FOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL SOLÍS, QUIEN SE CREE LA BALA QUE MATÓ A KENNEDY
Oposición denuncia amenazas del FSLN
Magistrado Rafael Solís, iracundo, habría ofrecido cárcel y confiscación a quien se oponga a los CPC
“Si esto se va a descachimbar, que se descachimbe. Si hay que cerrar la Asamblea, la cerramos”, habría dicho *
Ludwin Loáisiga López y María José Uriarte
politica@laprensa.com.ni
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Lo que el Decreto no dice, para justificar los CPC
El Presidente de la República, Daniel Ortega, se ha lucido recientemente con la Constitución Política en la mano, para defender la existencia de los polémicos Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que coordina su esposa Rosario Murillo.
En el Decreto número 112-2007, publicado en la edición del 29 de noviembre en La Gaceta, diario oficial, para la “Creación de los Consejos de Gabinetes del Poder Ciudadano”, Ortega justifica la creación de los mismos en base al artículo 2 de la Constitución Política. Sin embargo, en un uso frecuente de puntos suspensivos parece que el presidente Ortega se salta algunas palabras del artículo que debilitan su argumento.
El decreto establece: “Que la Constitución Política de 1987 estableció en el Título I, Capítulo Único, artículo 2, como un Principio Fundamental, que ‘La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de los instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación’ y que ‘el Poder Político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes … y que también podría ejercerlo de manera directa…’, principios fundamentales de carácter representativo y participativo de nuestro sistema democrático constitucional. Esta voluntad se expresa en toda nuestra Ley Suprema de la República, concretamente en sus artículos 2, 7, 30, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 69, 81, 99, 101, 118, 131, 150 numeral 13 y 158 Cn., que configuran este carácter democrático representativo y participativo de nuestro sistema político”.
Pero el artículo 2 de la Constitución Política establece completamente que: “La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de los instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación. El poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación. También podrá ejercerlo de manera directa por medio del referendo y del plebiscito y otros procedimientos que establezcan la presente Constitución y las leyes”.
El asesor económico de la Coordinada Civil, Adolfo Acevedo, estima que “el Presidente violenta abiertamente la Constitución Política de la República cuando discrimina entre unas y otras formas de organización ciudadana, estableciendo que únicamente las organizaciones vinculadas a su partido constituyen “el pueblo”, otorgándoles de manera arbitraria el monopolio de la representación ciudadana”.
Acevedo lamentó que Ortega “excluya, desconozca, amenace, injurie y discrimine de manera abusiva y caprichosa a los ciudadanos y ciudadanas que tenemos la “osadía” de organizarnos en otras formas de organización, distintas de los CPC que él promueve”, haciéndose el “desentendido” con la Constitución que establece también en el artículo 50 el derecho de todos los ciudadanos para participar en igualdad de condiciones.
Arlen Cerda
El 24 en la cárcel
El diputado liberal Wilfredo Navarro dijo que los magistrados sandinistas habrían amenazado con “subir la parada y que se sepa que Arnoldo Alemán el 24 de diciembre va a La Modelo, que Eduardo Montealegre va preso y que los diputados más gritones van a la cárcel”, indicó.
El Presidente sandinista Daniel Ortega estaría dispuesto a militarizar el país, disolver el parlamento, enviar a las cárceles a diputados y varios dirigentes políticos, y confiscar a los empresarios que se opongan a la existencia de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) como órganos paraestatales, denunciaron ayer legisladores nicaragüenses.
El jefe de bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez, acusó al magistrado judicial sandinista Rafael Solís, de advertir que el Gobierno de Ortega está dispuesto a militarizar Nicaragua en defensa de los CPC.
Los legisladores Wilfredo Navarro y Jamileth Bonilla, añadieron que los magistrados sandinistas afirmaron la noche del miércoles que las celdas de la Cárcel Modelo podrían convertirse en la residencia de los dirigentes liberales Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre, y también para los diputados “que más gritan”.
