LA HAYA: SENTENCIA DE CAL Y ARENA

EDITORIAL DEL DIARIO LA PRENSA 141207


La resolución sobre el conflicto entre Nicaragua y Colombia, que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio a conocer ayer, es positiva para Nicaragua, por el hecho de que dicho tribunal se ha declarado competente para dirimir la disputa de ambos países sobre unos 50 mil kilómetros de territorio marítimo en el Caribe; pero al mismo tiempo es negativa para nuestro país, porque prácticamente ha reconocido la soberanía colombiana sobre las islas del archipiélago de San Andrés, que Nicaragua estaba reclamando como propias.

En realidad, basta mirar el mapa del archipiélago de San Andrés que fue publicado en LA PRENSA de ayer jueves 13 de diciembre, para darse cuenta de que geográficamente ese territorio insular pertenece a Nicaragua. Además, histórica y jurídicamente el origen del dominio colombiano sobre esas islas es arbitrario, o cuando menos dudoso y discutible. El hecho de que en el siglo XVIII la corona española le encomendara a una autoridad colonial colombiana la protección militar de la Costa Caribe de Nicaragua y la zona marítima adyacente, no debió ser tomado como una autorización para que la Colombia post colonial se apropiara de ese territorio insular, que le fue dado a cuidar temporalmente.

Del mismo modo, un tratado como el Bárcenas Meneses-Esguerra de 1928, que fue suscrito por personas que no podían representar legal ni legítimamente a Nicaragua porque era un país ocupado militarmente y avasallado políticamente por Estados Unidos , y por lo tanto carente de soberanía nacional, no era de ninguna manera una fuente de derecho para justificar y legitimar el dominio colombiano sobre el archipiélago de San Andrés, el cual siempre perteneció a Nicaragua, está dentro de su territorio marítimo y lejos del territorio colombiano. Es más, cuando se suscribió ese tratado, en 1928, estaba vigente en Nicaragua la Constitución Política de 1911, en la cual se establecía de manera expresa e imperativa que: “No se podrá celebrar pactos o tratados que se opongan a la independencia e integridad de la Nación, o que afecten de algún modo su soberanía, salvo aquellos que tiendan a la unión con una o más de las Repúblicas de Centroamérica” (Las Constituciones Políticas y sus Reformas en Nicaragua, Tomo I, página 613).

Sin embargo, es bien sabido que a lo largo de la historia los territorios de los Estados y sus límites fronterizos no han sido determinados por consideraciones de derecho y justicia, sino por “la razón de la fuerza”. Y en la actualidad, las nuevas fronteras se determinan por decisiones de un tribunal internacional que por lo general dicta sus fallos con espíritu de amable componedor y, por lo tanto, trata de quedar bien con las diferentes partes en conflicto. Esto último es, precisamente, lo que se deduce de la resolución sobre el conflicto de Nicaragua con Colombia, que dio a conocer ayer la Corte Internacional de Justicia.

En efecto, según la resolución de dicha Corte esta considera que el tratado de 1928 entre Colombia y Nicaragua (o sea el Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra) resolvió la cuestión de la soberanía de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y que por tanto “no puede ser competente en este punto”. Y agrega, por otra parte, que: “Sin embargo, la Corte considera que es competente en el diferendo relativo a la soberanía de las otras formaciones marítimas reivindicadas por las partes y sobre el diferendo relativo a la delimitación marítima entre ellas”.

Habiendo Nicaragua reconocido la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para este caso, y comprometida internacionalmente a acatar su resolución, al parecer no queda más remedio que reconocer su autoridad y desistir del reclamo de soberanía nicaragüense sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

No obstante, queda para Nicaragua la satisfacción “de que la Corte ha aceptado conocer el corazón mismo de la disputa, que es la existencia de un límite en el meridiano 82 (…), el corazón de la disputa es el muro de contención que Colombia ha pretendido imponerle a Nicaragua (…) cercenándole su proyección y su espacio marítimo. (De manera que) “es una victoria para Nicaragua”, según el jurista internacionalista Mauricio Herdocia, asesor de Nicaragua en este litigio. O sea que, como dicen los mexicanos, con esta resolución de La Haya, Nicaragua ha quedado amolada pero agradecida.