda derechos fundamentales. Asimismo, la comisión de abogados interpuso un recurso de hábeas corpus o exhibición personal a favor de manifestantes detenidos por agentes del Estado.
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