Los imputados están implicados en la desaparición de centenares de opositores al régimen durante los años setenta
EFE - Santiago de Chile - 02/09/2009
La Justicia chilena ha procesado a unos 120 antiguos represores de la dictadura de Augusto Pinochet por su responsabilidad en la desaparición de centenares de opositores en los años setenta, según han informado fuentes judiciales y policiales. Más de la mitad de los imputados, contra quienes el juez Víctor Montiglio ha dictado órdenes de detención nunca han comparecido anteriormente ni han sido siquiera mencionados en las violaciones a los derechos humanos.
El juez Víctor Montiglio ha afirmado que se está "mucho más cerca del final" de las investigaciones por casos de violaciones a los derechos humanos. "Estamos investigando a todos los que han tenido participación en lo cuarteles, en la medida en que hayan intervenido o afirmado la situación de prohibición de libertad de las víctimas", ha añadido el juez.
Entre los nuevos imputados, hay cinco altos oficiales retirados del Ejército: César Manríquez, Manuel Carevic, Sergio Castillo, Fernando Chaigneau y Luis Sovino, además de 45 suboficiales, 14 ex miembros de la Fuerza Aérea, 11 de la Marina, 6 de la Policía de Investigaciones y 32 ex carabineros, entre otros.
Traslado de prisioneros
La investigación ha alcanzado a quienes conocieron los casos y jamás los denunciaron, según el abogado Boris Paredes, de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, parte querellante en los juicios. Se trata de agentes que cumplían labores de custodia y traslado de prisioneros políticos, dijo Paredes, en cuya opinión el juez Montiglio ha avanzado sustancialmente en establecer las responsabilidades criminales de los casos.
Los casos a que se refieren los procesamientos son las llamadas Operación Cóndor, Operación Colombo y el caso Calle Conferencia, además de un fleco de este último conocido como caso de los trece. La Operación Cóndor fue una coordinación entre las dictaduras militares del Cono Sur americano para eliminar opositores en los años 70 y comienzo de los 80. La Operación Colombo fue un montaje creado en 1975 para encubrir la desaparición de 119 opositores, la mayoría miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), agrupación armada que combatió contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
En diciembre de 2005, el juez Montiglio había procesado en este caso al propio Augusto Pinochet, fallecido un año después, en diciembre de 2006, sin haber sido condenado por violaciones a los derechos humanos ni por los delitos económicos por los que también estaba enjuiciado. Montiglio ya había procesado en este caso a la cúpula de la DINA, la policía secreta de Pinochet, incluido su máximo responsable, el general Manuel Contreras, así como a los ex oficiales Miguel Krassnoff Marchenko y Marcelo Moren Brito, que acumulan varios procesos por violaciones de derechos humanos.
Bajo la dictadura de Pinochet, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado y, de ellas, unas 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.
Chile ratifica la Convención de la ONU sobre desaparición forzada de personas
La Convención de Naciones Unidas para la protección de las personas contra la desaparición forzada será ley en Chile tras ser aprobada, en su último trámite legislativo, por el Senado, informaron hoy fuentes parlamentarias. La aprobación de la norma, que no tiene efecto retroactivo y ahora debe ser promulgada como ley por la presidenta, Michelle Bachelet, fue por unanimidad de los senadores, precisaron las fuentes.
La norma legal formaba parte de un acuerdo político que permitió destrabar el Tratado que creó la Corte Penal Internacional (CPI) y tipificar en la legislación chilena los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. "Este acuerdo permitirá a Chile estar presente en las distintas instancias de protección de los derechos humanos, ya que busca poner freno a una práctica cruel e ignominiosa", destacó el ministro de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, que asistió a la sesión del Senado en Valparaíso, a 120 kilómetros al oeste de Santiago. "El Gobierno se someterá a todos los mecanismos internacionales de control", precisó Viera Gallo.
Para el senador socialista Camilo Escalona, la aprobación de la norma supone "un compromiso del sistema político del país contra esta lamentable y terrible práctica que, en el pasado reciente, conmocionó profundamente nuestra convivencia nacional". "Chile queda a la altura de sus responsabilidades en materia de adhesión a los principales instrumentos internacionales de derechos humanos", destacó, por su parte, el senador Jaime Gazmuri, del mismo partido.
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