“Aquí hay una situación peligrosa, el señor Solís ha dicho que van a confiscar, que van a echar preso a quien se les oponga y que van a militarizar el país, que ellos (Frente Sandinista de Liberación Nacional) tienen a la Policía y al Ejército”, dijo Rodríguez.
El parlamento, con una mayoría de 52 diputados, rechazó la vinculación de los CPC con el Poder Ejecutivo. Los Tribunales de Apelaciones prohibieron la publicación de esa ley.
Pero tras dos semanas de crisis, una junta directiva del parlamento que aventaja por cinco a dos al FSLN, ordenó publicar la Ley 630, que mutila a los CPC.
En una acción desesperada, los magistrados judiciales sandinistas integraron irregularmente la Sala Constitucional y emitieron al filo de la medianoche una resolución que desconoce la ley aprobada por el parlamento y avala la vinculación de los CPC con el Poder Ejecutivo.
“Ortega lo que está planteando es que no debe existir Asamblea y es contradictorio con lo que ha venido a decir aquí a favor del sistema parlamentarista”, señaló Rodríguez.
ORTEGA COHESIONA A LA OPOSICIÓN
En tanto, el diputado Montealegre expresó que las cuatro bancadas en el Poder Legislativo contemplan otra serie de posibles acciones para enfrentar a Ortega.
“A nuestro juicio han violado la ley tanto los magistrados del Tribunal de Apelaciones como los magistrados de la Sala Constitucional que ayer obviaron un reglamento interno que existe en la Corte para sustituir a los propietarios”, manifestó Montealegre.
Se conoció que a los magistrados judiciales Guillermo Selva y Dámisis Sirias, de tendencia liberal y que pertenecen a la Sala Constitucional de la CSJ, les introdujeron por debajo de la puerta de sus despachos las citatorias, pero una vez que habían abandonado el edificio judicial.
DIPUTADOS OPOSITORES EN BLOQUE
Las bancadas del PLC, Alianza Liberal Nicaragüense- Partido Conservador (ALN- PC), Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y Por la Unidad, se reunieron ayer e integraron el llamado “Bloque contra la Dictadura”, que podría invocar la Carta Democrática ante la Organización de Estados Americanos (OEA), por el rompimiento de la institucionalidad en Nicaragua.
Asimismo, las bancadas contemplan introducir un recurso de competencia ante el mismo Poder Judicial, para que en Corte Plena se resuelva si la resolución de la Sala Constitucional es válida.
MARTÍNEZ: “RETROCESO CAVERNARIO”
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, dijo que la decisión de legitimar los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), por los magistrados sandinistas, es un “retroceso cavernario” que rompe con el orden constitucional del país, sin embargo añadió que aún no se dice la última palabra sobre el tema, pues en Corte Plena esta decisión puede ser revertida.
Martínez, quien ayer ofreció una conferencia de prensa junto a los magistrados liberales Iván Escobar, Dámisis Sirias y Guillermo Selva (miembros no convocados de la Sala Constitucional), expresó que el tema de los CPC era “tratado con delicadeza” para encontrar una solución que no “lesionara” a las partes involucradas, pero todo se salió “fuera de control” y se procedió de manera equivocada.
El presidente de la CSJ acusó al magistrado sandinista Rafael Solís, de romper el “acuerdo de caballeros” que mantenían para evitar este tipo de situaciones. A pesar de lo ocurrido, Martínez cree que al final ambos bandos podrían encontrar una solución salomónica al controversial tema de los CPC.
De acuerdo con Martínez, ellos no pueden actuar de oficio, por lo que ahora le toca a los directivos de la Asamblea Nacional presentarse a la CSJ y recurrir ante lo actuado por los magistrados de la Sala Constitucional de ese Poder del Estado.
El FSLN tiene ocho magistrados y el PLC otros ocho en Corte Plena.
SOLÍS IRACUNDO
El magistrado Rafael Solís habría no sólo amenazado a sus homólogos de tendencia liberal con encarcelar nuevamente a Alemán, sino también aseguró que se fabricarían “casos” contra todos aquellos funcionarios liberales para que vayan a la cárcel.
