CULPABLES POR COMPLICIDAD.

Culpables por complicidad
(Editorial La Prensa 061207

En días pasados el New York Times informó que un tribunal de Estados Unidos condenó a un individuo a cárcel de por vida, porque prestó su carro a otras personas que lo usaron para cometer homicidio. Es que bajo el sistema de justicia estadounidense, si alguien presta su auto a un amigo para que asalte un negocio y el asaltante mata a alguien, el dueño del auto es culpable de homicidio aunque se encuentre a 100 kilómetros del lugar de los hechos. La ley lo considera culpable por complicidad y recibe la misma pena que el autor material del homicidio. Un jurista explicaba al respecto que “todas las personas son responsables por las acciones de los otros si todos participan de manera necesaria en el mismo delito”.

En Nicaragua el presidente Daniel Ortega —como jefe del Poder Ejecutivo y de sus bancadas en el Poder Legislativo y el Poder Judicial— ha cometido numerosos atropellos a la Constitución. Pero no podría haberlo hecho sin la complicidad de sus opositores. Por ejemplo, después de que 52 diputados rechazaron el veto presidencial a la Ley 630, que deroga las funciones gubernamentales y prohíbe el financiamiento estatal de los CPC de Daniel Ortega, el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, no quiso mandarla a publicar a pesar de estar obligado por el artículo 143 constitucional, que expresamente dice: “Un proyecto de ley vetado total o parcialmente por el Presidente de la República deberá regresar a la Asamblea Nacional con expresión de los motivos del veto; esta podrá rechazarlo con el voto de la mitad más uno del total de sus representantes, en cuyo caso el presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la ley”.

Pero cuando Núñez se negó a publicar la ley, el resto de la junta directiva debió hacerlo inmediatamente. No lo hicieron y se convirtieron cómplices de ese delito de desobediencia a la Constitución. El pretexto para no mandar a publicar la ley fue el de que miembros de los CPC recurrieron de amparo y los tres magistrados de la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua —dos sandinistas y una liberal— tramitaron el recurso en el tiempo récord de aproximadamente una hora y ordenaron a René Núñez que se abstuviera de publicarla. En este caso, la magistrada liberal actuó como cómplice del abuso de poder de Ortega y los magistrados orteguistas.

Los diputados opositores, exceptuando su rechazo al veto sobre los CPC, no han respondido de manera unificada y consecuente a los desmanes del presidente Ortega. Lo ocurrido en los últimos días ha dejado al descubierto su falta de seriedad, coordinación y consistencia democrática. Amenazaron con la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para destituir a René Núñez, pero se quedaron en la amenaza. Dijeron que paralizarían el trabajo legislativo y que presionarían mediante el Presupuesto a Daniel Ortega, pero este de todas maneras se salió con la suya. Los CPC fueron instalados tal como quería Ortega y aunque la junta directiva de la Asamblea Nacional finalmente mandó a publicar la Ley 630, fue sólo una farsa porque magistrados orteguistas de la Corte Suprema reunidos de manera irregular, la dejaron sin efecto por sentencia del miércoles de esta semana a las 9:00 de la noche.

En medio de tanto alboroto se ve claro que la oposición ha sido cómplice de la violación a la institucionalidad democrática y al Estado de Derecho. En vez de trabajar unidos con las otras bancadas y proyectar ante la ciudadanía una imagen de fortaleza, más bien los diputados de ALN acudieron prestos a una convocatoria divisionista de Ortega, y algunos parlamentarios opositores protagonizaron un vergonzoso pleito durante una sesión especial en León, el martes pasado. Ante esa falta de seriedad y consistencia política, la Corte Suprema de Justicia ha aprovechado para excederse en sus atribuciones y convertirse en un súper poder al servicio de Daniel Ortega.

Lo que hay es un caos institucional en el cual el presidente Daniel Ortega saca la mejor parte. Y lo hace con la complicidad de los partidos opositores, que no se ponen de acuerdo para defender el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y la libertad presente y futura de los nicaragüenses.