lunes, diciembre 31, 2007

2007 AÑO DEL TOTALITARISMO EN NICARAGUA


Con una réplica de LA ESPADA DE BOLÍVAR, el presidente Daniel Ortega saluda su nuevo período presidencial, acompañado del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien recibió como obsequio unos manuscritos originales de Rubén
2007: año del autoritarismo.

Ortega marcó el año al volver al poder después de 17 años bajo la promesa de no repetir los errores cometidos durante su Administración en los 80. Un 38 por ciento de los votantes le creyó, pero sólo han debido transcurrir once meses para comprobar que lo único que cambió son las circunstancias que hoy rodean su Presidencia: casi dos décadas de democracia en las que, a pesar de las consecuencias del pacto, la institucionalidad que sobrevive es suficiente para detener su irrefrenable vocación autoritaria. La ciudadanía tiene la última palabra,

Xiomara Chamorro
politica@laprensa.com.ni
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Los fallos de La Haya

El pasado 8 de octubre, Nicaragua obtuvo una importante victoria cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya decidió sobre la litis con Honduras, en una resolución que fue catalogada más que nada como una victoria de la integración centroamericana.

La Haya le dio a Honduras unos cayos que reclamaba en el Caribe, pero desestimó su reclamo sobre el Paralelo 15, argumento que fortalecía el tratado Ramírez-López entre Honduras y Colombia y que fue desarticulado en uno de sus aspectos fundamentales.

Aunque La Haya no reconoció el Paralelo 17 que Nicaragua reclamaba, el fallo que estableció el Paralelo 16 fue satisfactorio para Honduras y Nicaragua y restableció la quebrantada unidad centroamericana con el tratado Ramírez-López.

El segundo gran paso en los reclamos históricos de Nicaragua en el Caribe, se dio el pasado 13 de diciembre cuando La Haya resolvió que tenía competencia para conocer la demanda de Nicaragua contra Colombia, lo que a juicio de los expertos echa por tierra el Meridiano 82 rechazado por Nicaragua.

Este fallo ha dado un gran impulso a Nicaragua en la posibilidad de ampliar sus fronteras en el Caribe y aunque la CIJ no se declaró competente en el caso de las islas San Andrés y Providencia, la Cancillería nicaragüense ha anunciado que continuará su reclamo sobre estas posiciones. El canciller Samuel Santos señaló esta semana que Nicaragua no ha interpretado el fallo de La Haya como un reconocimiento a Colombia sobre estas islas.

El pasado diez de enero, cuando el presidente Daniel Ortega asumió la Presidencia de la República, se dieron algunos hechos que si bien no pasaron desapercibidos, pudieron ser simplemente anecdóticos a no ser porque los mismos serían definitorios de su Administración, tanto a nivel internacional como doméstico.

Mientras un nutrido grupo de dignatarios mundiales hacían antesala al ingreso del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, invitado de honor de la toma de posesión, el procesado ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, observaba en primera fila la prudente espera de los representantes de gobiernos del mundo que recibieron así el primer mensaje de lo que serían las relaciones exteriores bajo la Administración del nuevo mandatario.

Quince presidentes y jefes de Estado, un príncipe, 64 delegaciones internacionales, así como millones de nicaragüenses, esperaron por hora y media el ingreso de Chávez al acto de toma de posesión, el que una vez concluido cerró con una fiesta pública a la que solamente asistió la izquierda dura, mientras los presidentes que podían regresaban esa misma noche a sus países de origen.

GOBERNANDO POR DECRETOS

Pero mientras el acto de traspaso de mando mantenía ocupada la atención nacional e internacional, en La Gaceta, Diario Oficial, se preparaba la publicación del primer decreto presidencial que creaba los controversiales Consejos del Poder Ciudadano, con facultades ministeriales, contrariando la Ley 290, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y que dio origen a una crisis entre poderes del Estado, con la que ha cerrado este año.

Unos días después, el 22 de enero, el presidente Ortega dio a conocer en conferencia de prensa un decreto para regular el salario de los funcionarios de mayor jerarquía del Gobierno, noticia que fue bien recibida ya que se reducían sensiblemente los onerosos sueldos en el Ejecutivo.

En este decreto no se mencionaba salario alguno para los coordinadores de los recién creados Consejos. Incluso, la primera dama Rosario Murillo aseguró en esa misma conferencia de prensa, que en ninguna nómina aparecería su nombre.

Dos días después, la Asamblea Nacional aprobó en trámite urgente una reforma a la Ley Orgánica del Ejecutivo, la Ley 290, que si bien incluía a los Consejos creados por decreto presidencial, dejaba establecido que los CPC no tendrían funciones ni facultades ministeriales ni recibirían salario.

Esta reforma es la conocida Ley 612, que posteriormente dio pie a una nueva reforma, la Ley 630, vetada por Ortega, reiterada por la Asamblea Nacional con un rechazo al veto, que mantiene hasta ahora enfrentado al Legislativo con el Ejecutivo, frente a un dividido Poder Judicial.

Pero a pesar de que el 24 de enero la Asamblea Nacional decidió “cortar las alas” a los CPC, un nuevo decreto presidencial fue dado a conocer el 31 de ese mismo mes, contraviniendo la Ley 612, fijando los salarios de los coordinadores de los Consejos en tres mil dólares mensuales, un sueldo igual al de los ministros. Ortega se vio precisado a rectificar su decisión mediante un nuevo decreto que anulaba la asignación salarial para los coordinadores de Consejos.

SóLO LOS ANIMALES SON APOLÍTICOS

Esa noche de su toma de posesión, después de 17 años, por primera vez Ortega tenía a las principales autoridades del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional bajo su mando.

