miércoles, diciembre 26, 2007

LA INCAPACIDAD DE GOBERNAR.

La incapacidad para gobernar
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La diputada de la alianza MRS, Mónica Baltodano, ha planteado públicamente que ante la grave crisis institucional que sufre el país y los continuos e incontrolables desaciertos —que muchos califican como disparates— del presidente Daniel Ortega, la Asamblea Nacional podría declararlo incapacitado para gobernar. Y cabe hacer notar que aunque parezca radical la propuesta de la diputada Baltodano, antigua correligionaria de Daniel Ortega y su ex compañera de militancia y dirección partidista en el FSLN, sin embargo ha sido recibida con interés y agrado en diversos sectores políticos y sociales del país. Incluso la propuesta de Mónica Baltodano ha repercutido a nivel internacional.

En realidad, es evidente que Daniel Ortega ha demostrado una gran ineptitud para gobernar. Además, su agresividad al parecer compulsiva y su comportamiento errátil y extraviado, inclusive en temas de gran importancia cuyo manejo exige mucha madurez emocional y un elevado sentido de responsabilidad, como son las relaciones internacionales, mueve a pensar que algo grave puede estar afectando el estado psíquico del controversial primer mandatario de Nicaragua.

Cualquier gobernante normal, aunque no sea un estadista brillante, se esfuerza de manera permanente por resolver los problemas de su país y de la gente a la que gobierna; promueve el consenso para sus políticas gubernamentales; trata de entenderse con sus opositores; se procura amigos en el exterior y atrae a inversionistas extranjeros; tolera las opiniones ajenas y en todo caso trata a quienes no piensan igual que él, con respeto y buena educación. Hacer todo lo contrario, como el presidente Ortega, es a todas luces una anormalidad.

De acuerdo con el artículo 149 de la Constitución Política, se considera que hay falta definitiva del Presidente de la República por “la incapacidad total permanente declarada por la Asamblea Nacional, aprobada por los dos tercios de los diputados”. Esto significa que como los diputados de la Asamblea Nacional son 91, sólo con una mayoría de 61 votos parlamentarios se podría declarar a Daniel Ortega con incapacidad total para gobernar. Y en ese caso lo reemplazaría el Vicepresidente de la República, o sea el liberal antiguamente arnoldista Jaime Morales Carazo, quien sin duda tiene mucha más capacidad que Daniel Ortega para desempeñar el máximo cargo público del Estado nicaragüense.

Es muy importante tener en cuenta que el concepto de incapacidad absoluta, que es aplicable a cualquier persona, incluyendo a la que desempeña el cargo de Presidente de la República, se encuentra establecido en el artículo 7, Capítulo II, Título I del Código Civil de Nicaragua que dice textualmente: “Tienen incapacidad absoluta: 1º. Las personas por nacer. 2º. Los impúberes. 3º. Los dementes. 4º. Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito”. Y luego, en el artículo 331 del mismo Código Civil se define como dementes a “… los individuos de uno u otro sexo que se hallen en estado habitual de manía o locura, demencia o imbecilidad, aunque tengan lúcidos intervalos, o la manía sea parcial”.

Cabe aclarar también, que la Ley Orgánica del Poder Legislativo no señala un procedimiento específico para declarar la incapacidad total permanente del Presidente de la República, sólo para conocer de su renuncia y en este caso llenar la vacante. De manera que es de suponer que bastaría tener los 61 votos indispensables para tomar una decisión de tan trascendental significación.

Sin embargo, esos 61 votos no se podrían reunir ni siquiera juntando a todos los diputados de las cuatro bancadas opositoras, de manera que se requeriría el apoyo de por lo menos 8 ó 9 diputados de la bancada del FSLN, lo cual es muy poco probable, por no decir prácticamente imposible. Además, una propuesta de semejante envergadura no se puede impulsar en frío, en un ambiente de calma política y social; sólo sería factible en medio de un proceso de intensa agitación política y social.

Por ahora, el planteamiento de una declaración de incapacidad total de Daniel Ortega sólo es una posibilidad remota. Pero es una advertencia al mismo Ortega para que trate de no seguir cometiendo disparates ni de incendiar el país. Y es también un recordatorio de que hay en la Constitución mecanismos legales para resolver una profunda crisis política e institucional, cuando el gobernante no tiene capacidad para gobernar y la gente ya no quiere que la siga gobernando.
(Editorial La Prensa 261207)

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