“Si esto se va a descachimbar, que se descachimbe; de todos modos ya tenemos al (Poder) Ejecutivo. Si hay que cerrar la Asamblea, la vamos a cerrar, pero aquí los CPC van, porque es la voluntad de Daniel”, habría expresado Solís.
También se mencionó que existe un documento redactado desde hace tiempo, donde se establecía un compromiso para que no se integrase Sala con magistrados que no pertenecieran a la misma, por lo que magistrados de tendencia sandinista que fueron convocados, no estaban de acuerdo, pero se les advirtió que podían enfrentar sanciones partidarias.
“A nosotros nos vale un pito la ley, con ellas nos limpiamos … y si no acceden a la validez de los CPC, porque estos tienen que ir, porque tienen que ir, ya que es una orden de Daniel (Ortega), así tengamos que pasar encima de la Asamblea, del Poder Judicial y de quien sea necesario”, habría dicho Solís.
En este momento, el enlace de comunicación que llevó a la encerrona que sostuvieron los liberales frente a las demandas y advertencias del Frente Sandinista, es el magistrado electoral René Herrera quien llevó la línea de cuál es la posición del partido de Gobierno.
EMPRESARIOS EN LA MIRA
Navarro indicó que los empresarios que se opongan a los CPC podrían ser confiscados, de acuerdo a las advertencias que el FSLN lanzó como última medida para lograr un respaldo a los CPC por parte de los magistrados judiciales de tendencia liberal.
“(Han dicho) que los empresarios que apoyen a las fuerzas democráticas van a ser confiscados, van a perseguir a sus familiares y hay un término que nos preocupó sobremanera, que es que dicen estar dispuestos a militarizar Nicaragua”, alertó Navarro.
En la pasada administración de Ortega (1979-1990) la empresa privada resultó confiscada y eliminada, en aras de un sistema de gobierno centralista.
ALEMÁN Y MONTEALEGRE TAMBIÉN
Sin embargo, el FSLN también tendría entre “ceja y ceja” a Arnoldo Alemán (PLC) y a Eduardo Montealegre (ALN- PC), dijo Navarro.
En el caso de Alemán, condenado por corrupción a veinte años de prisión, Ortega ha utilizado su condena para sacar ventaja en las negociaciones políticas; y sobre Montealegre pretenden imponer condenas por el tema de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis).
“Las amenazas son graves, porque si las fuerzas democráticas respondemos al atraco judicial que cometieron los magistrados sandinistas en la Sala Constitucional, el concepto fue que van a ‘subir la parada’ y que se sepa que Arnoldo Alemán el 24 de diciembre va a la (cárcel) Modelo, que Eduardo Montealegre va preso y que los diputados más gritones van a la cárcel”, indicó Navarro.
Las cuatro bancadas legislativas (el Bloque contra la Dictadura) podrían llamar a los presidentes centroamericanos como mediadores en la crisis, explicó Rodríguez.
NI LOS MAGISTRADOS SANDINISTAS SE SALVAN
La diputada Bonilla externó que algunos magistrados judiciales sandinistas se oponían la noche del miércoles a resolver en contra del parlamento y a favor de los CPC, pero terminaron cediendo por presiones.
“Han habido amenazas de parte de magistrados sandinistas a liberales, e incluso amenazas de magistrados sandinistas a magistrados sandinistas que se negaban a firmar lo que hicieron ayer (miércoles) en la noche”, aseguró Bonilla.
FSLN: TODO BIEN
Mientras, el secretario ejecutivo de la bancada del FSLN, José Figueroa, defendió la resolución judicial.
“La Asamblea Nacional tiene la facultad de legislar y la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de decidir cuál es el derecho de cada quién y en este caso ha defendido claramente la Corte que el Presidente tiene la atribución, la facultad constitucional de crear Consejos por decretos administrativos”, dijo Figueroa, obviando la integración irregular de la Sala Constitucional.
(Con la colaboración de Roberto Pérez).
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