La juramentación realizada a los jefes de estas instituciones fue más que elocuente:

“Vamos a juramentar a nuestros hermanos policías, sumando a todas las mujeres y varones policías, que vienen de las raíces más profundas de las luchas heroicas del pueblo nicaragüense, que vienen del 19 de julio de 1979”, dijo Ortega al juramentar a la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera.

“Los hermanos del Ejército nacional, sus raíces están en la histórica Batalla de San Jacinto, cuyas raíces están en la defensa de la soberanía nacional de Benjamín Zeledón, de nuestro General de Hombres Libres Augusto C. Sandino, y cuyas raíces están en la práctica combativa que llevó a la liberación de nuestra patria el 19 de julio de 1979”, recalcó cuando llegó el turno del general Omar Halleslevens.

Pero esta juramentación no se quedó en el aire. Ortega se aseguró pasos concretos para un mayor control directo de estas instituciones.

La Asamblea Nacional le aprobó una iniciativa de reforma a la Ley 290 que le otorgó un poder más directo sobre la Policía Nacional, reduciendo las facultades de los ministerios de Defensa y Gobernación.

Hasta ahora, Ortega no ha nombrado un ministro de Defensa y con una silenciosa “secretaria” de Defensa intenta que el asunto sea inadvertido.

La presión sobre la Policía y el Ejército para sumarlos a su “democracia directa” han sido realmente evidentes, particularmente en el caso de la Policía que trabaja en coordinación con los Consejos de Seguridad y avala la actuación de unos oscuros cuerpos de seguridad presidencial conocidos como “camisas azules” los que ya protagonizaron un escandaloso encontronazo con periodistas de medios independientes.

En el caso del Ejército, el tema saltó por los aires cuando en un tono de aparente reclamo el presidente Ortega les señaló a los militares que solamente los animales son apolíticos.

En un inesperado discurso frente a la Plana Mayor del Ejército de Nicaragua, el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas prácticamente exigió a los militares una definición:

“Apolítico es un perro, un elefante, un león, un gato, los animales domésticos son apolíticos, pero los seres pensantes ¡no pueden serlo! (...) Todos somos seres políticos y no hay un soldado, un policía, no hay un ciudadano nicaragüense de la ciudad y el campo, que no sea un ser político”, dijo el presidente Daniel Ortega.

LOS DESPIDOS

Durante la toma de posesión, el nuevo Gabinete fue juramentado, a oscuras, en bloque, sin presentación, sin conocerse los nombres de los que ostentarían los cargos en los ministerios. El hecho fue una muerte anunciada para un Gabinete que el futuro jugaría un rol anónimo, supeditado al extremo de que en seis meses, 13 funcionarios, entre ministros y embajadores, fueron despedidos, sin contar con los ocho mil despedidos del Estado, de acuerdo con datos de la oposición.

EL LLAMADO “BLOQUE CONTRA LA DICTADURA”

Aunque desde un inicio el presidente Ortega demostró su intención de gobernar por decretos, la actuación de la oposición fue claramente timorata, también desde un principio.

Solamente tres días después de que Ortega asumiera su cargo, el ex candidato presidencial por ALN-PC, Eduardo Montealegre, el principal líder de la oposición, surgido de una votación de casi 700 mil votos en las elecciones nacionales, propuso ante la Asamblea Nacional una prórroga de un año a una inconstitucional Ley Marco que expiraría el 20 de enero de este año.

La Ley Marco, que detiene la puesta en práctica de una reforma constitucional que le resta facultades al Presidente de la República y las traslada a la Asamblea Nacional, fue aprobada el 19 de enero con el apoyo de las bancadas del FSLN y de la ALN-PC, mientras el PLC apoyó la ley en algunos aspectos que garantizaban la vigencia de los nombramientos en la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep).

Las reformas constitucionales, que podrían entrar en vigencia el 20 de enero próximo, fueron aprobadas en dos legislaturas a finales del 2004 y comienzos del 2005 por los entonces opositores sandinistas y liberales, y provocaron una crisis política e institucional, porque el ex presidente Enrique Bolaños (2002-2007) se oponía a esos cambios a la Constitución, alegando que era un “golpe de Estado técnico”.

UN RETO CONSTANTE

La Asamblea Nacional, con una mayoría de opositores a Ortega, se vio constantemente retada por el mandatario, pero la reacción llegó hasta la aprobación de una nueva reforma a la Ley 290, es decir, la Ley 630.

“Con base en una interpretación errónea de las facultades otorgadas en el artículo 11 de la Ley 612, a partir de su aprobación se han desarrollado intentos por erosionar o cercenar espacios de participación establecidos en la legislación vigente”, señalaba parte del dictamen que dio paso a la aprobación de la nueva reforma vetada por Ortega.

El rechazo al veto desató la crisis cuando la Asamblea Nacional decidió que la Ley 630 fuera publicada, a lo que se opuso el presidente del Legislativo, el sandinista René Núñez, amparado en una decisión de la “bancada” sandinista de la Corte Suprema de Justicia.

En esas circunstancias se crea el Bloque Contra la Dictadura, un intento de unidad de la oposición que se ha visto amenazado de diferentes maneras, desde denunciados “cañonazos” en la Asamblea Nacional, hasta presiones con la reapertura del caso de los Cenis contra Montealegre y restricciones al régimen carcelario de Alemán.

Bajo ese clima, la oposición se pondrá a prueba durante el 2008, un año electoral en el que los políticos estarán entre el escrutinio de los votantes y los acomodos partidarios.

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